El Ministerio de Capital Humano tomó la decisión tras revisar las actas y formularios del conjunto de cooperativas, donde se puso el foco en aquellas que tuvieron suspensiones previas pero que siguieron funcionando. Una parte del entramado de cooperativas a nivel nacional paga sus sueldos a través del plan Potenciar Trabajo; según Adorni serían 300 las cooperativas a las que se destinaban 34 millones de dólares al año. Debelarán cuáles son las afectadas cuando se publique en Boletín Oficial la resolución sobre el INAES.
A pesar de los paños fríos de las entidades cooperativistas, la revisión puede afectar al conjunto de las unidades inscriptas. Desde las cooperativas agrarias de la zona centro del país, yerbateras del litoral, vitivinícolas de Cuyo, las textiles, de construcción y de servicios. Solo en el sector denominado ‘cooperativas de trabajo’ se emplean unos 300.000 trabajadores. Nación se cuidó de aclarar que la baja en el caso de las proveedoras de servicios de luz, cable, agua, telefonía o internet en las localidades del interior sería analizada con extremo cuidado.
El INAES quedo absorbido dentro de la Secretaría de Niñez y Familia. Su titular, Pablo de la Torre, adelantó que son miles las que tienen irregularidades inaceptables, como las repeticiones de titulares, correos, domicilios o directamente la falta de presentación de sus balances contables; otorgó un plazo de 30 días para regularizar. Especialistas del sector advirtieron acerca de la legalidad del procedimiento -” una matrícula se entrega por un proceso administrativo y se desarma también por un proceso administrativo”.
Judicialización
La Secretaría presupone que el gobierno de Alberto Fernández sistematizó la creación de cooperativas para el desvío de fondos. Adelantó que “a partir de un informe se determinó que el padrón de cooperativas vigentes aumentó desmedidamente un 139 % en los últimos cuatro años. Unas 12.425 cooperativas fueron constituidas, aumentando de 9.978 a 23.836”.
El expresidente del INAES, Alex Roig, del Movimiento Evita, explicó que el aumento en el número de cooperativas se debió simplemente a una moratoria lanzada por el gobierno anterior. Javier Milei pasó el INAES de la Jefatura de Gabinete al área de Capital Humano.
Previamente a estos anuncios el gobierno llevó adelante una ronda de denuncias judiciales respecto al destino de los fondos FISU (Fondo de Integración Socio Urbana) en particular hacia la UTEP de Juan Grabois, la principal beneficiada. Otro de los apuntados es Emilio Pérsico, exsecretario de Economía Social, que autorizó partidas para emprendimientos del Movimiento Evita de su propia titularidad. “Eso fue cerrado durante la gestión anterior. Yo mismo me acerqué y dije: me equivoqué. Consulté lo que tenía que hacer y seguí los pasos que me dijeron”, comento Pérsico al ser consultado.
Según La Nación, unas 144 cooperativas del entramado del peronismo recibieron el grueso de los fondos del ministerio -17 mil millones de pesos-. Las investigaciones llevan también hacia 110 ONGs que son parte del mismo entramado. Es a partir de esta condena administrativa del propio Pérsico que el INAES pasó a investigar la cuestión en forma general. Y donde la Secretaría de Niñez y Familia a cargo de Pablo de la Torre decidió llevar el tema al área de legales del Ministerio.
Precarización, negreo y políticas sociales
Un porcentaje de las cooperativas en existencia obedece a las diferentes “capas geológicas” de políticas sociales del ex Ministerio de Desarrollo Social. Intendentes, gobernadores y organizaciones registraron una multiplicidad de cooperativas, que bajo la órbita del Potenciar Trabajo, y antes con el Argentina Trabaja, sirvieron de paraguas para una extendida precarización laboral en los servicios que brinda el Estado. Esto se entrelazó con un desvío de fondos y/o un sostenimiento económico. Según justifican diferentes medios, esto era saneado regularmente al asumir una nueva administración y también se dio en los cambios de mano del ministerio: de Daniel Arroyo a Juan Zabaleta y de Zabaleta a Victoria Tolosa Paz.
Más allá de los desmanejos y la precarización del ‘Estado Presente’ del kirchnerismo, continúa una implacable política de ataque, ajustes y despidos. Aún está por determinarse el volumen de despidos y cierre de puestos de trabajo que producirá esta medida, ya que el número de integrantes de las cooperativas ronda desde una docena a cientos de trabajadores. Este recorte sobre los trabajadores más flexibilizados del Estado, se suma a los 15.000 despidos de los contratados en las diferentes dependencias estatales anunciados para finales de marzo.
Las organizaciones que son parte vertebral en los esquemas cooperativos y de la llamada ‘Economía Popular’ entienden que la medida no se va a concretar: “La suspensión de una matrícula es un procedimiento habitual ante la falta de presentación de balances. La matrícula la otorga el directorio de INAES, que tiene como miembros a representantes del sector cooperativo y de las mutuales además de los del Estado. Puede haber detrás de esto, una maniobra para desfinanciar.”, concluyeron sin dar muchas garantías.
En el caso de Aysa, ya avanzó con la baja de los convenios en sus propias cooperativas de trabajo, afectando a 2.500 trabajadores. Buena parte de estas 250 cooperativas están a cargo de la CCC, el ala ‘maoísta’ de Unión por la Patria. Este miércoles protestaron frente a la Jefatura de Gabinete donde fueron reprimidos por la Policía de la Ciudad. Los cooperativistas de obras de agua y saneamiento denuncian falta de pago desde diciembre por obras ya realizadas e incluso denuncian haber desarrollado tareas durante años bajo los programas: “Agua+Trabajo”, “Cloacas+Trabajo” y “Conectarte”. Como si fuera poco a estos trabajadores que quedaron en la calle se le suman más de 200 despedidos de la propia planta permanente de Aysa.
Leonardo Perna
31/03/2024
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