A dos años del secuestro y desaparición de Jorge Julio López

Manifiesto leído en las convocatorias de Buenos Aires y La Plata.

Se cumplen hoy dos años de la segunda desaparición de Jorge Julio López. Julio fue uno de los miles y miles de luchadores populares que la dictadura desapareció. Sobrevivió y logró vencer el terror y sumarse a la pelea contra la impunidad de los genocidas. Testimonió en el juicio por la verdad y se presentó como querellante en todas las causas, entre ellas la que se seguía contra Miguel Osvaldo Etchecolatz. Declaró en ese juicio y fue secuestrado el mismo día en que los abogados de Justicia YA! debían alegar en su nombre pidiendo que se condene a este asesino a cadena perpetua por el delito de genocidio.
La desaparición de Julio es la demostración más brutal de la impunidad que sigue recorriendo la Argentina. Constituye en sí misma una amenaza a todos los testimoniantes y querellantes en los juicios contra los genocidas, pero también a todos los luchadores populares.
En los días posteriores a su secuestro el entonces ministro del interior y hoy ministro de justicia, Aníbal Fernández, negaba la realidad y proponía como hipótesis que López podía estar en “la casa de alguna tía”, y, mientras algunos voceros del gobierno daban a entender que López estaba escondido por miedo, otros lo difamaban acusándolo de pertenecer a las fuerzas de seguridad.
A dos años de su desaparición no sólo no existen imputados, ni líneas firmes de investigación, peor aún, el único procesado es el compañero Fernando Grenno por el solo hecho de haber escrito con aerosol sobre una pared “¡Aparición con vida de Julio López!”.
Nada se avanzó respecto de la identificación del cadáver aparecido en Punta Lara a pocas horas de haber sido secuestrado López
Después de un año y medio, la Cámara Federal de Apelaciones dio lugar a la exigencia de que se aparte a la policía de la Prov. de Bs. As. de la investigación, pero no sancionó a los jefes policiales que habían estado a cargo de un procedimiento plagado de irregularidades.
Ni uno solo de los represores denunciados por López fue citado a declarar.
Para cerrar la trampa de impunidad y encubrimiento sobre la desaparición de Julio, la Sala de la Cámara de Apelaciones que entiende en la causa está integrada por un juez -Alberto Durán- de pública relación con la policía bonaerense y una jueza –Alicia Di Donato- que formó parte de esa fuerza durante los años de la dictadura. Los dos se niegan a apartarse de la causa,
El gobernador Daniel Scioli se comprometió el 18 de febrero de este año a dar inmediato trámite al petitorio de Justicia Ya! donde se exigía que se entregara a la Justicia el listado de los policías que actuaron entre los años 1976-1983, que se tomaran medidas respecto de las agencias de seguridad privadas, muchas de ellas propiedad y refugio de represores e investigadas en la causa y que se echara a los jefes policiales que han estado a cargo de la investigación. A la fecha, no hay ninguna respuesta.
El juez Corazza oculta a la querella decenas de cuerpos del expediente de donde surgirían importantes pistas que no son investigadas con la celeridad y seriedad que el caso requiere y en los últimos días ha manifestado que Julio López estaría muerto sin dar ninguna explicación sobre el tema.
Para el discurso oficial, Julio fue un traidor, un viejito perdido, un compañero con miedo que ya debía aparecer, el amigo Tito, y finalmente la nada.
Desde su asunción, la presidenta Cristina Kirchner ha puesto un manto de silencio absoluto sobre el tema.
Hace pocos días Leon Arslanian, ministro de Seguridad bonaerense al momento del secuestro, declaró a la prensa que a Julio López debía dárselo por muerto, ya que la “profunda investigación realizada no había arrojado resultados” queriendo así imponer un nuevo punto final, esta vez con respecto al Caso López. Porque la principal preocupación de los funcionarios nacionales y provinciales no ha sido hacer justicia sino asegurar la “gobernabilidad” de la policía bonaerense.
Más aún, al acercarse el segundo aniversario de la desaparición de Julio, se llegó a sugerir la necesidad de investigar “el entorno de López”, es decir, a quienes lo acompañaron cuando decidió retomar su militancia denunciando a los genocidas.
El gobierno de los Kirchner, desde el momento mismo de la desaparición de Julio López, se desentiende de su responsabilidad en la aparición con vida y el castigo a los responsables políticos y materiales de su secuestro.
Con el silencio, con sus acciones e inacciones el gobierno garantiza IMPUNIDAD Y ENCUBRIMIENTO
Hoy, cuando preguntamos:
¿Y Julio López?
La única respuesta posible es :
Dos años de impunidad y encubrimiento.
Y por eso
Exigimos al gobierno su aparición con vida YA!
Castigo a los responsables políticos y materiales de su secuestro!
Después de más de treinta años de lucha popular contra la impunidad hemos conseguido que algunos genocidas estén en el banquillo de los acusados y sean condenados a cadena perpetua.
Hace pocos días fueron condenados los genocidas Menéndez y Bussi. Aunque estos no son los juicios que queremos y por los que seguiremos peleando, significan un extraordinario triunfo de las organizaciones de derechos humanos y del pueblo todo. Hemos conseguido juzgar a algunos de los responsables de crímenes contra el pueblo y esto es así gracias a la magnitud de nuestra lucha. Los genocidas saben que no pueden caminar tranquilos por las calles.
Sin embargo, debemos denunciar que los gobiernos de Nestor y Cristina Kirchner, a pesar de sus palabras condenatorias hacia los crímenes de la dictadura, no tomaron las medidas políticas para garantizar el castigo a todos los culpables.
Porque siguen sin ser exonerados los integrantes de las fuerzas armadas y de seguridad que actuaron durante la dictadura.
Porque siguen en sus puestos jueces y fiscales cómplices.
Porque no se abrieron los archivos secretos de la dictadura.
Porque no se anularon los decretos de indulto.
Porque con la complicidad de los fiscales, los jueces han paralizado, demorado o desguazado las causas contra los genocidas en cientos de expedientes en los que se investigan delitos aislados.
El resultado de esta política es que en cada uno de los juicios se acusa a un puñado de represores por unas pocas víctimas.
