Los dichos del relato gubernamental que empujan a los hechos de las fuerzas de seguridad. El intento de despolitizar y policializar el caso para salvar al Estado. Los medios del encubrimiento y el encubrimiento de los medios.
Las últimas horas fueron reveladoras con respecto a las responsabilidades estatales por la desaparición forzada de Santiago Maldonado. El círculo se cierra cada vez más sobre la Gendarmería. Rendidos ante la evidencia de los hechos, los voceros del oficialismo adelantaron una nueva operación de encubrimiento: apuntar sólo a un grupo “descolgado” de gendarmes y salvar las responsabilidades intelectuales y políticas.
En una nota que fue central en la tapa del diario La Nación del sábado 9 de septiembre se afirmaba: “La hipótesis de que Maldonado haya sido herido o golpeado y abandonado en el río desdibuja la calificación de desaparición forzada, la hipótesis principal que maneja el otro expediente. ‘Ya no se trataría de una detención ilegal seguida de ocultamiento por parte de una fuerza de seguridad, sino de un posible homicidio y abandono de persona. Todo dependerá de qué es lo que haya sucedido’”, le informaron fuentes judiciales de Esquel a la cronista del diario Loreley Gaffoglio.
En una entrevista en el programa Diario del Futuro que se emite por FM La Patriada, Hernán Iglesias Illa especuló que “lo peor que puede haber pasado es que algún gendarme suelto le haya pegado sin saber que lo estaba hiriendo gravemente”. El funcionario ocupa, nada menos, que el área de Comunicación Estratégica de la Jefatura de Gabinete.
En los próximos días se sabrá si esta hipótesis despolitizadora que pretende policializar el caso para salvar la responsabilidad del Estado, logra imponerse o sólo agudiza la crisis.
Unos días antes, en una columna para el canal de noticias La Nación+, el editorialista Carlos Pagni informó sobre una eventual guerra entre las distintas fuerzas de seguridad. La Policía Federal tendría intención de “plantarle” un muerto a la Gendarmería como una devolución de favores por una investigación que la Gendarmería confeccionó sobre el fallecimiento del fiscal Alberto Nisman. El informe demolería la investigación hecha por la propia Federal. Así dialogan las distintas ramas del Estado bajo el Gobierno de “la unidad de los argentinos”.
Desde que asumió el gobierno, Mauricio Macri viene construyendo un relato de “partido de orden” que demoniza todo movimiento de protesta
En ese contexto y como cuestionamiento a la hipótesis de la desaparición forzada de Santiago, el periodista pregunta: “¿En qué momento esos gendarmes se convirtieron en una mafia que actuó clandestinamente para ‘chuparse’ a un tipo?” Esto sería dudoso porque los hechos se produjeron en el marco de la existencia de una orden legal del juez Guido Otranto. Además, para que se produjese la desaparición forzada tendría que haber complicidad, por ejemplo, de los choferes que conducían la camioneta o el Unimog y se sumaron al “encubrimiento”, así como otro número indeterminado de personas que tendrían que haber participado de la operación de conjunto. Esta composición del relato pondría en duda la figura que caratula la causa.
El interrogante es contradictoriamente sugerente, no porque impugne la hipótesis de la desaparición forzada, sino porque analizando el contexto de conjunto, la refuerza.
Las palabras y las cosas
Todo gobierno que construye rabiosamente un enemigo interno en función de sus orientaciones o planes económico-políticos realiza el primer acto para la transformación de las fuerzas de seguridad del Estado en potenciales asesinos con credencial de impunidad o en una mafia clandestina con permiso para matar.
Un caso emblemático de la historia reciente fue el asesinato de Maximiliano Kosteki y Darío Santillán en junio del 2002 en la Masacre de Avellaneda. La demonización de los piqueteros intensamente estimulada por los más altos funcionarios del Gobierno de Eduardo Duhalde (Jorge Matzkin, ministro del Interior; Juan José Álvarez, ministro de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos o Aníbal Fernández, secretario General de la Presidencia) sembró el terreno para la obra siniestra que luego llevó adelante el brazo operativo de Alfredo Fanchiotti y su banda de asesinos. El siempre recomendable documental La crisis causó dos nuevas muertes de Patricio Escobar y Damián Finvarb muestra la narración de Estado en la voz colérica de los protagonistas de aquellos días aciagos. Como es característico en casos de esta naturaleza, la complicidad mediática fue esencial: Clarín lo transformó en una tapa fatídica de antología antiperiodística.
