El desenlace del movimiento popular que busca la justicia por lo sucedido en Iguala marcará el futuro inmediato del país. Hasta donde hoy podemos vislumbrar, hay dos escenarios. En el primero, el movimiento se sostiene y hasta crece en cantidad y vigor, y sus demandas poco a poco van haciéndose más radicales. Esto podría conducir a la caída de Peña Nieto. Sería un colapso del régimen neoliberal similar al de Venezuela en 1989, Argentina en 2001 o Bolivia en 2003. Esto abriría las puertas a una nueva etapa del país y las posibilidades de construcción de un gobierno popular. El segundo escenario es el de la derrota del movimiento, sea por el desgaste, por la represión o ambos. Esto abriría la puerta para que el régimen se recomponga y el año próximo pueda realizar en relativa calma las elecciones intermedias, con lo cual recuperaría ante el mundo la imagen de legalidad, estabilidad y fuerza que ha perdido. En las líneas siguientes analizaremos cómo han afrontado la situación tanto el gobierno como las fuerzas populares, cada uno buscando el desenlace más favorable para sus intereses.
La respuesta inicial del régimen: guardar silencio y pasar la factura al PRD
En un primer momento, el Gobierno Federal trató de ignorar lo sucedido, guardó silencio con la intención de que toda la atención se dirigiera al gobierno local, hacia el gobernador de Ángel Aguirre. Conforme se conocieron los detalles de los hechos y se hizo evidente la responsabilidad del ejército, y por tanto del gobierno Federal, sea por acción y omisión, y conforme el movimiento iba tomando cuerpo, desde la presidencia se trató de aparentar que también se buscaba la solución del caso. El presidente desde entonces trató de convencer al país primero de que no tuvo nada qué ver y, segundo, de qué el también, y aún más que la sociedad entera, estaba interesado en el esclarecimiento del caso y el castigo a los responsables.
Victor Serge nos cuenta que el revolucionario ruso Egor Sazónov escribió desde prisión a sus camaradas: “¡Recuerden que el enemigo es infinitamente vil!”. Efectivamente, la burguesía y su gobierno utilizan cualquier desgracia, incluidas las que ellos provocan, para enriquecerse, para afianzar su poder, para eliminar a los opositores. Aprovechan la crisis económica para enriquecerse más usando subsidios o apelando a “rescates” gubernamentales o eliminando derechos laborales. Del mismo modo el gobierno federal aprovecha la tragedia de Iguala para golpear a su socio menor, el Partido de la Revolución Democrática (PRD), y en la medida de lo posible al Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA). El gobierno federal busca usar la tragedia para que en el mediano plazo, que el PRI vuelva al gobierno del estado de Guerrero.
Evidentemente, el PRD tiene una gran responsabilidad en lo sucedido. El presidente municipal de Iguala, Abarca, y el gobernador de Guerrero, Aguirre Rivero, llegaron al cargo con las siglas del “sol azteca”. Ese partido es responsable por avalar a esa gente y, en general, por haberse convertido en una maquinaria burocrática sin discusión ideológica y programática, en una agencia de colocación para cargos públicos donde opera un pacto entre las distintas tribus de que una vez recibida su cuota de poder (de puestos públicos y partidarios), no se cuestiona a las demás tribus por el modo en que usan y asignan los puestos de su propio botín. Los asesinatos, la tortura y la desaparición de los normalistas representan el hundimiento definitivo del PRD como partido popular y de oposición. Podrá sobrevivir, quizá, como cascaron burocrático, pero un partido popular, como lo fue en su inició, jamás lo será de nuevo. En lugar de deslindarse, de sacrificar a Ángel Aguirre lo más pronto posible, como aconsejaba el más elemental cálculo de conveniencia, ya que decencia y principios no tienen, la dirigencia del PRD se empeñó en sostenerlo y la caída del gobernador los ha arrastrado también. Aún ahora, la demanda de Cuauhtémoc Cárdenas de que renuncie toda la dirigencia del partido ha llegado tarde.
