En la última semana, el titular de la Afip, Leandro Cuccioli, desplazó de sus cargos a los representantes de la UCR y Lilita Carrió en la dirección en el organismo recaudador.
La guerra viene de lejos pero el desencadenante fue la denuncia que el 29 de septiembre presentara la DGI contra Iecsa, la empresa que hoy es de Marcelo Mindlin (zar de la energía con CFK y con Macri) y que fuera propiedad de toda la familia presidencial empezando con el pater Franco y terminando en el primo Calcaterra.
La causa revela el pago de coimas al gobierno de CFK por parte de Odebrecht, Iecsa y todas las empresas involucradas. Serían 5 millones de dólares depositados en cuentas fantasmas en Andorra, Colombia y Perú. Pero esta es sólo la gota que desbordó el vaso.
Vamos por partes. La Afip es una creación del FMI bajo el menemismo que designó y envió desde Washington a su Primer Administrador, Carlos Silvani. La estructura colonial y antiobrera la mantuvieron, en lo esencial, todos los gobiernos.
La tarea fundamental de la Afip es garantizar la evasión de los capitalistas. La Dirección de Seguridad Social garantiza que haya un 40% de trabajo en negro cuando es quien debería encargarse de eliminarlo. La Aduana, como desde la época de la colonia, garantiza el contrabando, en especial la subfacturación de las exportaciones de las sojeras y mineras para que no paguen lo que corresponda de retenciones. Una muestra de este “ejemplar” funcionamiento es que desde los puertos privados de Rosario se despachan cargamentos de cocaína que ocupan el tercer lugar en las importaciones europeas de dicha droga. La Aduana está en manos del Pro y en Rosario también desplazaron a funcionarios clave imponiendo militantes propios. El podio lo completa la DGI cuyo (des)control quedó evidenciado con el blanqueo de capitales impulsado por todo el “círculo rojo” y apoyado por el pejotismo y el kirchnerismo que exteriorizó nada menos que 200 mil millones de dólares (medio PBI) que tienen en el exterior los capitalistas y su personal político empezando por casi todo el gabinete del gobierno nacional.
Lo que sí recauda la Afip es el impuesto a las ganancias sobre los salarios y la carga tributaria sobre los alimentos que alcanza al 50%, o sea, que los trabajadores y los sectores populares sostengan con su esfuerzo el Estado de los usureros y fugadores de capitales.
Semejantes delitos como las evasiones multimillonarias, narcotráfico, contrabando y lavado de dinero cuentan con la activa participación de toda la clase capitalista, su Estado y por lo tanto el aparato judicial.
¿Entonces por qué la crisis? Los cuadernos gate desataron una guerra entre los clanes capitalistas que son proveedores del Estado sea en la obra pública o en sus concesiones como es el caso de Techint en Vaca Muerta. Los buitres se atacan entre ellos para quedarse con su parte de la carroña. Mientras tanto el Departamento de Estado y el FMI judicializan a la burguesía local para sacarla del medio y pasar a controlar directamente los PPP y los contratos. Este es el fondo de las denuncias cruzadas.
Un párrafo merecen las burocracias de los gremios de la Aduana y la Afip que en medio de la crisis firmaron acuerdos reduciendo nominalmente los salarios y fundamentalmente una paz social explícita en medio del ajuste y la crisis política cuando los trabajadores de la Afip estaban en su punto más alto de lucha y movilización en una década mostrando que la burocracia pejotista de la CGT (Aduana) como la moyanista que reza en Luján (Afip) están antes que nada al servicio de la gobernabilidad del ajuste del FMI.
Para derrotar este plan colonial y antiobrero es que tenemos que echar a Macri y a todo el régimen ajustador y corrupto y convocar a una Asamblea Constituyente Soberana que reorganice el país al servicio del pueblo trabajador eliminando todos los impuestos al consumo y al salario e imponiendo impuestos progresivos a las ganancias empresarias, a las grandes fortunas y a la herencia.
Diego Romero
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