Hoy tras la anulación de las leyes de la impunidad han sido condenados sólo 28 genocidas, 2 fueron absueltos y uno, el prefecto Febres, fue asesinado con cianuro por su propia Fuerza, para que no rompiera el pacto de silencio.
Los genocidas Antonio Domingo Bussi y Luciano Benjamín Menéndez fueron juzgados por una sola desaparición y si bien fueron condenados a prisión perpetua, el asesino Bussi, que durante años fue dueño de la vida y la muerte en Tucumán, esperará sentencia firme en su country de Yerba Buena.
En la causa que hoy lleva adelante en Buenos Aires el Tribunal Oral Federal Nº 5, por Mansión Seré y el Circuito Mar del Plata contra tres jefes de área por tan sólo 15 víctimas, el fiscal Crous se opuso enfáticamente a la petición de que Comes, Mariani y Barda esperen sentencia en cárcel común alegando que “nada nuevo había ocurrido” que justifique su reconsideración. De los tres genocidas: dos disfrutan de la excarcelación y uno cumple prisión preventiva domiciliaria. Se entiende entonces porque este Tribunal no permite que estos juicios sean verdaderamente públicos, no sólo para evitar que nuestro pueblo pueda conocer la magnitud del genocidio, sino también para que no pueda juzgar el comportamiento de los jueces y fiscales que permiten la continuidad de la impunidad.
El testigo en esta causa, Mario Galvano, fue amenazado y golpeado el 31 de agosto.
En estos dos años permanecen impunes y sin ninguna investigación seria los autores de amenazas y ataques a testigos, querellantes, abogados, jueces y sus familias, mientras la mayoría de los genocidas procesados gozan de prisión domiciliaria y privilegios que les permiten seguir conspirando
Por eso exigimos:
Cárcel común efectiva y perpetua a todos los genocidas por todos los compañeros
Y Que se abran los archivos de la dictadura.
El gobierno de los Kirchner, que pretende aparecer como defensor de los derechos humanos, no sólo sostiene la impunidad que dice combatir, sino que responde a las luchas obreras y populares con represión.
El número de presos políticos es superior al de todos los gobiernos constitucionales posteriores a la dictadura.
La respuesta del gobierno a las demandas de diferentes sectores de nuestro pueblo es la utilización de la gendarmería y las fuerzas de seguridad en las rutas y en las calles, las patotas y la criminalización de la protesta social.
La existencia de presos políticos y procesados por luchar representa una amenaza dirigida a todos aquellos que estén dispuestos a pelear en defensa de sus derechos.
Hoy los presos políticos suman 43.
Siguen detenidos los 6 dirigentes campesinos paraguayos, que desde hace más de un mes están en huelga de hambre reclamando ser reconocidos como asilados políticos.
Siguen presos desde enero de 2006 los trabajadores de Las Heras, mientras se aseguró la impunidad del kirchnerista Varizat, que, en las manifestaciones del 2007 en Santa Cruz, atropello a un grupo de docentes.
A Karina Germano se le niega el derecho constitucional a las salidas transitorias.
Hace un año sigue detenido José Villalba, dirigente del movimiento de trabajadores desocupados.
En la ciudad de Buenos Aires fueron detenidos y siguen presos 23 compañeros por resistirse a un aumento descomunal del alquiler de las piezas del inquilinato en el que vivían y del que fueron desalojados.
En la rebelión espontánea de Castelar, por las calamitosas condiciones del Ferrocarril Sarmiento, fueron detenidos siete usuarios. Repudiamos la actitud macartista de Alberto Fernández que desató una caza de brujas acusando al militante José María Escobar y atacando a organizaciones populares opositoras como el PO, el MST , Proyecto Sur y la comisión de Reclamos de TBA.
En Córdoba fueron detenidos 9 dirigentes de Luz y Fuerza y un delegado del gremio municipal. La inmediata respuesta de los trabajadores consiguió su liberación. El procedimiento de detención reviste particular gravedad, ya que es la primera vez, desde 1984, que los compañeros fueron arrancados de sus domicilios en un operativo policial en horas de la madrugada por haber participado activamente en una manifestación de protesta el día anterior.
Centenares de dirigentes populares son citados por los tribunales y enfrentan juicios por luchar. Hay más de 5000 compañeros con procesos pendientes. A cada lucha de los trabajadores y el pueblo la respuesta es amenazas, palos, patotas y nuevos procesados. Los ejemplos son múltiples.
En el INDEC a la manipulación kirchnerista de los índices se suma la presencia permanente de las patotas de Moreno que amedrentan a los trabajadores.
El gobierno reactivó causas, que incluyen penas de hasta 25 años. Este es el caso de los 23 procesados por la rebelión en la Estación de Haedo. También el de los 7 compañeros del Hospital Francés en represalia a su lucha contra el cierre y por la nacionalización en el PAMI. Avanza también la intimidación a sus abogados defensores, uno de los cuales está procesado.
Los trabajadores en lucha de Mafissa, de DANA y del ingenio El Tabacal sufrieron la militarización de sus lugares de trabajo.
Los trabajadores del Casino Buenos Aires fueron brutalmente reprimidos en los primeros meses de este año.
Hace pocos días fueron reprimidos los trabajadores de Fate y detenidos cinco de ellos, en respuesta a la lucha contra más de doscientos despidos.
Los obreros de Pirelli sufrieron dos desalojos y hostigamiento permanente de las fuerzas de seguridad.
Se suman a las campañas intimidatorias el secuestro por algunas horas y en dos oportunidades del dirigente de ATE Pablo Michelli y de un menor miembro del Movimiento Los Chicos del Pueblo.
Sigue el gatillo fácil y la impunidad de sus ejecutores .Durante los gobiernos de los Kirchner las victimas ya suman más de 961.
Denunciamos la persecución del gobierno de Macri a los estudiantes secundarios en lucha contra la destrucción de la educación pública. Especialmente la confección de las tristemente famosas listas negras y el procesamiento de algunos de ellos.
Seguimos exigiendo justicia verdadera para los pibes de Cromañon y castigo a todos los responsables políticos y materiales de la masacre.
Durante el 2007, el entonces presidente Kirchner y la senadora Cristina F de K hicieron sancionar la ley antiterrorista, exigida por el gobierno de Bush. Esta ley es una herramienta del Estado para reprimir al pueblo y sus organizaciones.