La maniobra de Peña Nieto consiste en lavarse las manos de la propia responsabilidad y hacer recaer toda sobre el PRD. Esto no con el fin de destruirlo como partido, sino de tenerlo aún más sujetado y amarrado para futuros pactos de colaboración con el proyecto neoliberal y contrainsurgente y para simular que hay democracia, contrapesos, oposición. Entre más débil y desprestigiado esté el PRD, más dependiente se vuelve de su alianza con (sometimiento al) priismo.
El intento de involucrar a MORENA no ha sido exitoso. Las maniobras burdas para vincular a López Obrador con Abarca no convencen a nadie, tampoco han logrado convencer a la gente de que apoyaba a Aguirre o tenía cercanía con él. El hecho de que el precandidato de ese partido al gobierno de Guerrero sea parte del gabinete de Aguirre no ha logrado construir la precepción de que haya alguna complicidad. Más adelante, cuando hablemos de las vías de solución de la crisis, retomaremos el análisis de MORENA.
El régimen realiza un repliegue táctico
Ante el movimiento popular que rápidamente se articuló en torno a la demanda de la presentación con vida de los 43 normalistas desaparecidos y el castigo a los culpables de ello y los asesinatos sucedidos el 26 de septiembre en Iguala, la primera reacción del gobierno federal fue replegarse. Desde días antes, había tomado hacia el movimiento del Politécnico una actitud conciliadora, tolerante, de aparente apertura, sin duda una maniobra encaminada a enredar al oponente, de atraerlo al campo propio para golpearlo mejor llegado el momento.
Desde el día de su regreso a la presidencia de la República y con la decidida colaboración del gobierno de la Ciudad de México, el PRI echó mano de la represión. Las detenciones arbitrarias del 1 de diciembre de 2012 sólo fueron el comienzo de una nueva etapa en la Ciudad. Los mexicanos habían conquistado el derecho a manifestarse, a la protesta y durante años lo ejercieron en la Capital con cierta libertad y seguridad pero a partir de que Peña Nieto tomó posesión del cargo, en cada manifestación se dieron detenciones arbitrarias por parte de la policía capitalina, golpizas y todo tipo de vejaciones. El pretexto para la represión siempre fue los destrozos que grupos de supuestos anarquistas realizan en el comercio, transporte público y oficinas de gobierno. Por regla, los encapuchados que causan los desmanes nunca son detenidos mientas que las personas que sufren la violencia gubernamental no participan en los destrozos y muchas veces ni siquiera participan en las marchas. La muestra más fehaciente del rostro represivo de este gobierno la tuvimos el 13 de septiembre de 2013 cuando un amplio operativo policiaco-militar desalojó a la CNTE del Zócalo.
Con estos antecedentes, a finales de septiembre de 2014 había fundados temores de que los politécnicos fueran objeto de la represión; especialmente, se esperaba que en la marcha del 2 de octubre hicieran presencia los famosos supuestos anarquistas encapuchados y desataran la violencia, como el 1 de diciembre de 2014, y dieran ocasión al gobierno para aplastar en la cuna al movimiento de los politécnicos. Muchos temíamos que la marcha del 2 de octubre estuviera marcada por las golpizas y detenciones arbitrarias contra inocentes que se han vuelto regla en la Capital. Sin embargo, eso no sucedió. A diferencia de las marchas del par de años anteriores, en la del 2 de octubre de este año prácticamente no hubo presencia policiaca. Eso lo podemos entender como una decisión consciente del gobierno federal y capitalino de no reprimir la marcha de los politécnicos y estudiantes en general. Pero, ¿cómo explicar que el numeroso contingente de “anarquistas” y encapuchados que cada marcha causan destrozos en comercios y agreden periodistas, en esta ocasión haya decidido no actuar de esa manera? Hasta el momento, los diversos grupos que se reivindican como anarquistas no han dado una declaración al respecto. Es una coincidencia muy curiosa que unos y otros, fuerzas policiacas y “anarquistas”, hayan decidido no actuar en la marcha conmemorativa de la matanza de Tlatelolco. Si partimos del discurso que sostienen los propios encapuchados, justo ese hubiera sido el mejor momento para su “acción directa”, ya que no había policías que se los impidieran. ¿Será que estos grupos que generan violencia no le encuentran sentido a sus acciones si no hay fuerzas policías a las cuáles enfrentarse y provocar? ¿O será que unos y otros, “anarquistas” y policías, formaban parte de una sola estrategia de dejar que la marcha del 2 de octubre se desarrollara en paz?
