El 22 de setiembre un coche bomba de ETA acabó en Santoña con la vida de un brigada del Ejército. Poco antes habían estallado, sin víctimas, otros dos coches bomba, uno en Vitoria y otro ante el cuartel de la Ertzaintza en ondárroa.A las pocas horas, el Gobierno reunió oficialmente el frente antiterrorista (esta vez con el PP como miembro de pleno derecho) y aprobó una proclama cuyo contenido no se distinguió por su originalidad.
Siempre hemos estado en contra de los métodos del terrorismo individual de ETA, porque: 1. Permiten a los políticos de la Monarquía ocultar bajo el espantajo terrorista la negación del derecho democrático de los vascos a autodeterminarse; 2. Legitiman la represión contra la izquierda abertzale y el recorte de los derechos democráticos y 3. Facilitan el aislamiento político del pueblo vasco. También ha sido así en este caso, que el Gobierno y la derecha han utilizado, de un lado, para echar tierra sobre la descarada prohibición de la consulta popular del Parlamento vasco y, de otro, para legitimar la brutal ofensiva antidemocrática contra la izquierda abertzale que despliegan en estos momentos el aparato judicial y el Gobierno.
Una ola de ilegalizaciones y encarcelamientos políticos
Sólo hace falta que ojeemos los titulares de prensa de mediados de setiembre. Día 17: “El Tribunal Supremo liquida ANV. La Abogacía del Estado elevará un informe al Ejecutivo sobre la posibilidad de disolver los 42 ayuntamientos que gobiernan los sucesores de Batasuna”. Día 18: “La Audiencia ilegaliza Gestoras pro Amnistía por ser organización terrorista. 21 jefes de la estructura abertzale son condenados a penas entre ocho y diez años”. Día 19: “El Supremo ilegaliza el PCTV por utilizar sus escaños al servicio de ETA”.
En todos los casos, aprobados por unanimidad del tribunal, se ha aplicado la “doctrina Garzón”, desde hace unos años convertida en doctrina de Estado. La Comisión de Defensa del Colegio de Abogados de Barcelona la definió con precisión: “Para ser considerado miembro o colaborador de ETA era necesario, hasta ahora, tener relación directa con la organización armada (…) Tras la reciente Sentencia puede resultar suficiente que las acciones políticas o sociales se consideren “ayuda” a los fines de ETA (soberanía para el País Vasco) para que sean definidas como delitos terroristas. (…) Desde estaperspectiva judicial, ETA ya no es una organización armada, sino también el conjunto de organizaciones abertzales (…) La Sentencia significa la normalización de una cultura jurídica de emergencia o excepcionalidad, en la cual se establecen responsabilidades penales difusas y colectivas, absolutamente incompatibles con un sistema democrático”.
Así, han ilegalizado a ANV por “organización terrorista” porque puso sus candidaturas municipales a favor de Batasuna. El PCTV, con sus 9 parlamentarios y el 10% del electorado, ha sido ilegalizado y disuelto por conservar en su sede facturas de gastos de miembros de Batasuna, a cuya subsistencia laboral ayudó. La ilegalización de Gestoras pro Amnistía y de su continuadora, Askatasuna (que son las organizaciones que agrupan a los familiares de los presos) ha sido la conclusión del tercer macroproceso contra la izquierda abertzale.
Antes, en 2005, se realizó el primer macroproceso, que afectaba a las organizaciones juveniles abertzales (Jarrai-Haika-Segi) y que acabó con su ilegalización y el encarcelamiento de 23 de sus dirigentes a seis años de prisión. Después, en 2006, vino el segundo macroproceso, el de Ekin, que duró más de un año y acabó con la condena de 47 personalidades abertzales a penas entre 9 y 24 años. Quedan aún pendientes cuatro más: el de Batasuna y las Herriko Tabernas; el de la nueva Mesa Nacional de Batasuna; el del organismo municipalUdalbiltza (en el que el Gobierno pide penas entre 10-15 años para 22 cargos municipales) y el del cierre del diario Egunkaria.
Y hay que añadir las propuestas legales que el Gobierno y el PP preparan para que los presos de ETA, una vez cumplidos íntegramente 40 años de cárcel, pasen “20 años más de libertad vigilada”, a lo que estudian sumar la prohibición de residencia en las proximidades no ya de víctimas de atentados en los que hubieran participado directamente sino de cualquier otro atentado…
Mientras tanto, el general de la Guardia Civil Galindo, condenado a 75 años de cárcel por el secuestro, tortura y asesinato de Lasa y Zabala, ha salido de la cárcel “por razones de salud” tras cinco años de cumplimiento de pena; Vera, alto cargo del Ministerio del Interior de Felipe González, condenado por jefe de la organización terrorista GAL y por apropiaciónindebida de fondos públicos está indultado y en la calle; mientras todos los guardias civiles condenados por torturas han sido sistemáticamente indultados por los gobiernos del PP y del PSOE.
El Tribunal Constitucional prohíbe la consulta y el Gobierno vasco capitula
El Tribunal Constitucional, también por unanimidad, prohibió la consulta del Parlamento vasco afirmando que le trae sin cuidado lo que piensen las instituciones y los ciudadanos vascos, que aquí el único que puede preguntar al pueblo es el Gobierno español, que la autodeterminación vasca está absolutamente excluida y que el único facultado para decidir sobre el futuro del pueblo vasco son las instituciones españolas.
Ibarretxe reaccionó declarando que la prohibición de la consulta representaba “el desprecio más absoluto al Parlamento Vasco”, que constituía un “atentado al autogobierno” y que reflejaba una “actitud incompatible con una sociedad democrática”. Pero a renglón seguido, sin que se le cayera la cara de vergüenza, concluyó: “Acatamos, pero no nos resignamos”. La misma actitud de capitulación mantuvieron los otros partidos de la coalición de gobierno, EA y EB/IU. Incluso están a punto de renunciar a la “gran iniciativa” que habían preparado como “respuesta” a la prohibición, la denuncia al Tribunal europeo de Justicia, porque se han asesorado y les han dicho que nada se puede esperar de este Tribunal a favor de los derechos colectivos de los pueblos. ¡Para este viaje no hacían falta alforjas! El PNV, además, no sólo no duda en reprimir manifestaciones abertzales, sino que ha decidido también apoyar los Presupuestos de Zapatero, mostrando lo que da de sí la burguesía vasca a la hora de defender los derechos nacionales de su pueblo.
¡No a la represión contra la izquierda abertzale! ¡Fuera la ley de partidos!
La represión contra la izquierda abertzale es una agresión brutal contra las libertades públicas, que no encuentra respuesta debido al tremendo aislamiento de la lucha del pueblo vasco por su libertad nacional. Esto ayuda enormemente a la actuación impune de jueces y Gobierno, lo que viene facilitado a su vez por los atentados de ETA, en particular si hay víctimas mortales. Es tarea inexcusable de todo defensor de los derechos democráticos apoyar, más allá de las divergencias que pueda tener con ella, a la izquierda abertzale frente a la represión.
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