Otro caso, distinto en sus características, pero similar en su lógica interna, fue el asesinato de Mariano Ferreyra a manos de una patota de la más descompuesta burocracia sindical. No es casualidad que esa policía política interna del movimiento obrero haya cometido el crimen (con zona liberada) cinco días después de un acto multitudinario en el estadio de River Plate donde sintió el más pleno respaldo estatal y gubernamental. Como casta para-estatal que actúa como “sociedad civil” cuando busca contener el malestar y como Estado cuando las situaciones se vuelven más agudas y sienten que atraviesan un instante de peligro, intentó resolver a su manera un movimiento que cuestionaba su poder.
Del clima de todo vale que perciben las fuerzas de seguridad a las represiones salvajes y los asesinatos hay un solo paso.
Desde que asumió el gobierno, Mauricio Macri viene construyendo un relato de “partido de orden” que demoniza todo movimiento de protesta, combinado con brotes negacionistas y una reivindicación incondicional de las fuerzas de seguridad.
El discurso cambiemita se inauguró con el "basta del curro de los derechos humanos” y funcionarios que sembraron dudas sobre el genocidio, poniendo en cuestión el número de desaparecidos. Continuó con la demonización de cualquier forma de protesta (desde los obreros y las obreras de PepsiCo “manejados” por la extrema izquierda hasta los movimientos sociales que buscaban instalar un “clima destituyente”). Las autoridades llegaron a enviar politizados instructivos a las policías sobre supuestas “semanas de agitación” que debían ponerlos en alerta ante revoltosos que acechaban por todas partes. Esto provocó una paradoja: el Gobierno que exige que no se politice la gestión, la educación o los derechos humanos; terminó politizando a las fuerzas de seguridad en el peor sentido del término, contra fantasmas y enemigos a medida. Todo combinado con soltarle la cadena a los servicios de inteligencia para múltiples operaciones como la que se vio en la última concentración en Plaza de Mayo por Santiago Maldonado.
Del clima de todo vale que perciben las fuerzas de seguridad a las represiones salvajes y los asesinatos hay un solo paso.
En el caso de las comunidades mapuche que pelean contra los grandes terratenientes en el sur, la demonización incluyó calificarlos de “terroristas” con entrenamiento kurdo o de las FARC colombianas y financiamiento extranjero. Este relato que puede empujar a la risa al progresismo bienpensante, actúa cebando las pulsiones punitivas de los miembros de las fuerzas de seguridad, que además, funcionan en equipo con el personal mercenario a las órdenes de los terratenientes. Incluso se denunció que la Gendarmería tiene una base logística en una estancia de Benetton en Leleque.
La ministra Patricia Bullrich enfatizó (incluso después de la desaparición de Maldonado) que no iba a tirar ningún gendarme por la ventana y que ella "banca a la Gendarmería", porque la necesitan para las transformaciones que impulsa el Gobierno (¿la reforma laboral?, ¿el ajuste de shock para el que se prepara si se lo permiten las condiciones políticas?). Para coronar el rumbo, Bullrich puso a un abogado de genocidas, Pablo Noceti, en la jefatura del Ministerio de Seguridad, que además comandó la represión y viajó antes a Chubut para agitar un discurso furioso contra las comunidades mapuche.
¿Quién custodia a los custodios?
La composición de conjunto de toda esta narrativa de Estado, va transformando a cualquier grupo de efectivos en una potencial "banda de hombres armados al servicio del capital” (en la poco académica pero extraordinariamente precisa definición de Federico Engels sobre el Estado). En ningún otro lugar como en la Patagonia en este momento, la apariencia y la esencia del Estado coinciden tanto. Por eso no hacía falta mucha ciencia para llegar a la conclusión de la responsabilidad de Gendarmería y sí mucho humo para tapar lo evidente.
Gran parte de la filosofía política occidental, que contiene una reflexión sobre las condiciones "legales" de la explotación u opresión, se pregunta con Platón, desde hace más de 2400 años: ¿quién custodia a los custodios? o ¿quién nos protegerá de los protectores? El interrogante no tiene respuesta válida o posee una muy llamativa (para el momento presente) que dio el filósofo griego y que asegura que hay que hacerles creer una “mentira piadosa”: son mejores que aquellos a quienes prestan su servicio y deben vigilar y proteger a los inferiores.
El horno no está para ingenuidades. El Estado debe asumir su responsabilidad. También el grueso los grandes medios de comunicación que durante estas semanas fueron más goebbelsianos que Goebbels y difundieron las 24 horas del día (y de la noche también) todas las versiones quiméricas y hasta insólitas para ocultar el rostro horrible o el lado más oscuro de la luna estatal. También tienen una responsabilidad moral por esta actuación ante la desaparición forzada de Santiago Maldonado. Porque como afirmó Valentín Voloshinov, la palabra es la arena de la lucha de clases y el “decir” tiene un carácter cruzado por los intereses sociales. El mar de endiabladas palabras que circularon vertiginosamente por estas semanas dejó en evidencia el sentido de muchos intereses cruzados.
Fernando Rosso
@RossoFer
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