Más de la mitad de los trabajadores están precarizados.
En el tercer trimestre del año, la pobreza -medida en ingresos- ascendió al 44,7%, afectando a 17,5 millones de personas, y la indigencia trepó al 9,6%, alcanzando a 4,2 millones de habitantes. A su vez, el 62,9% de los niños y adolescentes vive en hogares pobres. Es el retrato de la catástrofe social a la cual nos han conducido los políticos capitalistas que se sucedieron en el poder.
Los datos se desprenden del informe “Deudas sociales crónicas y desigualdades crecientes. Desafíos para la agenda pública (2004-2023)”, elaborado por el Observatorio de la Deuda Social Argentina de la UCA. El mismo revela que, en el transcurso de un año, el porcentaje de la población con ingresos insuficientes para cubrir la canasta básica total creció 1,6 puntos, mientras que el porcentaje de habitantes cuyos ingresos no alcanzan para acceder a la canasta básica alimentaria subió 1,5 puntos en el mismo período.
Aquí, la devaluación de agosto ejecutada por Massa, bajo la orden del FMI, jugó un papel decisivo en este deterioro del poder de compra de las familias trabajadoras. También influyeron en la suba de los alimentos los dólares preferenciales otorgados al agro y la quita de retenciones a las economías regionales. Ni qué decir del ajuste fondomonetarista que hundió a las jubilaciones y a los programas sociales.
Ahora bien, esa foto quedó vieja a la luz de las remarcaciones que tuvieron lugar desde el balotaje a esta parte y del Rodrigazo en puertas. Las “motosierra”, el salto cambiario y la liberación de tarifas que propone Milei no harán más que profundizar la pobreza y la indigencia en el país.
El informe muestra que no basta con tener un empleo y cobrar un salario para dejar de ser pobre: el 33,1% de los trabajadores ocupados perciben ingresos por debajo de la línea de pobreza. Esto obedece, por un lado, a los topes salariales -avalados por el gobierno y la burocracia sindical- pero fundamentalmente a la falta de trabajo genuino. El 50,8% de la mano de obra en Argentina está precarizada: el 26,5% trabaja de manera no registrada y el 24,3% sobrevive con changas. A su vez, la desocupación llega al 8,8%.
Como vemos, para más de la mitad de la población trabajadora la reforma laboral tan ansiada por las patronales ya se aplicó, con la anuencia de todos los gobiernos. Lo anterior demuestra que es falso cuando los empresarios plantean la reducción del “costo laboral” como condición necesaria para invertir; el mismo se halla por el piso debido a la informalidad reinante y el retroceso salarial, sin embargo, las inversiones no despuntan a causa del parasitismo que caracteriza a la clase capitalista.
Ahora bien, en la próxima etapa, la burguesía apuesta a liquidar los derechos laborales de ese 40,4% de los trabajadores que sí están encuadrados en un convenio colectivo. A esa ofensiva de fondo se lanza el gobierno de La Libertad Avanza; el movimiento popular, por su parte, presentará resistencia, y el resultado de esa contienda aún no ha sido escrito.
Otro dato desolador que arroja el informe de la UCA es que el 20,6% de los hogares (2 puntos más que en 2022) tiene signos de inseguridad alimentaria, es decir, padece hambre al menos una vez por día. A su vez, la inseguridad alimentaria severa entre los niños y adolescentes es la más alta de los últimos 18 años, ubicándose en el 13,9%. El derrumbe de los ingresos populares, sumado a una producción alimentaria guiada por el ánimo de lucro capitalista, ha alumbrado esta realidad aciaga. Esto ilustra nítidamente el fracaso de las fuerzas políticas que nos gobiernan hace 40 años.
Lo que se viene con Milei, lejos de resolver la carestía como prometió en campaña electoral, la agravará. Sumergirá aún más las jubilaciones, los programas sociales y la asistencia alimentaria con su política de ajuste; subirá el desempleo con la paralización de la obra pública; devaluará la moneda (Guillermo Francos habló de un “dólar razonable” a $650); encarecerá los alimentos si le quita las retenciones al agro como prometió; se dispararán las tarifas de luz y gas y el precio de los combustibles, entre otros golpes al bolsillo. Como contrapartida, su proclama de eliminar la emisión monetaria que insume el pago de intereses de Leliqs y pases parece poco viable y las propuestas de Caputo para desarmar el stock de deuda del BCRA son todas inflacionarias.
El liberfacho estafó a quienes lo votaron prometiendo una prosperidad para las mayorías que ni remotamente llegará, más todo lo contrario, sus políticas sumirán a nuevas capas de la población en la pobreza. Como su triunfo electoral responde al hastío de la gente frente al fracaso de los gobernantes y no a una adhesión masiva a su agenda reaccionaria, lo más probable es que el pueblo no tolere nuevos ataques a sus condiciones de vida y salga a las calles. En esa perspectiva volcamos nuestros esfuerzos, para que definitivamente se vayan todos y gobernemos los trabajadores.
Sofía Hart
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