Felipe Solá: cómo lavarle la cara a un asesino

El sempiterno Felipe Solá –qué pasó por la renovación peronista antes de ser ministro de Carlos Menem, que después fue funcionario de la gobernación bonaerense de Carlos Ruckauf y luego él mismo gobernador (ya bajo la presidencia de Eduardo Duhalde, ya bajo la de Néstor Kirchner) para devenir opositor al kirchnerismo al forjar una alianza con Mauricio Macri y Francisco de Narváez y que posteriormente fuera diputado del bloque massista y así, ad infinitum– quiere lavarse la cara para no dejar rastro de su rol de asesino de piqueteros.
El denominado “mejor gobernador de la provincia” por la diputada Victoria Donda (en una muestra de oportunismo político y defección llevada al paroxismo) es, junto a Duhalde, el máximo responsable de la represión en la “Masacre del Puente Pueyrredón”, que costó la vida de los militantes Darío Santillán y Maximiliano Kosteki, decenas de heridos con balas de plomo, centenares de heridos con perdigones de goma y una cifra similar de detenidos en medio de una salvaje represión estatal el 26 de junio de 2002. El hacendado Solá acaba de publicar una biografía titulada Peronismo, pampa y peligro (editorial Ariel) cuyo capítulo dedicado a los hechos que culminaron en la masacre sólo tiene el objetivo de exculparse de toda responsabilidad, así como a su entonces mandamás Duhalde. Es que en época de crisis, hasta el personal político más podrido del Estado sale de sus madrigueras para tratar de evitar la inevitable irrupción política organizada e independiente de la clase obrera.

