Pedró parte de la estadística de que sólo un 46 % de los que ingresan en la universidad en América Latina termina sus estudios en algún momento. La situación en Argentina sería particularmente problemática, porque los estudiantes demoran un promedio de nueve años en terminar carreras previstas para cinco. El entrevistado no explica este retraso por el hecho de que la mayoría trabaja para mantenerse y para solventar sus estudios -cuya gratuidad no está plenamente garantizada-, sino por el contrario por la falta de aranceles que “se traduce en tasas de graduación más bajas, en falta de incentivo”. De manera cínica, promueve el arancelamiento y ataca el ingreso irrestricto, uno de los pilares del sistema universitario argentino y una de las principales conquistas del movimiento estudiantil y docente que enfrentó los sucesivos intentos de privatización. Ha sido gracias a esa lucha que en Argentina sigue existiendo la universidad pública con acceso gratuito, a diferencia de lo que ocurre en otras partes de Latinoamérica y el mundo, donde las políticas privatistas han penetrado en mayor medida.
Especialista en educación comparada, Pedró plantea para Argentina el modelo que ya se aplica en los países dominantes de Europa y Norteamérica. A saber: el recorte de las carreras universitarias para obtener títulos en un lapso más breve, que incluyan un ciclo de formación general de alrededor de tres años y un ciclo posterior de especialización de uno o dos años más; todo con su correspondiente pago, a fin de “ahorrar recursos públicos”. Propone “deconstruir” los programas de estudio, no a partir de consideraciones científicas o pedagógicas, sino desde un criterio puramente instrumental y de eficacia sobre “competencias y habilidades”: “qué se espera que sepa hacer” tal o cual profesional y cómo puede alcanzar esas capacidades básicas en el menor tiempo posible. Finalmente, aboga por la implementación de las “microcredenciales”, que acreditan pequeños tramos de conocimiento y responden a las necesidades coyunturales del “entorno empresarial”. En otras palabras, promueve la degradación del conocimiento y la calidad educativa en función de la mercantilización de los saberes. La universidad se pone así enteramente al servicio de las empresas, “ofreciéndoles una respuesta rápida a una necesidad de formación que ha emergido y que tal vez el año que viene no esté”.
Mención aparte merecen las opiniones que el funcionario de la UNESCO desliza sobre los docentes universitarios a los que, por un lado, acusa de que su actividad está desligada en Argentina de la investigación y, por otro lado, achaca que la discusión en torno a los contenidos de las carreras se realiza en función de las estructuras de cátedra existentes y no de las competencias a desarrollar. A Pedró habría que recordarle que, en Argentina, como ocurre en otras partes del mundo, los docentes universitarios no solamente imparten clases, sino que también investigan y producen conocimiento y lo hacen sobre la base de salarios miserables y condiciones laborales absolutamente precarias, incluso de manera gratuita. Los docentes e investigadores universitarios han tenido en 2022 una de las peores paritarias del sector público y el presupuesto universitario y científico ha sufrido un recorte brutal, en el marco del ajuste del gobierno y el FMI. En cuanto a los contenidos y competencias a desarrollar, indudablemente cualquier docente universitario está más preocupado y ocupado en el asunto que los intereses capitalistas por los que brega el organismo de educación superior de la UNESCO.
No parece casual que esta entrevista haya sido publicada precisamente en este contexto, cuando el plan Massa se resquebraja con la crisis cambiaria y la única ancla frente a la escalada inflacionaria que aplica el gobierno es el recorte de los salarios y el gasto social. Además de las paritarias a la baja (60 %) y un nuevo ajuste al presupuesto educativo previstos para el 2023, la burguesía tiene en carpeta el ataque al régimen jubilatorio de los docentes universitarios, como parte de una reforma laboral más amplia y, también, una contrarreforma estructural de la educación superior cortada al talle del capital, como reflejan las “recomendaciones” de la UNESCO. Los trabajadores y estudiantes universitarios deben deliberar sobre todo esto. Es preciso organizar la lucha en defensa de la educación y de las condiciones de vida, pero también por una salida política de los trabajadores frente a la crisis en curso.
Patricia Lambruschini
06/02/2023
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