De una manera palmaria, el país entero está asistiendo a un ajuste desaforado con el exclusivo propósito de cumplir el pago de la deuda pública a los usureros internacionales y locales. El “honraremos la deuda externa sobre el hambre y la sed del pueblo…” pronunciada por el ex presidente Nicolás Avellaneda hace casi 150 años atrás podría ser repetida por Mauricio Macri sin modificar siquiera una coma. La paradoja de la historia argentina ha sido que todos los gobiernos pagadores seriales de la deuda terminaron fracasando, o sea, yendo al default. Le toco esa suerte al gobierno oligárquico en 1890 e incluso a la dictadura militar genocida de 1976, y más cerca, a De la Rúa-Cavallo en el 2001. El “no pago de la deuda” de estos gobiernos estuvo lejos de ser un acto soberano de independencia nacional. Fue sólo un episodio para retomar los pagos de una manera más agravada que en el pasado.
El segundo acuerdo firmado con el FMI no oculta cuál es su finalidad. El incremento del monto del préstamo y, por sobre todo, la aceleración de los desembolsos para el año que viene, tienen como exclusiva finalidad que el gobierno asegure el pago de la deuda pública. Los dólares recibidos prácticamente no podrán ser utilizados para defender el valor de la moneda nacional, lo cual acelerará la devaluación y la inflación. Es lo sucedió ya en los últimos días con una nueva marca de $ 42 para el dólar. El anuncio de las bandas de flotación tienen todos los componentes de una impostura, pues cuando toque su ´techo´ sólo podrán venderse 150 millones de dólares por día. Todos los especialistas han coincidido que se trata de una cifra misérrima para defenderse ante una corrida. Además la banda de flotación tiene un componente móvil, ajustándose un 3% por mes. De este modo ya sabemos por anticipado que a fin de año, como mínimo, el dólar estará por arriba de los $ 48. Para mostrar la precariedad de lo firmado, es necesario recordar que el ministro que firmó este acuerdo había elaborado un proyecto de Presupuesto 2019 que establecía un tipo de cambio a $ 40.50 para el año que viene.
Este pacto devaluador firmado con el FMI tendrá un impacto en la inflación de manera directa. La relación directa entre el tipo de cambio y el aumento de los precios lo sabe cualquiera que haya vivido en Argentina en los últimos 50 años. Los vasos comunicantes entre el valor del dólar y los precios de la economía no sólo tienen que ver con los alimentos que se exportan. Abarca también las tarifas y combustibles que han sido dolarizados y, de modo más estructural, una cadena industrial dependiente de las importaciones para asegurar su funcionamiento, ya sea por piezas o repuestos. El sentido final de la devaluación-inflación es aplicar una reducción histórica del valor de la fuerza de trabajo, para incrementar por esa única vía la tasa de beneficio del capital.
El acuerdo contempla también una política monetaria ultrarrestrictiva. El déficit fiscal cero comprometido con el FMI, que implicará una reducción de casi 500.000 millones de pesos a distribuir entre la nación y las provincias, tendrá su correlato en una ´emisión cero´. Pero el congelamiento de la emisión en un cuadro inflacionario superior al 40% implica, de hecho, una reducción de la base monetaria. La forma de lograr ese objetivo será mediante una suba de la tasa de interés, cuyo efecto sobre el nivel de actividad será simplemente demoledor. Que este es el sentido lo acaba de confirmar el BCRA, con una suba de la tasa la ubicó en el 65% anual. Esta tasa establecida por el BCRA hace las veces de piso para la economía, ya que las tasas que luego se cobran por créditos personales, tarjeta de crédito o descubierto son superiores, en muchos casos ya por arriba del 100% anual. Una tasa de este tipo disloca la economía y rompe la cadena de pagos, afectando el circuito financiero, económico y comercial.
La recesión que deparará la puesta en marcha de este nuevo acuerdo con el FMI será de niveles similares a la de los 90´. Deberemos esperar, por lo tanto, una tasa de actividad y de desocupación similar. Un espejo para mirarse es Brasil, donde la desocupación ya supera el 20%. La recesión económica será utilizada como un instrumento contra la clase obrera, para que acepte salarios menores y pérdida de conquistas laborales, como un daño menor en relación a la pérdida directa del trabajo.
