La aprobación de la ley, además, deja en manos de la camarilla de Milei-Caputo el manejo completo de las operaciones de deuda, desde la reestructuración de la actual hasta la adopción de nuevos préstamos. En el plano político, la ley ómnibus cancela las garantías constitucionales de expresión y reunión, y habilita al presidente a autorizar el ingreso de tropas extranjeras al territorio -es la integración de facto de Argentina al campo político de la OTAN, en el marco de una guerra internacional en ascenso.
La votación de la ley ómnibus, en definitiva, implicaría la autoanulación del Congreso por un plazo indefinido. Para la circunstancia de un rechazo, Milei ha amenazado a la oposición con un plebiscito, cuyo resultado, sin embargo, no tiene de ningún modo asegurado. Una reciente encuesta de opinión en la emblemática Matanza registra un grado de aprobación de sólo el 30% para el nuevo gobierno, demasiado bajo para solamente veinte días de gestión. En el horizonte cercano, esa misma población deberá afrontar tarifazos en el transporte y en los servicios públicos de entre el 300 y 400%. Como ya ocurriera con el DNU, la publicación de la ley ómnibus ha dado lugar a un desfile de censuras y preocupaciones por parte de constitucionalistas y otros expertos. Detrás de la bulla, sin embargo, los aparatos políticos y sindicales que fueron desafiados por Milei han sido extremadamente contemplativos. El macrismo, del propio Macri a Santilli, pasando por Vidal, ha cerrado filas en el apoyo al DNU y a la ley ómnibus. En el radicalismo, Rodrigo Loredo, un peso pesado de su bloque de diputados, ha “protestado”, no contra los superpoderes por dos años, sino por la pretensión de extenderlos por otro bienio más. Entre los gobernadores, el catamarqueño Raúl Jalil, de Unión por la Patria, anticipó su ´disposición al diálogo´, a caballo de las expectativas en las inversiones mineras.
Se ha creado, así, una situación política excepcional. Milei se las ha arreglado para arrinconar a la oposición patronal–“o el Congreso se autocancela, o lo cierro yo”. Pero el chantajista carece de gobernadores e intendentes, y cuenta con una bancada minoritaria, además del retroceso en la consideración popular. La base de su extorsión es el carácter catastrófico de la crisis, que encierra la amenaza de un colapso económico y, principalmente, de una rebelión popular. Parado sobre la cornisa, Milei se presenta ante el conjunto de los aparatos e intereses capitalistas como la última carta frente al abismo social y político. A nadie escapa, sin embargo, que ese abismo puede tener como partero al propio Milei, a la luz del actual derrotero de hiperinflación, aumento del endeudamiento, por un lado, y de la crisis social, por el otro.
CGT
En el escenario de los aparatos bajo libertad vigilada, ocupa un lugar central la CGT, que viene de protagonizar un revés manifiesto —la marcha y la judicialización del DNU han concluido en un fiasco. Ahora, ha concebido un paro nacional a un mes vista, con el propósito de influir a otro de los poderes del Estado —el parlamento. En el “mientras tanto”, un sindicato estratégico, el de los empleados de comercio, ya abrazó la liquidación de las indemnizaciones por despido, dando por vigente al DNU que comenzará a regir en pocas horas. La extorsión de Milei sólo podrá ser quebrada por la fuerza elemental de la clase obrera, que debe ser convocada a la deliberación y a la autoconvocatoria. El próximo episodio de la confiscación —los megatarifazos— volverán a sacudir la estantería por abajo. El reclamo del 100% de aumento de salarios, la anulación de los decretazos y leyes antiobreras; la vigencia incondicional del derecho de huelga, movilización y expresión son las reivindicaciones cruciales en la preparación del único recurso que puede terminar con esta tentativa antiobrera: la huelga general.
Marcelo Ramal
28/12/2023
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