Sin lugar a dudas, los estudiantes politécnicos despertaron casi en cuanto se empezaron a movilizar una gran simpatía entre la población. Por otro lado, las atrocidades de Iguala despertaron inmensa rabia e indignación entre todos los mexicanos. Conmovieron hasta a gente que tradicionalmente avala la represión contra quienes protestan. La extrema crueldad con que se trató a los estudiantes de Ayotzinapa ha generado hacia ellos y los familiares la más amplia solidaridad y respaldo. El gobierno federal percibió esto y concluyó que no podía atacar de frente este movimiento, al menos no en ese momento. Tenía que esperar a que a la gente se le acabara la energía, que se desgastara, que se le olvidara, que se resignara. Con este fin, cerca de un mes administraron la información, las noticias y sus acciones. Cuando vieron que la marcha del miércoles 22 de octubre exigiendo justicia fue multitudinaria, cuando comprobaron la vitalidad del movimiento y el tamaño de la indignación, decidieron ceder la renuncia de Aguirre Rivero al día siguiente con la intención de apaciguar la ira popular. Como las protestas grandes y pequeñas siguieron cada día a lo largo y ancho del país y se programó una nueva jornada nacional de lucha, un nuevo paro nacional estudiantil para el día 5 de noviembre, decidieron dar un día antes la noticia de que Abarca había sido aprehendido con la clara intención de desmovilizar a la gente y frenar las manifestaciones del día siguiente. Naturalmente, esto falló. Sobre todo, porque la gente tiene clara convicción de que la complicidad del gobierno con el narcotráfico se da a todos los niveles, de que no es un asunto local, como quiere hacernos creer la presidencia. Por otro lado, la gente desconfía con sobrada razón de que Abarca haya sido aprendido justo el día 4 de noviembre. Hay indicios de que se trata de un montaje y de que Abarca fue aprehendido muchos días antes en Veracruz y el anunció mediático fue reservado por el régimen hasta un momento que para él era conveniente.
Al gobierno se la acaban las cartas y empieza la contra ofensiva
El gobierno esperó pacientemente que pasara la tormenta pero la tormenta sigue. Las protestas son cada vez más frecuentes, cada vez más fuertes, cada vez involucran y suman a más gente, en México y en varios países. La imagen del gobierno mexicano se deteriora día a día en el mundo entero. Por úlitmo, las demandas se han radicalizado: a la exigencia de encontrar con vida a los 43 desaparecidos y el castigo a los culpables, se han sumado otras como la creación de una Comisión de la Verdad que aclaré lo hechos y cada vez toma más fuerza la demanda de que renuncie el Presidente Peña Nieto. Ante esto el gobierno se jugó su última carta: el anuncio de la supuesta muerte de los normalistas desaparecidos y el hallazgo de sus restos. El 7 de noviembre el procurador de la república, Jesús Murillo Karam, se presentó ante los medios para decir que tres sicarios del grupo Guerreros Unidos habían confesado que dieron muerte a los normalistas por órdenes del presidente municipal de Iguala, que habían incinerado los cuerpos en el basurero de Cocula, colocado en bolsas las cenizas y los habían arrojado a un río. Sin embargo, el propio procurador señaló que sería difícil y tardado identificar plenamente los restos, y por ello los estudiantes normalistas seguirían en calidad de desaparecidos para efectos legales. Con esto, el gobierno se juega su última carta, se le acaban los recursos para administrar el conflicto y no le queda más que dar por cerrado el caso. Con las declaraciones de Murillo Karam, el gobierno envía este mensaje: “los culpables ya están en la cárcel, los restos de los normalistas ya fueron localizados. El caso está cerrado, ya se hizo justicia y se aclararon las cosas. Ya no hay razones para la protesta”.
