El desgaste de las maniobras parlamentarias y tribunalicias.
Cuando aún no habían pasado unas decenas de horas del arribo a la presidencia de la Nación, el gobierno de Milei anunció una devaluación del 60% del peso, la decisión de desindexar jubilaciones, en primer lugar, y también los salarios. Para el propio ‘libertario’, las nuevas medidas, combinadas con una tendencia hipreinflacionaria precedente, habían llevado el aumento de los precios al 1 % diario. Ante este monumental zarpazo contra las condiciones de vida de las masas, la burocracia de la CGT se mostró impávida. Las direcciones sindicales lo mismo –se atuvieron a la dinámica de las negociaciones paritarias pautadas bajo el gobierno anterior-. Ninguna reclamó lo elemental, o sea un aumento del ciento por ciento de salarios y jubilaciones. Produjeron, a sabiendas, un enorme vacío de dirección en el movimiento obrero; la Asociación Bancaria anunció la obtención de un aumento del 40%, aunque a cuenta del convenio que debe discutirse en un par de semanas.
La misma devaluación que desató la inflación del 1% diario para los trabajadores, fue un maná “del cielo” para el capital, que vio elevada la deuda del Tesoro con los bonistas en un 120 por ciento; sea porque está en dólares o porque se ajusta al dólar. Las acciones de las compañías radicadas en Argentina ‘vuelan’ en la Bolsa. Dos pesos, dos medidas –unas para el capital, otras para la fuerza de trabajo-. La necesidad del ‘ajuste fiscal’ que el gobierno ‘libertario’ ha anunciado como su meta histórica creció relativamente en la misma proporción, al elevar en forma drástica los intereses que forman parte del gasto fiscal. Además, con la transferencia de la deuda del Banco Central con los bancos a deuda del Tesoro con esos mismos bancos, el déficit fiscal potencial ha alcanzado el 15% del PBI, aproximadamente 70 mil millones de dólares. Este déficit no lo pagarán las prepagas, ni la Corporación América, Techint o Farmacity, sino los trabajadores.
La CGT y la burocracia sindical “ni mu”.
El anuncio del megadecreto de necesidad y urgencia tuvo sobre la burocracia un efecto contradictorio. Por una parte, la despabiló, por la otra, le sirvió para deshacerse de la agenda del aumento de salarios y jubilaciones del ciento por ciento, como marca la inflación oficial. Los observadores políticos y sindicales, ¡y no sólo ellos¡, han descuidado esta perversidad. El DNU ‘libertario’ se parece como dos gotas de agua a la política impuesta por la dictadura de Pinochet en Chile. Es pinochetismo al palo. Hace cincuenta años, los ‘libertarios’ de todo el mundo fogonearon el golpe de Pinochet y formaron parte de su gobierno. El DNU aniquila el derecho laboral, y por lo tanto los convenios colectivos de trabajo; anula el derecho de huelga; toma por asalto las Obras Sociales. Por medio de “un protocolo” anula el derecho de manifestación y establece un estado policial. Da piedra libre al aumento de tarifas de salud y de los alquileres. Cualquier imbécil se da cuenta que estas medidas, en plena disolución del valor de la moneda, no es más que una confiscación ‘a cielo abierto’.
La CGT ha reaccionado a este paquete criminal, en especial porque incluye el arrebato del monopolio de la burocracia sindical de las Obras Sociales –una de sus ‘cajas’-. La ‘reacción’ consiste en una concentración frente a Tribunales, para apelar la constitucionalidad del DNU. Tendrá lugar en horas de trabajo, sin la declaración de una huelga parcial. Es una movilización del personal del aparato sindical. El objetivo es frenar el DNU, para que los proyectos de leyes y de derogación de leyes de este paquete se traten en un trámite legislativo corriente. La misma propuesta, pero efectuada por el bloque de la UCR y otros, deja ver otra hilacha, pues según los diarios, esa ‘oposición’ podría dar el visto bueno a los DNU, si el gobierno se compromete a que enseguida sean tratados como proyectos por separado. En simples palabras, la oposición de la UCR y centristas está buscando un pretexto, incluso inviable como procedimiento, para que la bicameral que trata los DNU los apruebe. En este esquema, esa comisión, cuyos miembros aún no han sido aun elegidos, se repartirían entre una mayoría dispuesta a dar aprobación al paquete pinochetista.
La burocracia de la CGT ha hecho de los Tribunales y del Legislativo el campo de su acción; el lanzamiento de un paro –por supuesto que aislado– podría poner fin a las negociaciones en torno a la bicameral. Pero incluso si esta aprobara los DNU, el kirchnerismo y la burocracia cegetista insistirán en atacar las disposiciones del paquete de Milei en sede legislativa. Tienen la mirada puesta en las elecciones de 2025, para dar vuelta la derrota electoral reciente. La UCR y los bloques de centro, por su lado, no hacen más que repetir que apoyan el “contenido” del DNU, pero no su sanción por decreto. En última instancia, sacrificarían el ‘procedimiento’ para hacer valer la sustancia.
La política de la CGT lleva al movimiento obrero, con toda conciencia, a una vía muerta. Incluso un paro aislado en las vacaciones podría pasar sin mayores consecuencias y servir para colgar botines hasta el otoño. El apoyo político a la movilización tribunalesca de la burocracia comprometería a quienes lo patrocinen.
El desarrollo del pinochetismo en un cuadro democrático constituye una fuerte contradicción política. Es lo que advierte una mayoría abrumadora de constitucionalistas – sería cruzar el río hacia un cambio de régimen y la destrucción de los amortiguadores de la lucha de clases. Incluso el Departamento del Tesoro de Estados Unidos ha advertido al gobierno contra esta posibilidad. La embajada de Estados Unidos se encuentra operando activamente para que el gobierno no sea desautorizado por el Congreso, ni que el Congreso precipite una crisis de fondo del gobierno.
Es indudable que Argentina atraviesa una situación excepcional que la clase obrera o incluso sus elementos más avanzados no alcanzan a discernir. Existe una tendencia a caracterizar el momento político con una mirada puesta en el retrovisor. En esta situación excepcional es necesario desarrollar las fuerzas elementales de la clase ante el crecimiento de la miseria social, y dejar de lado a los aparatos como pretendidos factores de movilización.
Nuestro planteo es impulsar, por medio de la agitación y la organización, un conjunto de reivindicaciones transicionales. Aumento del 100 % de salarios y jubilaciones; ajuste quincenal; asambleas generales en los lugares de trabajo; defensa del derecho de huelga y manifestación y organización de piquetes contra la represión; desarrollo de Coordinadoras Obreras en la perspectiva de una huelga general; Abajo el gobierno pinochetista, por un gobierno de trabajadores.
Jorge Altamira
23/12/2023
