Esta ley establece que los editores, importadores o representantes de libros fijan un precio uniforme de venta al público (PVP) o consumidor final de los libros que edite o importe. Por lo tanto, los libros tienen el mismo precio en cualquier librería física. Del mismo modo acontece con las ediciones digitales.
De darse, la eliminación de la ley implicaría enormes ganancias y ventajas para los supermercados y grandes cadenas que se impondrían mediante best sellers y distintas rebajas discrecionales, perjudicando especialmente a pequeñas librerías y editoriales independientes. Si el supermercado toma un libro que se vende muchísimo o dos y los pone muy baratos, porque maneja grandes volúmenes o porque eso le sirve como oferta, entonces las librerías venderán mucho menos.
Según lo que sostienen desde la Feria De Editores (FED), en un principio se podrían dar ofertas de los grandes jugadores que pueden acceder a comprar mayor cantidad de unidades, por ende con mayores descuentos, y trasladan ese descuento al público. Ganan cuota de mercado, reducen drásticamente a los pequeños jugadores hasta hacerlos desaparecer y luego vuelven a subir los precios.
Esto sucede con Amazon a nivel mundial, empresa que en un primer momento compró libros en cantidad y bajó los precios de venta, para luego de tener monopolizada la cuota de mercado mayoritaria, retirar los descuentos y fijar nuevos precios, ciclo que se observó en varios países.
Lo que propone la derogación de esta ley es, en consecuencia, que cualquier librería, cadena de librerías o incluso grandes supermercados puedan poner el precio que consideran al libro, más allá de lo que sugiere el editor.
Como consecuencia, significaría un golpe durísimo contra el acceso a la diversidad de títulos, o libros que no tienen tantos lectores y que pueden pasar años en los estantes, de difícil acceso para las mayorías.
Argentina, España y México, entre los países de habla hispana, junto a Alemania, Corea del Sur, Italia, Japón y Noruega son algunos de los países que promueven al libro como bien cultural fundamental, bajo un consenso en común, que es la protección de pequeñas y medianas librerías.
Para enfrentar el golpe de estado económico que implica esta avanzada anti obrera de Milei, que cuenta con la complicidad de la burocracia sindical, nuestros derechos únicamente los podemos conquistar y defender autoconvocándonos y organizándonos desde ahora, en forma independiente del Estado y de las grandes "industrias de la cultura".
El norte actualmente marca luchar por un salario acorde a la canasta familiar, en la perspectiva de la huelga general, arrancándole al Estado el capital simbólico que forma parte de la riqueza social que es producida por los mismos trabajadores.
Sergio Escalas
29/12/2023
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