La economía de la cuarentena

La información de que la “actividad económica” había caído un 26,4% en abril pasado con relación al año precedente, sirvió al arsenal de improperios que las grandes patronales descargan sobre la cuarentena, con la finalidad de obtener en tiempo rápido la llamada “reapertura de la economía”. Es de puro sentido común esperar un derrumbe de la producción, luego de una decisión de cerrar todas las actividades que no son esenciales para la subsistencia de la población, incluso se observa lo mismo en aquellos países que no han recurrido a la cuarentena, cada vez que se informa de un rebrote de la pandemia o del crecimiento de la curva de contagios.
Lo que advierten los elevados números de caída de la actividad es el coronavirus que afecta a la economía mundial desde antes de la pandemia. El confinamiento productivo ha expuesto el nivel elevado de insolvencia del capital internacional, que a la velocidad del rayo colocó a numerosas compañías en default, o sea cesación de pagos; produjo un corte en la cadena de pagos; y desató un reguero de concursos de acreedores. Esto explica la inyección de decenas de billones de dólares de los bancos centrales más importantes en los mercados financieros e incluso directamente en el comercio y en la industria, y también el gasto público financiado con mayor deuda. Son varios los países que han visto una caída relativa mayor a la de Argentina, sin haber impuesto el aislamiento preventivo por medio de decretos.
Si antes de la pandemia había un país que integraba el “grupo de riesgo” frente a un Covid-19 económico, ese era Argentina. En los tres años previos a esta crisis sanitaria, el capital internacional había convertido a Argentina en un gran “esquema Ponzi”, que consiste en pagar deudas con mayor endeudamiento, siempre más caro. Vicentin, Molino Cañuelas, Arcor, Ledesma, Garbarino y tantos más fueron desbaratados por el aprovechamiento que pretendieron sacar de esa especulación financiera. El macrismo inició la reprogramación de plazos para pagar la deuda pública, bautizada como ‘reperfilamiento’, seguido luego de un modo consecuente por los Fernández. La dicotomía economía vs. salud simplemente esconde la desesperante necesidad de un salvataje del estado al capital.
Ningún economista intentó siquiera aludir a la estafa financiera que se encuentra mezclada en el porcentaje extravagante de caída de la “actividad económica”. En efecto, la actividad financiera apenas se deslizó un 3,5 por ciento, y esto por razones todavía más extravagantes. Ocurre que, en medio del derrumbe, el negocio de las Leliq, o sea el canje de dinero de los bancos por títulos del Banco Central, ha tocado un pico – sigue la curva de la misma pandemia, pues se aproxima a los dos billones de pesos, algo como 20 a 25 mil millones de dólares. De modo que el dinero para el IFE, los ATP y los diversos subsidios del gobierno se han convertido en un negocio bancario excepcional, porque la emisión de moneda para solventarlos está financiada por el sistema bancario a una elevada tasa de interés. Lo mismo ocurre con la emisión de títulos públicos para pagar aquellos que vencen, o para canjear los que están en pesos por otros en dólares. Algo más sofisticado, con otras variantes, tiene lugar en el resto del mundo, porque el dinero del rescate es usado para especular en la Bolsa, con la expectativa de zafar en los concursos preventivos, a costa de los acreedores y los trabajadores. Una empresa en situación de quiebra, Herz, vio subir un tres mil por ciento sus acciones, a la espera de una salida positiva a su ronda de discusiones con los prestamistas. Los Fernández han financiado la cuarentena con un incremento enorme de la deuda pública con el sistema financiero, minando: uno, la solvencia del estado; dos; la capacidad de sostener con mayor amplitud las economías familiares; los recursos para una salida a la crisis tomada en su conjunto.
El alcahueterismo mediático disfraza a los rescates como una salida a la crisis, cuando en realidad la intensifica en extremo grado. La expectativa del capital no es salir de la crisis mediante rescates, sino imponiendo una reorganización económica y política de mayor sometimiento de la fuerza de trabajo. Que esta tendencia se tenga que enfrentar a una sociedad que tiene mayor consciencia ahora de la crisis de salud, de vivienda y de trabajo que cerca sus vidas, sólo convierte a ese antagonismo en más explosivo.
Una economía de subsidios, determinada por una cuarentena social de salud, representa una contradicción, en principio, con la acumulación de capital que gobierna a la sociedad actual, porque se sustenta en el flujo de fondos, que es destinado, debido a una emergencia, a la producción y el consumo esenciales. El escenario de los capitales individuales, que procuran capitalizar ganancias, pasa a ser ocupado por el estado, que se mueve con un mecanismo de ingresos y egresos. Ese flujo de fondos es nutrido por los recursos monetarios públicos, por los impuestos que paga el sector productivo ‘esencial’ y por el stock de ahorros disponibles del sector privado. En este sector ‘esencial’ debería incluirse si existiera, como demandantes de recursos, a los sectores industriales capaces de una reconversión funcional al combate al virus. Los gobiernos de turno, sin embargo, enchalecan la economía de flujos en el proceso de acumulación de capital, al que siguen reservando la financiación de la economía. Una consciencia parcial de esta contradicción la mostraron el inglés Boris Johnson cuando firmó un acuerdo de servicios con sanatorios privados a precio de coste sin lucro, o la Reserva Federal de EEUU, que condiciona su ayuda financiera a que las empresas no repartan dividendos. Los Fernández, repetimos, financian la cuarentena con Leliqs y un mayor endeudamiento del Tesoro. Una economía de flujos de fondos de parte del estado exige la estatización del sistema financiero y de la industria, y naturalmente el cese del pago de la deuda pública – con la excepción de los acreedores pequeños
Cuando se toma en cuenta esta ley económica interna que rige la cuarentena de los Fernández, es claro que el abusivo 26,6% de caída que registró la “actividad económica” de abril, es un anticipo del choque de placas tectónicas que enfrenta Argentina. En lugar de canalizar los recursos sociales acumulados para enfrentar la pandemia, lo cual implica, en última instancia, una estatización de la economía, ha despilfarrado los recursos limitados del estado, incluida la autoridad para imponer las reglamentaciones necesarias en una situación excepcional. A diferencia de 2002, no cuenta con la posibilidad de un empuje del comercio internacional. En cuanto al financiamiento internacional, su viabilidad está condicionada a una re-colonización industrial por parte del capital financiero – así como al desarrollo de la crisis mundial.
La agitación de las expropiaciones, desde los grupos económicos hasta la pequeña burguesía por la crisis de Vicentin, suena a tufillo golpista en cuanto se refiere a las intenciones políticas de los Fernández, pero no en cuanto advertencia de que las expropiaciones están colocadas en la agenda de la crisis mundial, sin ninguna duda.

Jorge Altamira
30/06/2020