Evidentemente, a nadie convence la versión del procurador sobre el destino de los estudiantes desaparecidos y a nadie satisface la detención de Abarca pues hay plena conciencia de que se trata de un crimen de Estado que involucra a todos los niveles de gobierno. Justamente por esto último ha ido tomando fuerza la demanda de la renuncia del presidente. Sin embargo, el PRI ha decidido dar por concluido su repliegue y pasar a la contra ofensiva, ha decidido poner fin al movimiento y para ello se valdrá de todas sus armas: campañas mediáticas, provocaciones y en última instancia la represión.
El contraataque mediático
Al igual que el gobierno, los medios de comunicación del régimen inicialmente aparentaron ser sensibles a la tragedia de Iguala, “solidarios” y respetuosos con los familiares de las víctimas y hasta comprensivos con las protestas; pero siempre descargando toda la responsabilidad en el gobierno local de Iguala y de Guerrero y salvaguardando la imagen de Peña Nieto. Pero ya empezaron a darle un giro a su discurso, primero, negando vehementemente que se trate de un crimen de Estado, que haya responsabilidad del gobierno federal. Un claro ejemplo de esto es el artículo escrito por la periodista María Amparo Casar destinado a defender a capa y espada al presidente. En los noticieros ya empezaron a aparecer las notas alarmistas sobre las afectaciones que las protestas provocan a los empresarios de Guerrero y en especial del puerto de Acapulco, sobre la supuesta pérdida de empleos, sobre la escasa afluencia de turistas, etc. (en esas notas el noticiero de Milenio TV, por ejemplo, utiliza un tono dramático que no ha utilizado para hablar de los desaparecidos). Sobre todo, los medios ya empezaron a dividir claramente las protestas en “protesta buena y pacífica” y “protesta mala y violenta”, a una de manera paternalista e hipócrita “la comprenden” y hasta dicen apoyarla y a la otra la condenan, de manera sutil empieza el linchamiento y los llamados a “poner orden”. El 14 de noviembre la gran burguesía del país, a través de Gerardo Gutiérrez Candiani, presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), pidió al secretario de gobernación que “ponga orden” en el país y actúe con “mano firme” ante las protestas, sobre todo en Guerrero. El plan del gobierno es primero someter a una intensa campaña de linchamiento mediático a los normalistas, a los familiares de los desaparecidos y asesinados y a todos los que no se conformen con la verdad oficial de que el asunto está resuelto. Posteriormente, vendrá la represión. La amenaza ya fue lanzada por el propio presidente. El día 15 de noviembre por la noche, a su regreso de China, Peña Nieto dijo, palabras más palabras menos, que el Estado tiene la facultad de usar la fuerza “cuando se ha agotado cualquier otro mecanismo para restablecer el orden”. Un elemento importante de la campaña de desprestigio contra el movimiento que los medios ya echaron a andar es señalar que “hay grupos ajenos que se aprovechan del legítimo reclamo de los padres de los desaparecidos, grupos que utilizan la comprensible protesta de los padres, son grupos con intereses obscuros, grupos que generan violencia”.
Reaparece la provocación
Para que la represión pueda darse con un mínimo de aval en la sociedad, primero se debe restar fuerza moral al movimiento, quitarle legitimidad pero eso parece difícil, el día de hoy es tal el hartazgo y la indignación que incluso personas que comúnmente son ajenas u hostiles a los movimientos populares se han sumado a las protestas o al menos no las condenan. Aquí es donde juega su papel la provocación, los actos violentos que alejan a la gente de las manifestaciones, le restan apoyo al movimiento y desatan la histeria de la parte más conservadora de la sociedad para que pida “mano dura” y que se restablezca el “orden”.
