María Victoria “Vicki” Walsh cumplía 26 años y ese 29 de septiembre de 1976 encontró la muerte durante un descomunal operativo de fuerzas conjuntas en su domicilio de la calle Corro 105, esquina Yerbal en el barrio porteño de Floresta.
Ayer se cumplieron 41 años de uno de los operativos más brutales durante la dictadura genocida.
Amanecía, era el 29 de septiembre de 1976. El barrio estaba militarizado, la casa fue rodeada por más de cien soldados y hombres de los grupos de tareas que reportaban al Primer Cuerpo del Ejército y el Grupo de Artillería Aérea 101 (GADA).
Había autos, tanques, camiones con bazookas y hasta un helicóptero. Este operativo delirante estuvo dirigido por el coronel Roberto Roualdes y Ernesto “el Nabo” Barreiro, represor cordobés condenado por su rol en esa provincia y cabecilla del alzamiento carapintada de 1987. Estuvo también al mando el jerarca del Batallón 601 Héctor Vergez.
Testimonios de conscriptos dan cuenta de la participación de varias, si no todas, fuerzas de seguridad, además del Ejército, con centenares de efectivos. Desde la Policía Federal, aun de civil, y el cuerpo de Bomberos, hasta la Gendarmería. Un despliegue descomunal donde la orden era “tirar para arriba”, claro, en aquella terraza se encontraban atrincherados aquellos cinco militantes que resultaron muertos.
Estaban, además de Vicki, sus compañeros Alberto Molinas Benuzzi, Ismael Salame, José Carlos Coronel e Ignacio Bertrán, integrantes del secretariado de Montoneros.
Se desató un durísimo y absolutamente desigual combate, donde los militantes resistieron durante más de una hora y media.
Luego de la masacre, los hombres del Ejército secuestraron a la hija de Vicki de apenas un año y unos meses; poco después fue entregada a sus suegros. Su compañero se encontraba preso desde el año anterior.
Una querella para condenar a los culpables
La masacre de la calle Corro comenzó a ser investigada judicialmente recién en 2015, en el marco de la megacausa “I Cuerpo del Ejército" que tramita ante el Juzgado Federal n°3 a cargo de Daniel Rafecas. Pero los responsables de la muerte de Vicki y sus compañeros siguen impunes.
Por eso Patricia, su hermana, se presentó como querellante en la causa en mayo de este año. Lo hizo con el patrocinio de Liliana Mazea y los abogados del Centro de Profesionales por los Derechos Humanos (CeProDH) Myriam Bregman, Matías Aufieri y Lilén Reyes. Se solicita expresamente que la muerte de Vicki sea investigada, por primera vez, en el marco del genocidio ocurrido en nuestro país durante la última dictadura cívico militar.
“La muerte de Vicki se dio en el marco de uno de los operativos militares más grandes que se desarrollaron en la Ciudad de Buenos Aires”, afirmó Myriam Bregman.
Patricia, en una investigación minuciosa, que retoma la tradición de su padre Rodolfo, se dedicó durante años a recopilar innumerables e imprescindibles datos. Ahora la Justicia debe tomarlos e imputar a los responsables y a todos los que participaron del salvaje operativo.
“A lo largo de los años, los juicios y los testimonios fueron aportando más datos del operativo en el que murió mi hermana, la investigación a fondo del hecho siempre estuvo pendiente. Esperemos que ahora se pueda terminar con la impunidad que rodea a sus responsables”, señaló Patricia en el momento de la presentación de la querella.
La querella se presentó en momentos en que la Corte Suprema pretendió otorgar a los genocidas el beneficio del 2x1. La masiva movilización impidió semejante salto en la impunidad.
En ese contexto puso Myriam Bregman la presentación de la querella: “Cuando el Gobierno y algunos jueces insisten en presentar a los genocidas como viejitos condenados, y al proceso de justicia sobre los delitos que cometieron como en su etapa final, nosotros decimos que no son viejitos que ya rindieron cuentas, que pasaron 20 años viviendo en la impunidad y que aún hay muchos crímenes por investigar, como el de Vicki”.
A 41 años del brutal operativo de la calle Corro, la apertura de los archivos de la dictadura es un reclamo que sigue vigente, y la causa por la muerte de Vicki y sus compañeros lo vuelven a plantear como necesario. “Está probado que los archivos de la represión existen", indicó la abogada Liliana Mazea, querellante en el juicio del Batallón 601, y parte del equipo de abogados de Walsh junto al Centro de Profesionales por los Derechos Humanos. Es hora de que se abran. Todos. ¡Vicki Walsh Presente!
Gloria Pagés
Hermana de desaparecidos | CeProDH | @Gloria_Pages
Lilen Reyes
CeProDH
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