Operación Pilatos

Poncio Pilatos fue un canciller romano en Palestina, según los evangelios, que cuando debió condenar a Jesús a la muerte por crucifixión hizo votar al pueblo entre Barrabás y el hombre que se declaraba a sí mismo como hijo de dios y, luego, para dar cuenta de que no había sido su responsabilidad, lavó en público sus manos. De allí viene el conocido refrán que surge cada tanto como, por ejemplo, cuando un ex gobernante escribe un libro para eximirse de la responsabilidad de los asesinados y heridos en el Puente Pueyrredón.
En la historia argentina de la infamia quedará el capítulo “La crisis no causó esas muertes”, del libro de Solá, y más exactamente el apartado “Kosteki y Santillán”. Comienza así: “‘Hay violencia en el puente. Me dicen que está lleno de francotiradores de los piqueteros. Te mantengo informado’”. Según Solá, estas fueron las palabras con las que su ministro de Seguridad Luis Genoud le informaba lo que sucedía en el Puente Pueyrredón. “Me dicen”, dice que le decía el ministro como si una operación de Estado contra la protesta social, ampliamente anunciada de manera pública, pudiera ser contrastada por dimes y diretes. Solá, el hacendado bueno, dice sobre sí: “Mi orden a Genoud había sido clara: tolerancia y comprensión”. Como se puede apreciar, el texto va calentando los motores como para pedir el premio Nobel de la Paz para Solá por los asesinatos cometidos.
Sin embargo, el pez por la boca muere y el hacendado no puede evitar chapotear en su cinismo. “Las cámaras mostraron también el desalojo voluntario de un local de Izquierda Unida, posterior a las muertes. En la residencia me acompañaba un veterano militante que, al ver cómo retiraban a un hombre herido de ese local, tapado por una frazada, me dijo: ‘Mirá lo gordo que es. ¿Sabés por qué? Porque ahí van los fierros”. Además de los homicidios de Kosteki y Santillán y las decenas de heridos con balas de plomo durante aquella jornada, otro de los episodios que conmocionó a la sociedad fueron las imágenes del allanamiento del local de Izquierda Unida en Avellaneda, cercano al Hospital Fiorito, a pocas cuadras del puente. Sin embargo, el ingreso con violencia salvaje al local partidario queda en la memoria de quienes fueron contemporáneos a los hechos de ese junio de 2002. “Patearon la puerta de entrada, abrieron el picaporte de un tiro, arrojaron gases lacrimógenos y comenzaron a perseguir a los piqueteros y militantes que intentaron escapar por los techos y buscar refugio en las casas vecinas. Pero eso no detuvo a los uniformados, que ingresaron en las viviendas particulares. Se calcula que arrestaron cerca de quince personas. Tres hombres sufrieron heridas graves”, contaba la crónica de Página 12 sobre el allanamiento ilegal, donde se indicaba que la persecución a los manifestantes que se habían refugiado en ese espacio y luego escapado había seguido por los techos del barrio. “Desalojo voluntario”, escribe el hacendado Solá. “Comprá a medias la versión policial”, dice después.
“La noche anterior Juanjo Álvarez me había pedido que permitiera que la Prefectura reforzara a la Bonaerense del lado de Pavón. Le pregunté si tenía control pleno sobre ellos y me contestó que sí. Me aseguró que compartía mi orden de tolerancia y los peligros de reprimir”. Solá es, sencillamente, un caradura. Así señalaba la actitud explícita de J.J. Álvarez una nota publicada el 19 de junio de 2002 y que brindaba la tónica de la operación de Estado que se preparaba para el 26: “El tema de los piquetes y del posible corte simultáneo de los accesos a la ciudad es una de las mayores preocupaciones del Gobierno en lo relativo al conflicto social, que ya registró más de 11 mil manifestaciones en los primeros cinco meses del año, según datos de la Secretaría de Seguridad revelados ayer por Clarín. Álvarez advirtió que si se cortan todos los accesos al mismo tiempo será tomado por el Gobierno como ‘una acción bélica’. El Gobierno ya recibió críticas de algunos sectores que creen que ha mantenido una actitud ‘demasiado pasiva’ frente a los cortes, y reclaman ‘mano dura’ con los piqueteros”.
Se debe recordar que luego de la masacre el gobierno insistió –y veremos que Solá aún insiste– en que se había tratado de un enfrentamiento entre piqueteros, que se habían matado entre sí. “El gobierno nacional ratificó su apoyo a la actuación de la Prefectura y mantuvo su discurso –se lava las manos ´Poncio´ Solá–. Por cadena nacional, sin convicción porque creo que él también había sido engañado, Juanjo Álvarez habló con los prefectos parados detrás de él”. ´Poncio´ Solá también, como en un pacto mafioso, aprovecha para tratar de lavarle la cara a Álvarez, el mismo que anunció que el corte del Puente sería tomado como una “acción bélica”. Todo estaba armoniosamente planificado: Alfredo Atanasoff, jefe de gabinete de Duhalde, había dicho el 25 de junio: “Subir el puente es una declaración de guerra”. Se había dispuesto la evacuación de camas en el hospital Fiorito, en previsión de los heridos que la represión causaría. El hoy vocero kirchnerista y entonces secretario de la presidencia de Duhalde, Aníbal Fernández, dijo la tarde del 26, con los cadáveres de Kosteki y Santillán aún tibios: “Nosotros conocemos desde hace veinte días que iba a suceder una cosa de estas características, sabíamos que se organizaba para el 22 y 23 en el Estadio Gatica una asamblea de piqueteros (N. de R.: en referencia a la Asamblea Nacional de Trabajadores, máxima instancia de frente único de aquellos años contra el ajuste) en la que se iba a discutir los cursos a seguir. En esa asamblea se habló de lucha armada, de plan de lucha, que no es otra cosa que un cronograma de hostilidades”. Un plan del Estado hecho y derecho, del cual Solá quiere exculparse para seguir con su viboroso carrerismo político. A pesar de esto, Solá revela que sigue sosteniendo la fábula del enfrentamiento entre piqueteros: “La idea fue dejar que los manifestantes avanzaran, con la confianza en que la vanguardia piquetera atacaría pues se estaban dirimiendo cuestiones internas sobre la conducción y el diseño del movimiento”.
En la presentación de su libro, Solá sostuvo que sospechaba que la acción había sido planificada por un sector de los servicios de inteligencia y otro sector del peronismo que defendía la idea de ganar las calles, a la vez que la cacería tenía como objetivo dar con Darío Santillán, joven dirigente del movimiento piquetero de la zona sur del conurbano. En cualquier caso,esta fábula autoexculpatoria no explica los treinta y tres heridos con balas de plomo restantes ni la planificación estatal de una represión escarmentadora.
Lo cierto es que el gobierno de Duhalde tramaba un giro represivo fascistizante para cortar de cuajo con la protesta social que se extendía desde 2000 y que había hecho caer al gobierno ajustador de De la Rúa. La represión en el Puente era parte fundamental de este operativo. Los centenares de miles de manifestantes que marcharon el 27 de junio contra este intento escarmentador determinaron que Duhalde tuviera que firmar el adelantamiento de las elecciones. Para Solá, en cambio, se trató de una cuestión de pudor frente a cómo él mismo y el entonces presidente habían sido engañados por una pequeña fracción de la policía y los servicios, que jugaban su propio juego. “Hicieron que Duhalde, avergonzado por los sucesos que él no preparó –me consta– decidiera ese día adelantar su salida de la presidencia”. Quién sabe qué omertá produce que Solá quiera lavarle la cara a Álvarez y a Duhalde. Lo cierto es que Solá es uno de los responsables políticos de la Masacre del Puente Pueyrredón, es decir, un asesino. Lo justo hubiera sido que la escritura de este texto se hubiera realizado bajo la sombra de una celda o en el patio de una cárcel común, que es el lugar que le corresponde al hacendado y no desde sus campos en General Rodríguez, donde vive con una chancha a la que le saca fotos para solaz de sus atolondrados seguidores en la red social Twitter.

Antonia Torrebruna