Desde ahora debemos precisar que el movimiento sigue dinámicas muy diferentes en Guerrero y en el resto del país. En Guerrero se vive una verdadera insurgencia cívica, a lo largo y ancho del Estado hay protestas, plantones y toma de palacios municipales. Con los normalistas, los familiares de las víctimas de Iguala, la CETEG y las policías comunitarias como vanguardia, múltiples organizaciones populares y buena parte de la ciudadanía se han levantado contra el gobierno. Las protestas han sido cada vez más fuertes, lo cual ha incluido bloqueos carreteros, quema de oficinas de gobiernos municipales y del estatal, quema de oficinas de los partidos políticos involucrados en el crimen. Sin embargo, es preciso señalar que en esa entidad se encuentran la mayoría de los familiares de las víctimas directas y donde asentaban su poder los responsables inmediatos del crimen, además, estas acciones de fuerza tienen un carácter masivo, son realizadas por cientos de maestros, normalistas, ciudadanos y con el respaldo y a veces presencia de los familiares de las víctimas, son realizadas por organizaciones con una amplia tradición de lucha. Estas acciones han sido cubiertas por un amplio movimiento nacional e internacional de solidaridad con los normalistas.
Muy diferente es la situación de la mayor parte del país y especialmente de la capital. Aquí no se encuentran ni los familiares de las víctimas ni los responsables inmediatos, no hay organizaciones de masas con experiencia en la lucha callejera y en general la ciudadanía, aún la involucrada en el movimiento, no acepta las acciones violentas. Este es el momento donde debemos tratar el tema de la provocación. Llama poderosamente la atención que luego de más de un mes de no asomar la cabeza en las manifestaciones, los encapuchados hayan vuelto a aparecer justo en los momentos en que el gobierno pretende dar por cerrado en caso y los empresarios claman por la represión. Estos llamados a usar las fuerzas policiacas y militares para detener las protestas no tendrían eco si no tuvieran como marco acciones que les den pretexto como la quema del metrobús cerca de Ciudad Universitaria el 5 de noviembre o la “quema” de la puerta de palacio nacional el 8 del mismo mes. Existen fundadas sospechas de que estos actos fueron realizados por provocadores del gobierno, sobre todo, el intento de quema de la puerta de palacio nacional. En todo momento, palacio nacional tiene una guardia de policía militar pero ese día y en ese momento, no había un solo elemento resguardándolo y los “anarquistas” pudieron hacer y deshacer a su gusto cerca de una hora. Por otro lado, ninguno de los que atacaron palacio nacional fue aprehendido pero sí fueron detenidas en el centro histórico 18 personas que no tuvieron nada qué ver con los hechos. Con lo ocurrido el 8 de noviembre en palacio nacional vuelven las temidas detenciones arbitrarias. Parece que se acabó el repliegue del gobierno y viene el contraataque, reaparecen los siempre escurridizos encapuchados que con sus acciones lo “justifican” ante la opinión pública.
Suponiendo que quienes realizaron estos actos no son provocadores sino compañeros de lucha, podríamos decir que estas acciones son equivocadas y contraproducentes por muchas razones.
1) No son producto de un acuerdo de todo el movimiento, son obra de pequeños grupos que las realizan al margen del resto de los estudiantes, sin consultarlos, sin avisarles y, muy importante, sin prevenirlos, lo cual los hace vulnerables a la represión. Pero, aunque no son consensuadas con el movimiento amplio y de masas, casi siempre se realizan bajo su amparo. Los “anarquistas” realizan los actos violentos generalmente en el marco de una marcha más amplia y pacífica.
2) No van dirigidas a objetivos directamente relacionados con los crímenes de Iguala, y por tanto carecen de respaldo y sentido para la mayoría de la población. Muchas personas quizá no aprueben del todo que los normalistas y la CETEG incendien las oficinas del PRI en Guerrero o el palacio de gobierno pero de alguna manera lo comprenden. Pero ¿qué tiene qué ver el metrobús con lo sucedido en Iguala? Nada, absolutamente nada. Ante muchos ciudadanos, es simple vandalismo que confirma las aseveraciones del gobierno de que en el movimiento hay gente con intereses propios, con intereses distintos a la búsqueda de los 43 y el castigo a los asesinos de los 3 normalistas caídos y 3 ciudadanos.
