De las Lebac a las Leliq. “La supuesta ‘recapitalización’ del Central no es, por ahora, más que el reemplazo de una deuda por otra”
Nadie se engaña: la transitoria estabilización del peso alcanzada luego del nuevo acuerdo Macri-FMI tiene como contrapartida a un mayor endeudamiento usurario, por un lado, y, a un colapso económico general, del otro.
Para contener la corrida cambiaria, el Banco Central ha emitido un nuevo pagaré -“letras de liquidez”. Estas letras absorben los pesos que los bancos, también por disposición del gobierno, están obligados a inmovilizar (encajes). A cambio de sostener esta nueva bicicleta, los bancos le han arrancado al Central una tasa superior al 70% anual, armando un nuevo y jugoso negocio a costa de la bancarrota nacional. Pero el futuro de esa bola de nieve está siendo observado con cuidado. Es que la emisión total de estas nuevas Letras y su carga de intereses podrían igualar en un lapso breve a la deuda que el Banco Central cargaba por las Lebacs, y que supuestamente el gobierno -por pedido del FMI- iba a desmontar. O sea que la supuesta ‘recapitalización’ del Central no es, por ahora, más que el reemplazo de una deuda por otra. Pero, además, las nuevas letras devengan un interés bastante superior al de las viejas Lebac, adicionando una deuda que no estaba prevista en los cálculos del ‘programa financiero’ del año que viene. Hasta el oficialista Clarín señala con preocupación que los bancos asisten a una “superpoblación de Letras del Central” (2/3). Los liberales, en definitiva, han armado un régimen semicompulsivo de sostenimiento de la moneda, cuyo eventual estallido por insolvencia trasladaría de inmediato la quiebra del BCRA al conjunto del sistema bancario. Mientras tanto, los bancos han trasladado estos intereses de defol a toda la economía, conduciendo a la parálisis de todas las formas de crédito y a un agravamiento del derrumbe industrial. La suba de los intereses, a su turno, envía a la quiebra a muchos de los que se endeudaron en el pasado. Del otro lado, la depresión económica agrava la insolvencia del Tesoro, ya que pone en jaque a la recaudación de impuestos. Como se ve, la crisis de financiamiento del Estado es sólo la manifestación más visible de un dislocamiento general de las relaciones sociales capitalistas.
Esta fractura toma la forma de una crisis social gigantesca, que en las próximas semanas y meses se verá con toda su dimensión. La capacidad de consumo popular será todavía más golpeada por los tarifazos, con un nuevo aumento del 35% en el gas, del 10-18% en los trenes y de otro mazazo en las naftas, que completan un 65% en lo que va del año. Un informe de la Defensoría de la Ciudad de Buenos Aires revela que el 30% de los inquilinos porteños están con dificultades para afrontar el alquiler y las expensas. El derrumbe industrial se ha cobrado una caída del 35% en las ventas de autos, mientras que YPF cierra pozos y desacelera la inversión en gas natural -la “estrella” del modelo oficial- por caída en la demanda energética. La mora en el pago de los servicios públicos crece exponencialmente. Hasta los gurúes del ajuste se preguntan si el plan será “social y políticamente tolerable” (El Cronista, 3/10).
