Están en juego conquistas históricas de la clase obrera
El gobierno francés de Emmanuel Macron ya ha puesto sobre la mesa la reforma laboral que pretende imponer a través de ordenanzas (decretos) el día 22 de septiembre, haciendo uso de los superpoderes que le fueron concedidos recientemente por las dos cámaras del Parlamento Francés. Raramente usado, el método de imposición da cuenta de un operar bonapartista.
El 12 comenzará una serie de movilizaciones en rechazo a la reforma.
La reforma supone un mazazo histórico a la clase obrera francesa, buscando liquidar las conquistas consagradas en el Código de Trabajo de 1910 y muchas de las obtenidas con las grandes movilizaciones de 1936 y 1945, por lo que ha sido saludada como una “hermosa reforma” por los capitalistas nucleados en el Movimiento de Empresas de Francia (Medef).
Integra un programa de ajuste en toda la línea por parte de Macron –que incluye golpes a las jubilaciones, baja de prestaciones sociales como los subsidios para alquileres, liquidación de los subsidios a la vivienda social, reducción de las prestaciones y cotizaciones por desocupación, baja de las cotizaciones patronales y aumento de las exacciones a asalariados y jubilados. Se diferencia de programas anteriores por su carácter de largo alcance (5 años) y la apelación a prácticamente todos los mecanismos.
La liquidación del Código de Trabajo es a la vez la primera etapa de fondo y busca ser la demostración de que el “método” funciona.
Por la magnitud de la potencia que aplica la reforma, grandes medios patronales han posado su atención en el tema y han saludado la reforma (New York Times, Financial Times, Die Welt).
Para enfrentar la resistencia popular a esta declaración de guerra, el gobierno de Macron echará mano del estado de emergencia establecido con la excusa del terrorismo, decretado por Hollande y prorrogado hasta hoy.
Reforma
Uno de los puntos fuertes del texto de 160 páginas es la facilitación y abaratamiento de los despidos, un reclamo clave de las patronales. Mientras que antes las indemnizaciones eran fijadas por una justicia paritaria (compuesta por jueces, patronales y representantes sindicales designados por elecciones de las Confederaciones), ahora se fijan los montos en las ordenanzas, estableciéndose “topes” miserables: por menos de 2 años de trabajo, un mes de salario; por 2 años de trabajo, 3 meses; para los trabajadores con 30 años o más de antigüedad, un máximo de 20 meses.
A su turno, se permite a las multinacionales acometer despidos colectivos arguyendo “dificultades económicas” en sus operaciones en Francia, sin tener que dar cuenta (como hasta ahora) de su situación en otros países de operación –es decir, con la facilidad de tejes y manejes contables.
En las pequeñas y medianas empresas –de hasta 50 trabajadores–, que emplean actualmente a 6 millones de asalariados, las concesiones a la arbitrariedad patronal son de magnitud. En las que cuentan con menos de 20 empleados, el patrón puede imponer negociaciones –y los “acuerdos” correspondientes– sin intervención de sindicatos; todo lo que no es atributo del acuerdo por rama profesional puede ser “aprobado” en la empresa a través de una votación -luego de una negociación (sic) con cualquiera; mientras que en las empresas de entre 20 y 50 trabajadores, la patronal debe negociar con un “delegado” del personal, sin mandato y sin afiliación sindical. A nivel de la empresa se pueden tomar todas las decisiones referidas al tiempo de trabajo, a las primas (en Francia el aguinaldo no es legal, sino convencional) y las condiciones de trabajo. Así, la jornada de 8 horas, el descanso dominical, etc., desaparecen y son objeto de una “negociación” y de un “acuerdo” impuesto.
La reforma tiene también en la mira la reducción del poder de lucha de los sindicatos: se fusionan las diversas instancias representativas del personal, que pasan de 4 a 2. A su turno, las ordenanzas no dicen nada sobre las « horas gremiales » y los medios financieros de estas instancias, y es seguro que serán limitados.
Por su parte, “se flexibiliza la jornada laboral. Se podrá trabajar hasta 46 horas por semana e incluso más si hay acuerdo de empresa. Las horas extra se pagarán con un recargo del 10 por ciento, frente al 25 por ciento que se paga actualmente. Se facilita el trabajo a tiempo parcial reduciendo el umbral de horas” (El País, 18/6), lo que constituye un ataque en la práctica a la jornada laboral semanal de 35 horas.