3) Son el pretexto ideal para la represión, atemorizan y alejan de las manifestaciones a personas que apenas se van incorporando a la lucha y que no están dispuestas, por ahora, a trascender los métodos legales o los pacíficos.
4) Por último, no tienen un objetivo claro. ¿Cuál era el objetivo del ataque a palacio nacional? ¿Entrar al palacio, tomarlo? Evidentemente, este objetivo jamás lo hubiera conseguido ese puñado de personas que en las manos sólo tenía algunas bombas caseras y palos. Suponiendo que hubieran podido entrar, ¿qué harían? ¿Cómo enfrentarían a los cientos de soldados que hay ahí adentro? ¿O acaso el objetivo era simplemente desahogar la rabia, sacar el coraje y la ira? En este caso diríamos que es un medio muy arriesgado y contraproducente de hacerlo. En estos dos primero casos, estaríamos hablando de compañeros muy desorientados, con una visión completamente errada de la coyuntura, poseídos de un radicalismo superficial y estridente pero sin efectividad alguna. Sin embargo hay una tercera posibilidad, que el objetivo fuera simplemente dar un show a los medios de comunicación. En este caso estaríamos hablando de infiltrados que montan una provocación para justificar la represión y atemorizar y ahuyentar de la lucha a los sectores más vacilantes de la población.
Mención aparte merece lo sucedido en Ciudad Universitaria el 15 y 16 de noviembre. Según la versión oficial, por motivos banales como investigar el robo de un teléfono celular, el sábado, 15 policías del gobierno del D.F. se adentran en CU y toman fotos a quienes ocupan el auditorio Che Guevara. Al ser increpados y perseguidos, reaccionan violentamente, disparan contra los estudiantes y huyen. Un dato importante es que huyen a pie y dejan abandonado el auto en el que iban. Al lugar no se presentan agentes del ministerio público ni autoridades universitarias a resguardar las pruebas como los casquillos que quedaron en el suelo o el auto abandonado. Todo indica que se trata de una provocación hacia el sector más irreflexivo e infiltrado del movimiento estudiantil, el que se agrupa en el auditorio Che Guevara, la idea es que éstos respondan con acciones similares a la quema de palacio nacional y den pretexto para la represión. Y así lo hicieron. Por la noche del mismo día los estudiantes sacan de CU en el auto, con él bloquean la avenida insurgentes y le prenden fuego, destruyendo así las evidencias del ataque que acababan de sufrir. Con esa excusa cientos de policías antimotines entran a la universidad y hay violentos enfrentamientos con los estudiantes que tratan de impedirlo. Además, las provocaciones y la torpe respuesta de los encapuchados opaca ante la opinión pública otros hechos como el encuentro de los normalistas con el EZLN o la masiva manifestación del mismo día hubo en Chihuahua. Y aún más, desvía las fuerzas del movimiento. Las consignas de la marcha del día domingo 16 por la mañana en Ciudad Universitaria ya no fueron la aparición con vida de los 43 ni la renuncia de Peña Nieto sino las renuncias del jefe de gobierno de la ciudad, Miguel Ángel Mancera, y del rector de la UNAM, José Narro. Evidentemente, ellos tienen la responsabilidad del ataque policiaco contra los estudiantes de la UNAM, pero en este momento debemos afinar la puntería y dirigir las protestas a Peña Nieto, a la cabeza, no a piezas secundarias del régimen.
Sin embargo, parece que luego de un par de años de documentar la presencia y actuar de los provocadores en las marchas, la gente ya aprendió a identificarlos y asilarlos. El día 16 la marcha concluyó con un mitin en la torre de rectoría. Ahí los provocadores o, en el mejor de los casos, los compañeros ultraizquierdistas trataron de tomar la torre de rectoría sin que hubiera acuerdo entre los asistentes. Afortunadamente, los estudiantes lo impidieron, no se dejaron imponer una acción que no habían discutido ni acordado democráticamente. La toma de la rectoría habría dado material suficiente a los medios de comunicación para bramar contra el “vandalismo” y para clamar por que el gobierno “ponga orden”. Además, hubiera trasladado la atención y energía de los universitarios al ámbito local, cuando lo que se necesita es que se vuelquen a las movilizaciones nacionales.