Colaboración política
La presentación de este escenario catastrófico echa luz sobre el carácter de las reuniones preelectorales que en estas horas -y principalmente por parte del peronismo- se han multiplicado. La discusión en torno de un futuro “peronismo unido” es, en primer lugar, una fantástica coartada para eludir definiciones respecto de la masacre social que perpetra el macrismo, no en 2020 o 2021, sino en estos meses cruciales. Mientras lleva adelante este operativo distraccionista, el pejotismo y sus gobernadores negocian el Presupuesto 2019, a sabiendas que ya han aceptado recortes brutales -por caso, el fondo sojero o el traslado a las provincias de los subsidios al transporte. Los Massa y compañía, junto con algunos otros, critican el carácter “poco realista” del Presupuesto, exigiendo que se actualicen sus “premisas económicas generales”. Pero no cuestionan su “premisa de fondo”, que no es otra que el propio pacto con el FMI. De ese modo, preparan el terreno para un acuerdo con el macrismo. Los gobernadores llevan el karma del fantástico endeudamiento en dólares de sus provincias, que colocan a sus cajas en potencial defol. Pero por eso mismo, sólo aspiran a subirse al tren del FMI o, llegado el caso, de una reestructuración de la deuda. Por eso, ninguno de ellos cuestiona el nuevo acuerdo de Macri y Lagarde. Ello vale también para el kirchnerismo, cuya crítica al acuerdo es que “condiciona al futuro gobierno”, reconociendo así que gobernarían bajo el peso de sus condiciones coloniales. El kirchnerismo ha calificado de “peronismo amigable” (con el gobierno) al cuarteto de Massa-Urtubey-Pichetto-Schiaretti. Pero su delimitación es sólo circunstancial. Larroque, uno de los espadachines K, ha fustigado al cuarteto sólo por “discriminar a Cristina”. La “unidad opositora” que pregonan los K incluye a aquellos que le votaron más de cien leyes al macrismo.
Una salida de conjunto
La burocracia sindical, que en sus diferentes variantes es tributaria del pejotismo y el kirchnerismo, sigue ese mismo derrotero de complicidad política. Después del paro masivo del 25, no ha existido el menor signo de continuidad, ni en el averiado ‘triunvirato’ cegestista ni en sus pretendidos opositores -los Moyano o Yasky. Mientras tanto, arrecían la caída del salario, las suspensiones y los despidos. El argumento de que la depresión económica “nos impide” una respuesta obrera a la crisis es, en manos de los burócratas, un enorme autoencubrimiento. Es justamente ese derrumbe el que exige una respuesta obrera de conjunto, para no dejar librados a su suerte a los trabajadores que se enfrentan a despidos o a la pulverización de sus salarios. Pero la nueva fase de la crisis amplía el escenario de los choques sociales, que se abren -y se abrirán paso- a pesar de los burócratas. Lo revelan las movilizaciones contra el derrumbe edilicio de las escuelas (Moreno, ver página 2) y los ataques a la salud; las luchas persistentes de Río Turbio y el Astillero (ver páginas centrales), la tensión que se acumula en favor de la reapertura de paritarias. La lucha por un congreso de delegados de base con mandato es, en este cuadro, el método para enfrentar la crisis de dirección del movimiento obrero, y abrirle paso a una lucha a fondo para derrotar el plan oficial.
Este mismo método -una respuesta de carácter general- debe ser abordado frente a la crisis política considerada de conjunto. Al derrumbe económico se ha sumado otra fase de la crisis de los cuadernos, que coloca a lo más granado de la burguesía nacional (Techint) en la picota y con “consecuencias difíciles de prever”, al punto que el macrismo “considera alternativas para encapsular la crisis” (La Nación, 29/9). El desembarco del FMI ha reforzado la presión del imperialismo para que la escalada judicial pavimente un vasto copamiento económico a expensas de los “campeones nacionales” de la burguesía. El acuerdo colonial, por lo tanto, es un factor de desestabilización económica y política del régimen y de sus bases sociales.
El embargo general del país a manos de un gobierno fondomonetarista, y la tentativa de avanzar en un retroceso histórico en las condiciones sociales y laborales, plantea la necesidad y urgencia de terminar con el gobierno y el régimen de Macri-Lagarde y los ajustadores de las provincias, y su reemplazo por una Asamblea Constituyente libre, soberana y con poder. Esa Constituyente abordaría las medidas elementales para salvar a la nación oprimida y sus trabajadores de “la catástrofe que nos amenaza”, comenzando por el repudio de la deuda, la nacionalización de la banca y el comercio exterior, y la defensa incondicional del salario y el derecho al trabajo.
Desarrollemos una intensa campaña política por estos objetivos.
Marcelo Ramal
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