“El objetivo de estas tareas de Inteligencia ilícita fue influir en la situación institucional, política y social del país”. El Director la AFI, Gustavo Arribas, y la Subdirectora Silvia Majdalani, fueron los responsables institucionales a cargo de ejecutar el Plan de Inteligencia Nacional, indica el informe (176). “El grupo, en un principio, fue coordinado por el Director Operacional de Contrainteligencia, Diego Dalmau Pereyra, con trayectoria dentro de la Escuela Nacional de Inteligencia. Luego, lo llevo adelante Alan Ruiz, quien provenía del Ministerio Seguridad de la Nación y fue contratado por Arribas y Majdalani (…) retransmitidas por este último a Jorge Sáez y Leandro Araque, quienes servían como nexo de comunicación directo entre el resto de los agentes que concretaban las tareas de campo (pp. 230-32). El informe concluye que “actividad sistemática de espionaje de contenido político se realizó torciendo la razón de ser de dicha Agencia Federal” (249).
Estas prácticas, tal como se desarrollaron, fueron conocidas por la doctrina y la jurisprudencia como “bandeja de plata”, que significa entregar pruebas obtenidas ilegalmente para ser incorporadas en procesos penales, con el objetivo de lograr una respuesta del sistema judicial que favoreciera sus intereses y objetivos” (p. 255). Se encuentran investigaciones de inteligencia sobre todas las causas, Cuadernos Centeno, Odebrecht, ARA San Juan, Nisman, Arribas, Angelici, etc.
“Yo no fui”
El informe tiene límites muy marcados: investiga el espionaje ilegal entre 2016 y 2019. Deja de lado el espionaje durante los gobiernos kirchneristas (Stiusso) y las operaciines de Inteligencia, como el Proyecto X, que involucra al ministro de Seguridad de Kicillof, Sergio Berni,. Los servicios de inteligencia durante el kirhcnerismo jugaron un rol clave en la desaparición de J.J. López, en el opeativo de ciberdefensao del general César Milani, y en el encubrimiento de los negociados, como el soterramiento del ferrocarril Sarmiento, que ahora pretende esclarecer. O, recientemente, en las denuncias de ciberpatrullaje del gobierno de los Fernández.
El informe admite la alcahuetería de doce años del kirchnerismo cuando denuncia una “potenciación” (sic) del problema de espionaje en la última gestión (319). O sea que entre unos y otros sólo queda una diferencia de grado o matiz. El Informe de Moreau denuncia el reclutamiento de gente “carente de experiencia en investigación” y “ la destrucción de la cadena de mandos y de la disciplina interna” (p. 321). El informe, en definitiva, contrasta la Inteligenicia oficial con la paralela, como si la letra de la legislación vigente no prohibiera toda forma de Inteligencia interna. La Comisión advierte, aunque no lo diga, que esa prohibición es un engaño a la tribuna y a la perorata democrática con que encubren su política de explotación y entreguismo los gobiernos capitalistas.
El informe señala una quiebra en el aparato de inteligencia entre las fracciones que respondían a Parrilli, quien ascendió a los agentes “de carrera”, y Arribas que anuló esos ascensos y se sacó de encima a agentes ligados a la anterior gestión.
Proyecto AMBA
El proyecto AMBA es un plan “organizado desde el poder político” para “infiltrar agentes en eventos partidarios” (308) y en sus organizaciones. Se refiere al montaje de “una verdadera estructura de inteligencia con fines ilícitos y explícitamente prohibidos por la Ley de Inteligencia, que funcionó desde mediados de 2016 y durante todo el año 2017 en la provincia de Buenos Aires. A partir de la cual se instaló una serie de bases de inteligencia dedicadas de forma sistemática a la recolección, sistematización, análisis y producción de inteligencia vinculada con referentes y organizaciones políticas, gremiales, sociales, comunitarias y vecinales” (155-6).
Ese apartado del informe dice que “se realizaron diferentes informes en los que se efectuó una caracterización de cada organización”, recopilando datos de cada referente, movilizaciones, protestas y asambleas. Se crean “áreas en que se organizan y sus responsables internos, sus vínculos con otras agrupaciones y, en algunos casos, incluso, sus abonados telefónicos”, como así de fichas personales de los militantes caratuladas como “referentes”, con los nombres de sus hijos o pareja (pp. 136-142).
También se encontró inteligencia sobre las protestas gremiales: “el seguimiento a los conflictos gremiales protagonizados por determinadas organizaciones sindicales era continuo” (143), entre ellos destaca el conflicto de Cresta Roja, o a los empleados de una cooperativa de cartoneros en la localidad de Ensenada, que bloquearon al CEAMSE. También sobre los que asistieron a la movilización de 7 de marzo de 2017, convocada por la CGT, donde “los agentes accedieron indebidamente a bases de datos restringidas, como la de la Dirección Nacional de los Registros de la Propiedad Automotor”.
Se realizó inteligencia sobre el caso Maldonado, sobre la familia, las movilizaciones y actos que se realizaron. “los agentes de la Delegación La Plata efectuaron un emparentamiento con los reclamos por un nuevo aniversario de la segunda desaparición de Jorge Julio López”.
También “los sindicatos docentes y sus organizaciones de base representaron uno de los objetivos centrales de la agenda de producción de inteligencia ilegal de la Agencia Federal de Inteligencia en la provincia de Buenos Aires durante el año 2017 (…) se pudo advertir numerosos informes de inteligencia vinculados al seguimiento de las actividades desarrolladas por esta organización (SUTEBA), tales como sus elecciones internas, información que le fue remitida a la superioridad” y se estudió las “estructuras de base, sus listas internas, junto con datos personales de sus referentes más destacados y su afinidad ideológica” (p. 146).
Emiliano Monge
02/05/2021
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