POR TODO ESTO EXIGIMOS AL GOBIERNO:

*Libertad a los presos políticos.

*Amnistía o desprocesamiento a los luchadores populares.

*Basta de represión, patotas y aprietes a los que luchan.

*Justicia para los pibes de Cromañon.

*No a la ley antiterrorista.

No podemos terminar este documento sin mencionar la gravísima situación que vive Bolivia.
Nos solidarizamos con el pueblo boliviano ante los ataques de la oligarquía latifundista y fascista apoyada por el imperialismo yanqui.
Hoy 18 de setiembre, a dos años de la desaparición de Julio López cada día es más evidente que el gobierno que tanto proclama su compromiso con los derechos humanos, en realidad los viola permanentemente y sólo protege con firmeza los privilegios de sus socios y aliados.
Julio, con más de setenta años, rompió con el silencio impuesto por lo que nos quieren escuchar y ofreció su memoria con generosidad, para que el asesino Etchecolatz fuera condenado a prisión perpetua por genocidio.
Por eso hoy estamos aquí, para exigir al gobierno la Aparición con vida de Julio López, para decir basta al encubrimiento y a la impunidad y exigir castigo a los culpables de su segunda desaparición.


COMPAÑERO JULIO LÓPEZ PRESENTE!

30000 COMPAÑEROS DETENIDOS-DESAPARECIDOS PRESENTES!

Asociación Anahí; Asociación de Ex Detenidos-Desaparecidos; Central de Trabajadores Argentinos (CTA) La Plata-Ensenada; Central de Trabajadores Argentinos (CTA) Prov. de Bs. As.; Centro de Abogados por los Derechos Humanos (CADHU); Centro por los Derechos Humanos; Hermanos Zaragoza; Centro de Profesionales por los Derechos Humanos (CeProDH); Comité de Acción Jurídica (CAJ); Comité de Defensa de la Etica, la Salud y los Derechos Humanos (CODESEDH); Familiares de Desaparecidos, La Plata; Fundación Investigación y Defensa Legal Argentina (FIDELA); H.I.J.O.S. La Plata; Liberpueblo; Liga Argentina por los Derechos del Hombre (LADH); Madres de Plaza de Mayo, La Plata; Unión por los Derechos Humanos, La Plata.; Casapueblos (Madrid); Campaña de Apoyo a los juicios contra los genocidas (España)