El lunes 3 de agosto, la estatal Corporación para el Financiamiento Público (CFP) incumplió un pago de 58 millones de dólares a sus acreedores. Aunque Puerto Rico viene garantizando otros depósitos, se aproximan vencimientos por casi 500 millones en las primeras semanas de agosto. Con ello crece la amenaza de un default, luego de que hace pocas semanas, el gobernador Padilla García reconociera que es impagable la deuda pública, que asciende a más de 72 mil millones de dólares y equivale a un 70% del PBI portorriqueño.
Las autoridades de San Juan parecen haber dejado caer el compromiso de la CFP (cuyos bonos, mayormente en manos locales tienen menos protección legal que otros), como un “mal menor”, apuntando además a un doble objetivo: reservar sus recursos para cumplir hasta donde puedan con los grandes acreedores estadounidenses y presionar a Washington para lograr algún tipo de ayuda.
Sin embargo, a pesar de las febriles negociaciones del gobernador y del delegado ante el Congreso, así como de declaraciones favorables desde el gobierno de Obama, parece poco probable que haya un rescate federal. En el Congreso los republicanos rechazaron la posibilidad de extenderle a Puerto Rico el capítulo 9 de la Ley de quiebras (que permite declararse en bancarrota a los municipios, como ocurrió en 2013 con Detroit) y siguen las discusiones para ver si puede implementarse lo que el Secretario del Tesoro Jacob Lew llama “un proceso ordenado de reestructuración de unos pasivos insostenibles”, austeridad mediante.
En los medios de prensa se señala a Puerto Rico como la “Grecia del Caribe”, por la profundidad de la crisis. Si bien las dimensiones de los préstamos comprometidos en la isla caribeña son relativamente menores, para el tamaño de las finanzas yanquis, el peligro de default se presenta en un escenario cargado de tensiones, con varias ciudades estadounidenses sobreendeudadas y con el antecedente de Detroit aun fresco, todo ello en momentos de tensiones en la economía y las finanzas mundiales de las que Grecia, los temblores en la bolsa china y la propia situación portorriqueña son indicadores.
Entre tanto el pueblo trabajador ya está pagando los costos de la depresión económica y la cuasi bancarrota financiera, sufriendo las consecuencias de los primeros “ajustes” que García impone. Mientras hay un verdadero éxodo migratorio, con lo que la población remanente disminuye y envejece año en año, la pobreza afecta a más de un cuarto de los habitantes, el desempleo supera el 12% (más del doble que en Estados Unidos) y muchos dependen de los planes de ayuda social y sanitaria. El gobierno local ha impuesto el racionamiento de agua (en medio de una dura sequía), el cierre de decenas de escuelas, recortes en educación, en la atención hospitalaria, en el servicio de transporte público y hasta en la atención de los tribunales. Las medidas de austeridad no hacen más que empezar: un estudio encargado por acreedores a la ex-FMI Anne Krueger recomienda recortes mayores en educación, despido de maestros, eliminación del salario mínimo legal y privatizaciones para garantizar el servicio de la deuda.
El fenomenal aumento de la deuda pública en la última década, al tiempo que se aplicaban medidas neoliberales, privatizaciones e incentivos fiscales para los inversores no sólo fue un gran negocio para la especulación financiera, sino que expresa una más profunda crisis estructural del capitalismo portorriqueño, hoy un devaluado apéndice de economía estadounidense que no puede competir con la mano de obra más barata de China o México. Se trata de la bancarrota del “modelo” económico neocolonial evidenciada en la larga depresión de casi una década. Ésta se combina con la pérdida de importancia geopolítica y militar de la Isla en tiempos de “deshielo” con Cuba y reajustes de la relación con América Latina.
Lo que está sobre la mesa es la crisis general de la relación colonial impuesta por Estados Unidos bajo la figura de “Estado Libre Asociado”, aspecto escamoteado en muchos de los análisis de la prensa burguesa.
Desde la ocupación yanqui tras la guerra de 1898 con España, Puerto Rico “pertenece a Estados Unidos pero no es parte”, al igual que varias otras posesiones insulares en el mundo. Se trata de colonias consideradas en Washington como “territorios no incorporados”: las Islas Marianas del Norte, Guam, Midway, Wake y otras en el Pacífico, o en el Caribe las Islas Vírgenes, Navassa, la bahía de Guantánamo y la propia Puerto Rico -la mayor y más poblada de todas-.
Desde 1952, el estatuto del Estado Libre Asociado (ELA) establece una fórmula neocolonial que otorga alguna autonomía local (como elegir al gobernador y dotarse de leyes propias) pero deja a Puerto Rico bajo tuición del Congreso, que puede suspender la Constitución portorriqueña y vetar cualquier norma dictada por el gobierno local, impide a Puerto Rico apelar al FMI u otras instituciones financieras internacionales para obtener préstamos con los que apuntalar su situación financiera y muchas otras restricciones (sólo pueden llegar a los puertos de la isla naves de cabotaje estadounidenses, no de terceros países), que empeoran la crisis y restan posbilidades de maniobra a las autoridades locales.
Contra los cínicos discursos imperialistas que hablan de países que se endeudan pero no “honran sus compromisos” por ser despilfarradores o estar poblados de gente que “no quiere trabajar ni es capaz de ahorrar”, el caso de Puerto Rico demuestra a las claras que se trata de un “hundimiento por saqueo financiero y comercial y encadenamiento colonial.
Dada la relación colonial y los entrelazamientos del capital yanqui en la situación isleña, no es casual que la situación portorriqueña se convierta en tema de debate “doméstico” en la política y las finanzas estadounidenses, en un año preelectoral donde el voto de las comunidades de origen latinoamericano es un factor de peso en la disputa entre demócratas y republicanos.
Puerto Rico sólo tiene un delegado consultivo ante el Congreso (sólo vota en situaciones secundarias en una Comisión) pero los portorriqueños cuentan con pasaporte estadounidense, lo que les permite votar si establecen domicilio en territorio de los EE.UU. Conforman una de las más antiguas e importantes comunidades hispanas, con 4.600.000 personas concentradas en Nueva York, y más recientemente Florida y Texas (en la isla viven unos 3.500.000, es decir, menos de la mitad de la población boricua). Hay tres representantes demócratas y otros tres republicanos de origen boricua, y el comportamiento de esta comunidad -que en mayoría vota por los demócratas- puede influir en las primarias y en las elecciones presidenciales en estados como Florida. Además, en la Isla, mientras el gobernante PPD (Partido Popular Democrático) se alinea con los demócratas; el opositor PNP (Partido Nuevo Progresista) está ligado a los republicanos.
No sólo figuras del gobierno de Obama y candidatos demócratas como la propia Hillary Clinton tratan de ganarse el apoyo portorriqueño e hispano en general, mostrándose más “comprensivas” en declaraciones favorables a una reconsideración de la situación portorriqueña, sino que incluso algunos precandidatos republicanos como Jeb Bush (gobernador de Florida) intentan congraciarse con una porción de ese electorado, en el marco de que todos defienden el estatuto neocolonial y pretenden que Puerto Rico pague en los términos más favorables posibles a los acreedores estadounidenses.
También en el campo de los acreedores de Puerto Rico se han abierto discusiones sobre cómo asegurarse el cobro. Unos 20.000 millones estarían en mano.
Eduardo Molina
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