La desaparición de Khashoggi desató una crisis geopolítica de magnitud, que involucra nada menos que a Estados Unidos, Arabia Saudita y Turquía.
El pasado 2 de octubre unos minutos después del mediodía, Jamal Khashoggi ingresó al consulado de Arabia Saudita en Estambul. Su novia turca, con quien iba a casarse al día siguiente, lo esperaba en la puerta. El trámite supuestamente era sencillo: retirar un papel para la boda. Pero Khashoggi nunca salió.
Jamal Khashoggi es (era) un periodista de origen saudí, que vivía exiliado en Virginia, desde hace algo más de un año, cuando empezó a criticar en sus columnas de opinión en el diario Washington Post al príncipe Mohammed bin Salman, que sacó credenciales de “reformista” al frente del ultra conservador reino saudita, y que Occidente compró con alegría y sin hacer muchas preguntas, porque le servía para barnizar sus negocios, con este régimen retrógrado, que van desde el petróleo a la venta de armas.
Su última columna para el diario estadounidense es del 11 de septiembre y trata sobre los crímenes sauditas en la guerra civil en Yemen, donde Arabia Saudita pelea una guerra por interpósita persona contra Irán, para la que cuenta con la aprobación del presidente estadounidense, Donald Trump.
El periodista aún no ha aparecido, ni vivo ni muerto. Pero su asesinato dentro del consulado saudita ya es asumido como un hecho. Funcionarios de inteligencia turcos, que espían incluso a las embajadas y delegaciones extranjeras, entregaron a Estados Unidos evidencias casi inapelables sobre un grupo de tareas de unos 15 integrantes de servicios de inteligencia sauditas que ingresaron minutos antes que Khashoggi al consulado, lo interrogaron, lo asesinaron, luego desmembraron su cadáver con una sierra y supuestamente se lo llevaron en pedacitos a Arabia Saudita.
Además de los audios y videos, lo que va a favor de esta versión es que el propio Khashoggi sospechaba que le estaban tendiendo una trampa. Había ido al consulado el 28 de septiembre, pero con excusas poco serias, lo citaron nuevamente para el 2 de octubre. Quizás el olfato para detectar crímenes que había desarrollado en muchos años de relación con el régimen saudita hizo que ventilara estas sospechas, poco antes de desaparecer, a la BBC y otros medios.
El presidente turco Recep Tayyip Erdogan jugó sus cartas en esta crisis al revelar el crimen. Como es obvio no está motivado por la defensa de la libertad de expresión. Desde el intento fallido de golpe de 2016 y con la consolidación del giro bonapartista, el gobierno de Erdogan encarceló a cientos de periodistas, acusados de “terrorismo”, además de tener un récord de más de 15000 presos políticos.
Erdogan parece tener un doble objetivo: recomponer la relación con Estados Unidos y ver si esto ayuda a salir de la crisis económica en la que está inmersa Turquía. Y meter una cuña en la alianza de Estados Unidos con Arabia Saudita,
lo que quizás permitiría revivir las esperanzas de liderazgo regional del líder turco, seriamente cuestionadas por el giro reaccionario que tomó la región luego de la derrota de la “primavera árabe”. La apuesta de Erdogan de exportar el llamado “modelo turco” fracasó con el golpe militar que derribó a la Hermandad Musulmana en Egipto, con apoyo de la casa Saudí. Su rol en la guerra civil en Siria y ahora en este incidente que tiene alto impacto por tratarse de un periodista podría devolverle algo de lustre.
Durante dos semanas Arabia Saudita negó estar involucrada pero ante las pruebas ha cambiado de estrategia y ahora asumiría que funcionarios de sus servicios de seguridad estarían involucrados.
Para la tribuna, Trump amenazó con un “duro castigo” si se comprobaba que la corona estaba involucrada. Pero puertas adentro, ya estaba en marcha el operativo de cobertura de este crimen de estado. El presidente Trump fue el primero en formular la teoría de los “rogue killers” que seguramente se impondrá como la versión oficial con el viaje del secretario de Estado, Mike Pompeo a Riad. Según esta versión ficcionada, Khashoggi fue asesinado en el consulado saudita por un grupo de servicios que decidieron interrogarlo, se pasaron de rosca y, por las dudas, tenían una sierra en la oficina para deshacerse del cuerpo. Todo esto a espaldas del príncipe Salman.
Los pedidos de la familia del periodista de una comisión internacional independiente para investigar su desaparición, dada la politización del caso, caerán en saco roto.
Para Trump se trata de proteger su presidencia, recordemos que fue su yerno Jared Kushner el encargado de cimentar la alianza entre Salman y la Casa Blanca, pero también un intereses vitales de Estados Unidos. Desde el punto de vista político, Arabia Saudita es uno de los pilares de su estrategia en Medio Oriente que es consolidar una alianza sunita-israelí para liquidar las aspiraciones hegemónicas de Irán.
Desde el punto de vista económico, están en juego negocios millonarios que involucran no solo el equilibrio del precio de petróleo y su impacto geopolítico, sino también contratos de venta de armas al reino saudita e inversiones financieras y tecnológicas de las principales empresas imperialistas que se habían anotado para participar del llamado “Davos del desierto”, una cumbre de negocios que ahora está en suspenso. Uno de los primeros en bajarse del evento que iba a ser una celebración de las ganancias capitalistas y de la reconversión reformista de la monarquía saudita, fue Jeff Bezon, el hombre más rico del planeta que además de ser dueño de Amazon es el propietario de Washington Post, el diario donde trabajaba Khashoggi. Le siguieron JPMorgan Chase, BlackRock (el mismo fondo de inversión que tiene una gran parte de los bonos de la deuda argentina), Google, New York Times, CNN y sigue la lista de los que estaban dispuestos a alimentar el mito de la reforma de la monarquía saudita.
La monarquía saudita, que tiene una billetera generosa, amenazó con responder cualquier castigo financiero con la misma moneda. Entre otras cuestiones, la misión de Pompeo contemplaría preservar esta cumbre de negocios.
La desaparición de Khashoggi desató una crisis geopolítica de magnitud, que involucra nada menos que a Estados Unidos, Arabia Saudita y Turquía. Y puso de relieve que a la hora de los negocios y el orden, demócratas y republicanos en Estados Unidos privilegian la alianza espuria con uno de los principales baluartes de la reacción. Justificado en una versión rigurosa del islam, la monarquía saudita mantiene un régimen de terror, donde la opresión de género y la persecución contra la minoría chiita son cuestiones de Estado. Solo en 2017 el régimen saudita decapitó unas 150 personas. Y este año podría superar su propia marca, si sigue ejecutando opositores al ritmo sostenido de los últimos meses.
La crisis aún está en curso pero ya está tomada la decisión de cerrarla absolviendo a la monarquía saudita. Esto no puede sorprender. Desde 1945 la alianza entre Estados Unidos y Arabia Saudita tiene un carácter estratégico para los intereses del imperialismo norteamericano. Y ahora que Trump se apresta a redoblar la ofensiva contra Irán, los servicios que presta el reino para evitar una estampida de los precios del petróleo renuevan la relación de beneficios mutuos. Por eso ha sobrevivido crisis peores, como la sospecha de responsabilidad saudita en los atentados de las torres gemelas, o la financiación de organizaciones terroristas reaccionarias como el Estado Islámico. Probablemente, cuando desaparezca de los titulares el periodista desaparecido en el consulado saudita, todo retorne a su hipócrita normalidad.
Claudia Cinatti
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