Visto lo expuesto, queda claro que no exageramos un ápice cuando denunciamos que este acuerdo con el FMI representa un plan de guerra contra los trabajadores, que pagarán con un retroceso histórico en sus niveles de vida. Sin embargo, la viabilidad del mismo está lejos de estar asegurado. Resulta que las contradicciones económicas acumuladas son de tal dimensión que las posibilidades de desmadre están a la vuelta de la esquina. Ejemplos sobran. Las tarifas, por ejemplo, debieran ser ajustadas al nuevo tipo de cambio, pero es simplemente explosivo. Con un dólar a $ 44 el aumento del gas y la electricidad, y de las naftas, llevaría a una explosión social. El gobierno busca moderarlo pero no tiene capacidad de compensar con subsidios a las empresas, dado que no puede recurrir a adelantos del BCRA ni endeudarse porque las tasas de interés son usurarias. Si el aumento no es el esperado las empresas pueden recurrir a la desinversión, lo que llevaría a la necesidad de utilizar dólares que no tenemos para importar energía. Con el tipo de cambio ocurre otro tanto. Sólo en el sistema bancario hay depósitos en pesos equivalentes a 40.000 millones de dólares. Si se impone la certeza de un aumento imparable del dólar es probable que se produzca una compra de divisas con esos depósitos, lo que llevaría el tipo de cambio a un nivel difícil de predecir. Si esto ocurriera la única medida que podría tomar el gobierno sería establecer un corralito, pero sería el fin de Macri y toda su banda de CEOs. La cuestión del déficit cero tampoco está asegurada. Primero, porque la reforma previsional de diciembre del 2017 estableció una indexación de las jubilaciones que repercutirá en el gasto estatal. Y segundo, que la recesión económica afectará la marcha de la recaudación. Como vimos en Grecia, los ajustes terminan reclamando más ajustes.
En estas condiciones, y previendo el fracaso de toda esta política, hay varios economistas que plantean la necesidad de una reestructuración de la deuda, lo que significaría más usura por la vía de una mayor tasa de interés y condiciones más leoninas impuestas por los acreedores, que podrían incluir la entrega definitiva de los recursos naturales, empezando por Vaca Muerta. El derrumbe económico y la devaluación de la moneda impactan en la relación entre la deuda y el PBI, al reducirse éste en su medición en dólares por la alteración del tipo de cambio y también por la caída de la actividad económica. La deuda ya ronda el 80% del PBI y corre el peligro de alcanzar el 100% en un futuro cercano. La suba de la tasa de interés de los EEUU agrava esta situación, al impulsar la fuga de capitales de la periferia al centro capitalista.
En plan de guerra armado con el FMI tiene grandes componentes de inviabilidad, y con certeza su ´éxito´ será una catástrofe para el pueblo argentino. ¿Vale semejante sacrificio el pago de la deuda externa a los usureros y piratas del sistema financiero? El rechazo al pago de la deuda se ha transformado así en un punto crucial del conjunto de la situación. Tiene un valor político enorme, porque permite desenmascarar a los falsos opositores, que discursean contra el FMI, e incluso anuncian que votarán en contra del Presupuesto a sabiendas que los votos el gobierno ya los tiene reunidos, pero que de ningún modo se pronuncian por el no pago de la deuda. Este señalamiento vale especialmente para el kirchnerismo, que pagó bajo su gobierno 200.000 millones de dólares en concepto de deuda, y que cuando los dólares se le acabaron estableció un cepo cambiario con el único propósito de usar las divisas para cumplir puntualmente con los vencimientos, al costo de paralizar el funcionamiento económico del país.
El rechazo al pago de la deuda, que debe ir acompañado de la nacionalización de la banca, del comercio exterior y del control obrero general de la economía, es incompatible con este gobierno y con el régimen corrupto de pejotistas, kirchneristas y macristas. Por eso, lo establecemos como una de las tareas centrales que debe llevar adelante una asamblea constituyente soberana.
Gabriel Solano
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