También se estimula el trabajo autónomo (sin responsabilidad de las patronales) y se extienden los contratos temporales por obra –actualmente limitados a la construcción– a otros sectores. Y siguen los palos.
Antecedentes
Las ordenanzas profundizan los ataques emprendidos con la reforma laboral del gobierno socialista de Francois Hollande en 2016 (Ley El Khomri), que motivó masivas movilizaciones que estuvieron en la base de una de las peores crisis políticas del ex mandatario. Allí como acá estaba Macron, quien fue ministro de economía de Hollande hasta agosto de 2016.
De conjunto, responde a orientaciones estructurales de los capitalistas galos, anteriores incluso a la crisis de 2008. Más que el nivel nominal del salario neto, uno de los “obstáculos” para el proceso de reproducción y acumulación del capital allí es el alto nivel de las cotizaciones sociales, que financian la seguridad social (sistema de salud, ausencias), los subsidios familiares a la vivienda, al desempleo, la formación profesional y las jubilaciones. Estos regímenes explican una gran diferencia entre el salario bruto y el salario neto –del 60 %–, y en algunos casos (desempleo, formación profesional) los sindicatos participan en la administración de los recursos.
Para reducir y liquidar este cuadro –heredado de las movilizaciones de 1936 y de 1945–, las patronales han desarrollado el trabajo precario, la tercerización, la reducción de cotizaciones, la transferencia del financiamiento de las prestaciones sociales de las cotizaciones patronales a los impuestos (la mitad de la masa impositiva es el IVA), el fraude, la modificación a la baja del régimen de jubilaciones, la reducción de la intervención de los asalariados y de los sindicatos en la administración la contratación de trabajadores de la UE con cotizaciones mucho menores en los países de origen (Polonia, Hungría).
Los sindicatos
La presente reforma estuvo precedida por decenas de reuniones de “consulta” a los sindicatos y a las organizaciones patronales. Las confederaciones sindicales no hicieron nada contra las reuniones con el gobierno: no solo no promovieron un boicot, sino que tampoco realizaron agitaciones contra la misma, y se prestaron al juego del gobierno –incluida la CGT, dirigida por el PC– presentando “proposiciones”.
Recién cuando ya estaba todo avanzado, la CGT propuso una jornada de movilización y huelga para el 12 de septiembre que se realizará en todas las ciudades –en verdad, la iniciativa la había tomado SUD (Solidaires) y la CGT tuvo que subirse al carro. A esta convocatoria se sumó una parte de la Federación Sindical Unitaria (FSU), y sectores de la juventud como la Unión Nacional de Estudiantes de Francia (Unef) y estudiantes de los liceos.
La CGT convoca nuevas reuniones y prevé nuevas movilizaciones luego del 12, pero no está claro que vaya a resolver un plan de lucha.
En el caso de la central Fuerza Obrera (FO), hay un principio de crisis: su secretario general fue el único que abiertamente se mostró “satisfecho” con las negociaciones con Macron; pero el Comité Ejecutivo consideró en cambio que las ordenanzas son inaceptables y llama al Bureau Confederal a tomar medidas, mientras que un tercio de las 90 federaciones departamentales de FO adhieren a la movilización del 12.
Tanto a partir de estos sectores como del Frente Social –una joven coordinación de sindicatos, asociaciones y colectivos– puede plantearse un principio de movilización obrera independiente.
Por último, el ex candidato presidencial, Jean-Luc Mélenchon, convoca desde su organización Francia Insumisa a una manifestación propia para el 23, en apoyo a su actividad parlamentaria y que lo tiene como único orador –una actitud profundamente divisionista y electoralista, por la que la prensa burguesa y el gobierno le dan manija a Mélenchon y esperan un relativo fracaso de las manifestaciones de la CGT.
Uníos
La reforma laboral francesa integra un escenario común con la aplicada en Brasil: el propósito de los gobiernos de una reestructuración radical de las relaciones entre los trabajadores y las patronales en beneficio de estas, en un marco de crisis capitalista mundial que lleva casi una década.
La clase obrera internacional tiene planteado ponerse de pie y encarar una lucha de conjunto contra esta ofensiva. Fuera la reforma laboral y previsional en Argentina y el mundo.
Tomas Eps (en base al informe desde Paris de Roberto Gramar)
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