Todos los días nuevos ex directores y gerentes son presos. En el último episodio, altos directivos de varias empresas también lo fueron. Las denuncias alcanzaron a las mayores empresas del país, así como a varios políticos del PT, PMDB, PP pero también del PSB y el PSDB.
Dilma declaró el 15 de noviembre que este escándalo “va a cambiar la historia de Brasil”. Según diferentes diarios, los contratos denunciados involucran la astronómica suma de 59 mil millones de reales (más de 20 mil millones de dólares). Este escándalo pone en evidencia la utilización de la mayor empresa del país al servicio del enriquecimiento de un puñado de millonarios que, en complicidad con directores y gerentes de Petrobrás, sobrefacturaban las licitaciones. Con los valores sobrefacturados, además de enriquecerse, repasaban un porcentaje a los directivos y los partidos involucrados.
Estas mismas empresas son las principales donantes de dinero a todos los partidos, desde el PT al PSDB. Este manejo de Petrobrás, según uno de los investigadores, es antiguo y se remonta a por lo menos 15 años atrás, es decir, es común a los gobiernos tucanos y petistas.
Las respuestas de los diferentes actores involucrados no favorecen a los trabajadores.
La comisión de investigación del parlamento (CPI)
Como este escándalo puede alcanzar tanto al PT como al PSDB, ambos partidos ya cerraron un acuerdo para dejar de convocar a políticos de ambos partidos a la Comisión Parlamentaria de Investigación (CPI), lo que impide que de sus resultados pueda salir la verdad o el castigo de corruptos y corruptores.
El parlamento tiene a decenas de miembros denunciados en el esquema de Petrobrás, y la mayoría de la Cámara y del Senado ha recibido financiamiento de esas mismas empresas. El resultado de esta vieja receta solo puede ser la impunidad, aunque es probable que algunos parlamentarios y empresas sean usados como chivos expiatorios.
La dirección de Petrobrás
Varios directores de Petrobrás fueron ubicados en sus cargos por políticos que podrían estar involucrados en el escándalo. La administración gerencial y toda la casta de privilegiados junto con ella, o son recomendados políticos o personal de “carrera” que se especializó en negociados y en atacar derechos laborales, lo que impide que las investigaciones en sus manos esté al servicio de otra cosa que garantizar la impunidad.
Graça Foster, directora de carrera de la empresa, asumió la presidencia después de pasar por la dirección de Gas y Energía, que podría estar también involucrada en este escándalo. Es decir, con excepción (hasta el momento) del área de “Explotación y Producción”, todas las áreas están involucradas. Cualquier investigación seria debería ser independiente de todos los directores y altos gerentes de estas áreas, y obviamente del director de “Finanzas”, indispensable para que el esquema pudiese funcionar.
Además, al asumir, Graça fue responsable de un brutal recorte en los gastos operacionales y de mantenimiento, que incluso ha costado la vida de trabajadores petroleros en accidentes laborales. A partir de estos escándalos, los petroleros y tercerizados de las grandes obras pueden esperar despidos masivos.
Los auditores “independientes”
Respondiendo a los intereses privatizadores de los accionistas privados (en acuerdo con el accionista mayoritario, el gobierno federal) y a las órdenes de la Bolsa de Valores de San Pablo (Bovespa) y Wall Street, Petrobrás contrató una empresa auditora, Price Waterhouse Coopers (PwC), que a su vez contrató a otras empresas para realizar una auditoría independiente.
PwC está presionando a Petrobrás. Exige la cabeza de Sérgio Machado, director recientemente licenciado de Transpetro, subsidiaria de Petrobrás, y ahora se rehúsa a firmar el balance trimestral de la empresa, afectando su valoración de riesgo y poniendo en peligro el precio de las acciones en la Bolsa de Valores. Esta presión está al servicio de fortalecer la utilización de Petrobrás para el enriquecimiento de los accionistas privados y presionar por una mayor privatización del petróleo nacional. Dilma, que ya privatizó el campo Libra, el mayor dentro de la riquísima zona de extracción martítima de crudo conocida como pre-sal, está cediendo a esta creciente presión privatista.
Además, PwC es una empresa famosa por sus fraudes. Su prontuario la involucra en grandes fraudes contables con la empresa rusa Rosneft, la canadiense Tyco y el banco norteamericano JP Morgan, uno de los ejes de la crisis económica que se desató en 2008. Es decir, tampoco será de la participación de esta empresa que podrá emerger la verdad.
La prensa al servicio de los privatizadores
Las mayores revistas y diarios brasileros, como la revista Veja, claman en sus páginas por una nueva era de privatizaciones más profundas en la industria del petrolero. Estas empresas periodísticas han usado recurrentemente el ejemplo de México, donde el gobierno viene llevando adelante una importante reforma privatizadora de la industria energética, como modelo para Brasil. En estos momentos en que todo el régimen mexicano está siendo acusado de asesinatos, no han dicho nada sobre el tema. Esta ubicación muestra que no es por la acción de los grandes medios que la verdad saldrá a luz.
La caja negra del poder judicial
Una parte importante de las denuncias aún se encuentra bajo secreto de sumario, sea en la Policía Federal de Paraná, donde comenzó el escándalo, sea en el Supremo Tribunal Federal. Las noticias son publicadas a cuenta gotas por los medios. Esto es así porque la justicia está vinculada con los empresarios y sus partidos (PT, PSDB). No hay nada independiente en esta justicia de funcionarios nombrados por los políticos y comprados por empresarios, que viven en en condiciones totalmente diferentes al resto de la población brasilera. Una justicia conocida por su cotidiano accionar a favor de la preservación de privilegios, cuyos salarios y beneficios suman millones de reales no pordá más que juzgar y encarcelar a algunas figuras a modo de fusible.
El silencio cómplice de la CUT y los sindicatos oficialistas
La mayor central sindical del país, la CUT, ha realizado manifestaciones por una reforma política” cuyo objetivo es presionar a Dilma para que convoque a un plebiscito en el que los trabajadores voten por “sí” o por “no” a una Constituyente exclusivamente convocada por este tema. Es decir, que este mismo parlamento de empresarios y corruptos vote qué cambiar del régimen político brasilero. Llamativamente, no se han pronunciado sobre el escándalo de Petrobrás.
La Federación Única de Petroleros (FUP) ligada a la CUT se ha limitado a presionar a Graça Foster para que los culpables sean castigados en forma ejemplar, sin ningún planteo independiente de la dirección de la empresa. Frente a los cuestionamientos argumentan que criticar a la dirección de la empresa o al gobierno es hacerle “el juego a la derecha”, sosteniendo así a la presidenta de la empresa que ha atacado a los petroleros, y puede estar involucrada en estos escándalos.
A los trabajadores nos interesa conocer toda la verdad, poner fin a los esquemas de corrupción, frenar y revertir la privatización de los recursos petroleros. Para eso, tenemos que ponernos a la cabeza de impulsar una investigación independiente de todas estas instituciones, que ponga nuestro interés en el centro. Los miles de millones de recursos petroleros que fueron a parar a los bolsillos de directores, gerentes y políticos tienen que ser restituidos y puestos al servicio del mejoramiento de la vida de las grandes mayorías.
Leandro Lanfredi
Rio de Janeiro
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