Los tiempos del régimen y la sombra de Atenco
El gobierno desea que esto acabe a principios de 2015, pues en el mes de julio de ese año hay elecciones para renovar la cámara de diputados, son las elecciones más importantes antes de las presidenciales de 2018. Le interesa que los comicios se den “en paz” y así poder recuperar la imagen de estabilidad y legalidad ante los gobiernos y corporaciones extranjeras. Si el movimiento sigue pujante a esas fechas, las elecciones pasarán a un segundo plano, es decir, la política institucional, monopolizada por la partidocracia neoliberal, será desplazada por la política del pueblo, por la política desde abajo, independiente del entramado institucional oligárquico. Eso representaría una crisis aún mayor no sólo para Peña Nieto sino para todo el régimen de partidos, para toda la clase política que sustenta al modelo neoliberal. Por todo ello el gobierno tratará de poner fin al movimiento, si es preciso con la represión (y nunca olvidemos de lo que es capaz Peña Nieto, Atenco es una advertencia), a más tardar en las primeras semanas del año entrante. Pero para poder hacerlo, primero la campaña mediática debe mellar la legitimidad de las protestas y las provocaciones deben prosperar. Lo sucedido hoy en CU, la firme determinación de los universitarios de no dejarse arrastrar por una minoría a acciones no consensadas y riesgosas, es una alentadora esperanza de que eso no va a suceder.
Las alternativas populares a la crisis
El primer reto del movimiento es mantenerse activo en diciembre, mes difícil para toda iniciativa de acción política. Supongamos que lo logra y que logra impedir o resistir la represión. ¿Cuáles serían entonces las alternativas desde el campo popular para resolver la crisis? Sin duda, todo apunta a provocar la caída de Peña Nieto pero como bien señala Guillermo Almeyra, levantar esta demanda “sin proponer una alternativa, implica un salto al vacío y no puede convencer a la mayoría de la población que, aunque horrorizada por la represión, teme un cambio, sigue siendo pasiva y conservadora y no hace en las grandes empresas ni siquiera paros simbólicos solidarios.”
Hasta el momento, hay dos alternativas. La primera es que Peña Nieto renuncie o sea obligado a renunciar y se convoque a nuevas elecciones. Hasta el momento, parece que MORENA es el único instrumento con que cuenta el pueblo para poder llegar al poder por la vía legal, es la única organización con registro ante el instituto nacional electoral. Sin embargo, si cae Peña Nieto pero no hay un poderoso movimiento popular que vigile e imponga que las elecciones sean limpias, bien puede darse un nuevo fraude que ponga en la silla presidencial un nuevo títere de intereses oligárquicos nacionales y extranjeros y termine dando oxígeno al régimen. Plantearse que un posible triunfo de MORENA pueda darse gracias a una campaña electoral tradicional sin el apoyo de una amplia movilización social que trascienda las bases y objetivos del propio MORENA, es una ingenuidad.
Sin embargo, la situación es aún más complicada: una gran parte del movimiento popular, empezando por los estudiantes de la FECSM, no creen en MORENA, no confía en ellos; incluso algunas organizaciones y movimientos sociales los ven como parte del régimen que les arrebató a sus compañeros. La segunda alternativa es que el movimiento popular acceda al gobierno sin utilizar el registro de MORENA, es decir, por fuera del marco constitucional y sin que medien elecciones. Para ello se necesita mucho más que la caída del presidente, se necesitan un derrumbe total del sistema político, un vacío de poder de tal magnitud que permita que se instale de facto, por la vía de los hechos y sostenido por la fuerza de la movilización, un gobierno popular, tal como sucedió en las revoluciones del siglo XX. Ese gobierno provisional tendría que convocar a un nuevo Congreso Constituyente que refunde la nación. Ambas rutas tienen riesgos y dificultades.
En este momento la crisis se pude resolver hacía la derecha o hacia la izquierda, y en cualquier caso eso definirá el futuro inmediato del país.
Ismael Hernández Lujano
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