El estado de emergencia

“Desde el Palacio del Elíseo se pretende instaurar una suerte de estado de emergencia permanente mediante la incorporación a la ley ordinaria de varias medidas excepcionales en el combate contra el extremismo” (Le Monde, 19/9). El ex presidente François Hollande declaró, un año atrás que Francia estaba “en guerra”.
Esto es funcional al creciente intervencionismo militar de la Otan y las potencias occidentales en general en la arena mundial, y que tiene en París a uno de sus principales protagonistas. Recordemos la intervención imperialista en Libia, que culminó con el descabezamiento de Muamar el-Gadafi, aunque eso terminó en un escenario aún más caótico atravesado por disputas intestinas de etnias y camarillas que persisten hasta el día de hoy. Francia tuvo un papel activo también en el financiamiento y armamento de los opositores a Bashar al-Assad en Siria, incluido el Estado Islámico. Mientras Francia declara sus prevenciones a una presencia militar mayor en Siria, no tiene reparos en intervenir militarmente en Mali, escudándose en un pedido del dictador militar de ese país asediado por los rebeldes.
Esto fue presentado bajo la máscara de una "ayuda humanitaria". Ni hablar de su rol en Ucrania entrenando militarmente, apoyando políticamente y financiando a los grupos de derecha que promovieron el golpe de Estado.
El “estado de emergencia” está al servicio de una escalada belicista, que es el caldo de cultivo y el disparador de guerras internacionales. Pero, para que esta política exterior sea viable, necesita que exista un estado de excepción interno, que se expresa en un recorte severo de las libertades ciudadanas y garantías individuales. Obviamente, este "estado de emergencia" viene como anillo al dedo para atacar la protesta interna.
Esta ofensiva ha despertado, incluso, el alerta del sindicato de los magistrados, que considera que “mina el Poder Judicial en favor del Ejecutivo y que pone en marcha medidas ‘discriminatorias’ contra muchos inocentes” (Télam, 24/8). Macron trabaja en un proyecto de ley que adoptará el grueso de las medidas antiterroristas vigentes desde noviembre de 2015. Así, pasarán a ser ley general el arresto domiciliario de alguien de quien el Estado considere que hay "serias razones" para sospechar que su comportamiento representa "una amenaza a la seguridad y el orden público". Las medidas pueden incluir el decomiso de computadoras y el cierre de centros de culto.
Mientras se agita la supuesta amenaza de inmigrantes y musulmanes, ha saltado a la superficie en Italia, a su vez, el accionar de traficantes de inmigrantes que operaban amparados por las autoridades.

P.H.