“El gobierno no controla los acontecimientos, la única iniciativa la llevan las víctimas y se ha perdido la mediación con ellos”, relata el corresponsal del diario madrileño El País (18/10). El ánimo de los manifestantes se encrespó aún más cuando se supo que los cuerpos de las primeras fosas clandestinas analizadas no eran los de los 43 estudiantes desaparecidos del magisterio de Ayotzinapa. Cientos de manifestantes incendiaron el Palacio de Gobierno y la alcaldía en Chilpancingo, capital del estado de Guerrero. En Acapulco, ícono turístico asolado hoy por los carteles, una gigantesca movilización popular convocada por maestros y organizaciones campesinas, con los padres de los estudiantes desaparecidos a la cabeza, reclamó su aparición con vida y coreó cánticos contra el gobierno y las fuerzas represivas.
Centenares de estudiantes de estados próximos a Guerrero, como Michoacán, han arribado para colaborar en la búsqueda de los desaparecidos, así como también lo hacen grupos indígenas. Ante la desconfianza hacia las autoridades, la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG) se lanzó a coordinar no sólo las movilizaciones, sino también la búsqueda. “Armados con machetes, picos y palas, cada mañana dos docenas de hombres en camioneta recorren los cerros que rodean a la ciudad siguiendo las pistas que les proporcionan los lugareños”, cita el corresponsal madrileño, que asegura que “los campesinos de la zona están organizando una especie de gobierno paralelo ante la falta de respuestas de las autoridades” (ídem, 17/10). Los estudiantes y docentes del Instituto Politécnico Nacional protagonizan ocupaciones solidarias en el Distrito Federal; lo mismo está ocurriendo en la Unam y otras universidades. “Todo está listo para un estallido”, concluye el cronista. A la caldera se añade la situación social: según la Ocde, México tiene el salario mínimo más bajo del mundo (4,90 dólares la jornada). El 42% de los trabajadores mexicanos (23 millones de personas) no llegan a la “canasta ampliada”, que incluye alimentos y acceso a servicios básicos (La Nación, 7/9).
Reacción estatal
El gobierno priísta de Peña Nieto teme que la situación creada pulverice su agenda de gobierno. Las 'reformas estructurales' (energética, fiscal, bancaria) han quedado ensombrecidas por la masacre, que podría ahuyentar una inversión extranjera temerosa de la extorsión de los carteles. En su pelea por el dominio del negocio de las drogas, éstos se han ido fortaleciendo a partir de una diversificación de sus actividades y del entrelazamiento con todas las instituciones (partidos, Justicia, policías regionales, etc.) Según Guillermo Trejo, de la Universidad de Notre Dame, “el crimen organizado fue paulatinamente expandiendo su acción a industrias extractivas de recursos naturales -la toma clandestina de gasolina, petróleo y gas- y de riqueza humana -la extorsión y el secuestro” (El País, 16/10). La desintegración estatal no parece tener retorno. Sólo este año, las fuerzas federales han debido intervenir cuatro estados: Tamaulipas, Michoacán, Guerrero y México. El secretario de Estado norteamericano, John Kerry, ha dicho que “estamos listos para tratar de ser tan útiles como podamos”. No está claro si Estados Unidos, principal demandante de la droga que manejan los carteles, prefiere un México unificado o un México desmembrado.
Intentando calmar los ánimos, el gobierno ha capturado a los presuntos jefes de los carteles de Guerreros Unidos y de los Beltrán Leyva, que operan sobre todo en el estado de Guerrero. Pero los cárteles no se han quedado de brazos cruzados: lanzaron una nueva oleada de crímenes y mensajes mafiosos, como el asesinato de la periodista María del Rosario Fuentes Rubio, integrante de una red de blogueros y tuiteros que denunciaban al narcotráfico en el estado de Tamaulipas. Su cuenta fue usurpada por éstos, que dejaron tuits intimidatorios contra otros activistas. “En los últimos tres años, 27 tuiteros y blogueros han sido asesinados en Tamaulipas” (Página/12, 18/10).
Centroizquierda
Mientras se acentúa el proceso de movilización de las masas, el centroizquierdismo mexicano oscila entre la complicidad con los carteles y el temor a la rebelión popular. El Consejo Nacional del PRD sostuvo por mayoría no exigir la renuncia del gobernador Angel Aguirre, un reclamo de todas las manifestaciones (el alcalde de Iguala, localidad donde habrían sido asesinados los estudiantes, se encuentra prófugo). Cuauhtémoc Cárdenas calificó a la renuncia del gobernador como una cuestión “absolutamente secundaria” y un asunto de conciencia del mandatario (La Jornada, 19/10). López Obrador, ex candidato presidencial que rompió con el PRD para formar el Morena (que cobija a algunas corrientes de la izquierda mexicana), se ha limitado a plantear “una revolución de las conciencias" (El País, 14/10), confesando la ausencia completa de un programa.
México asiste a un estado de virtual rebelión popular por la aparición con vida de los estudiantes del magisterio. Por la más amplia movilización obrera y popular, y por el derecho a la autodefensa de los explotados mexicanos contra el terror narco.
Gustavo Montenegro
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