Israel recluta abogados para combatir las denuncias por crímenes de guerra

El Gobierno israelí prepara una contraofensiva legal como reacción a las denuncias que, previsiblemente, deberá afrontar en diferentes instancias y países por las presuntas violaciones de derechos humanos y crímenes contra la Humanidad cometidos por sus tropas en la última y devastadora ofensiva en la Franja de Gaza.
Entre las iniciativas en curso para obligar a Israel a responder ante la Justicia penal internacional se encuentra Los más buscados, una herramienta o­nline para conocer los rostros de los responsables de los abusos cometidos en la operación 'Plomo Sólido', y los cargos que se les imputa.
Lo más curioso no es la iniciativa en sí, sino que la página web encargada de promover el arresto y proceso legal de altos cargos israelíes por crímenes de guerra haya sido realizada en Israel (como demuestra su dominio, .il) y que su principal versión sea en hebreo.
La página, aún en construcción, recoge las fotografías de 10 rostros conocidos, desde altos cargos del Gobierno de Tel Aviv como el primer ministro Ehud Olmert o los ministros Tzipi Livni y Ehud Barak hasta responsables de las Fuerzas Armadas como el jefe del Estado Mayor Gabi Ashkenazi.

Se busca información

"Cualquiera que tenga información acerca de cuándo se encontrará el sospechoso fuera de las fronteras israelíes, que informe inmediatamente a...", indica antes de aportar una dirección postal en La Haya, sede del Tribunal Penal Internacional, un número de fax y una dirección de correo electrónico aparentemente vinculado con la institución judicial.
Los responsables del proyecto, que promete tratar todas las denuncias con total confidencialidad, pretenden propiciar así el encausamiento de los responsables de la masacre que ha costado la vida a más de 1.200 palestinos en la franja de Gaza, más de 5.000 heridos y daños tan extensos que son descritos como "si se hubiera producido un terremoto".
Conscientes de que sólo las denuncias promovidas fuera de Israel pueden llevar a sus autores ante la Justicia, el autor de la página –que se define como "un activista de Derechos Humanos israelí", según la prensa de Tel Aviv- pretende lograr 'soplos' con los que conocer a qué países pretenden viajar los acusados de crímenes de guerra y alertar con antelación a las autoridades locales.
Una vez que las querellas presentadas sean admitidas a trámite y se emitan órdenes de captura internacionales, las fuerzas de Seguridad se verán obligadas a detener a los acusados si se encuentran en sus territorios nacionales, como ocurrió con Augusto Pinochet cuando fue detenido en Londres por orden de Baltasar Garzón.

Justicia universal

Es el principio de la Justicia universal, y los israelíes ya han tenido desagradables experiencias con ella. Una querella presentada en España –por ejemplo- en nombre de las víctimas de delitos contra la Ley Internacional Humanitaria y documentada con pruebas se puede traducir en la detención de los acusados aunque los hechos no se hayan producido en territorio español.
El fiscal general israelí, Menahem Mazuz, advirtió la pasada semana del aluvión de demandas que se avecina, y las autoridades no han tardado en reaccionar para evitar que sus altos cargos y oficiales no puedan volver a tomarse unas vacaciones fuera de Israel sin correr el riesgo de acabar entre rejas.
La radio israelí anunciaba esta mañana que las Fuerzas de Defensa Israelíes (IDF) han decidido no publicar los nombres y fotografías de los comandantes que han participado en la ofensiva contra Gaza para evitar que sus nombres aparezcan en las querellas internacionales.
Del mismo modo, el Ministerio de Defensa liderado por uno de 'los más buscados', Ehud Barak, ha nombrado un comité de expertos legales encargados de recoger pruebas sobre la operación en Gaza que puedan ser esgrimidas a favor de sus oficiales, como las imágenes tomadas durante el asalto de la franja por miembros del IDF.
Eludiendo a la Justicia
Todo con tal de evitar que se repitan bochornosas experiencias pasadas como la que tuvo por protagonista a Doron Almog, responsable militar para el sur de Israel en 2002, incluida la por entonces ocupada Gaza. Almog fue acusado de crímenes de guerra por el lanzamiento de una bomba de una tonelada contra un bloque de apartamentos donde residía un líder de Hamas.
Murieron 16 personas, entre ellos numerosos niños. Los supervivientes denunciaron en Gran Bretaña y España. En 2005, Almog viajó a Londres y la policía preparó su arresto: advertido por la Inteligencia israelí mediante la radio del avión —perteneciente a la aerolínea israelí El Al— el general retirado nunca salió del aparato, que dos horas después despegó rumbo a Tel Aviv.
Algo parecido le ocurrió al responsable militar para Gaza Avi Kochavi, que tuvo que cancelar un viaje a Londres a última hora al ser advertido de que se preparaba su arresto, en 2006. Avi Ditcher, ex jefe de los espías israelíes, hizo lo propio en 2007: otra querella amenazaba su libertad.

Mónica G. Prieto