Luego de las elecciones presidenciales del pasado 12 de octubre, que con amplia mayoría de votos posicionó la continuación del gobierno del Movimiento al Socialismo (MAS), Bolivia ya recibe nuevas leyes que emanan desde el cada vez más consolidado Estado Plurinacional boliviano. Es el caso de la Ley 334, Ley de “Descongelamiento y Efectivización del Sistema Procesal Penal” que fue promulgada recientemente por el Vicepresidente Álvaro García Linera (presidente en ejercicio en aquél momento). El objeto de esta ley (Art.1) es la implementación de procedimientos para agilizar la tramitación de las causas penales, reducir la retardación de justicia y garantizar una justicia pronta, oportuna y eficaz. A su vez, esta norma propone la modificación de dos artículos de la Ley del Órgano Judicial y a más de una veintena del Código de Procesamiento Penal (jornadanet.com ).
A juicio del gobierno, entre las cualidades de esta norma destacan: 1. permitirá aminorar la carga procesal al interior de la administración de la justicia; 2. elimina a los jueces ciudadanos instalando en lugar de ello tribunales con jueces técnicos; 3. una vez instalado el juicio oral las audiencias ya no podrán ser suspendidas bajo ninguna circunstancia hasta la conclusión del proceso; y, 4. elimina la vacación judicial colectiva –ahora serán individuales- por ser considerada perjudicial al desarrollo de los procesos penales. En palabras de García Linera, con esta ley se terminaría con la “chicanería judicial” en tanto acabaría con la retardación de justicia en los procesos penales y con ello el abuso y coimas que sufren los ciudadanos al llevar adelante dichos procesos.
Hoy el desprestigio y desgaste del órgano judicial y de toda la justicia boliviana en su conjunto es un hecho objetivo, un ejemplo de ello es el caso de que una gran cantidad de personas se encuentran presas, incluso por más de 5 años, en forma preventiva y sin juicio alguno. No sólo esto, como muchas, la justicia boliviana también es selectiva donde los “peces gordos” como banqueros, empresarios o, por ejemplo, los responsables de las represiones en los levantamientos y movilizaciones de la última década permanecen impunes.
Con esta reforma, el gobierno intenta legitimar la nueva estructura del sistema judicial del Estado, justicia que a los ojos del pueblo se presenta con la promesa de ser más oportuna, transparente y accesible. Sin embargo, voces entendidas en la materia, como la del Abogado Iván Lima, Magistrado del Tribunal Supremo de Justicia, indican que se trata de un grave retroceso alegando, entre los principales errores, que la eliminación de jueces ciudadanos es incompatible con el modelo constitucional de justicia y representa un retroceso de la democracia y la participación ciudadana.
Lo que se puede esperar de esta Ley, después de que el MAS obtuvo los 2/3 en la Asamblea Legislativa, es que continúe siendo selectiva, es decir, que responda a las necesidades del gobierno y permanezca al servicio de la clase dominante. Parte de esto es el inicio del proceso penal a tres magistrados del Tribunal Constitucional, suspendidos por haber frenado la Ley del Notariado que impulsaba el gobierno.
La justicia boliviana por un lado seguirá siendo un botín político de los partidos patronales, y, por otro, continuará siendo inoperante frente a las grandes demandas de la población obrera, indígena y de los sectores populares y más pobres del país: como el proceso seguido a 22 trabajadores mineros por parte del gobierno, que demandaban pensiones en las huelgas de mayo del año pasado. La complicidad por parte del Estado que mantiene impunes hechos de violaciones y feminicidios perpetrados por policías y militares como el caso de la periodista Analy Huaycho asesinada por su esposo policía (hoy prófugo de la justicia), así como la implementación de diversos mecanismos para garantizar la persecución política, continuarán siendo una constante en el proceder de la justicia plurinacional.
Gabiluna
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