En el cuarto día de huelga en Ica (Pisco), los trabajadores resistieron en los piquetes frente a las amenazas de desalojos. Los campesinos, sobre todo del sur del país, hicieron valer los cortes de ruta, que generaron colas de transportistas de más de 15 kilómetros. En Virú, pararon 36.000 trabajadores de agroexportación y un joven fue asesinado, encontrándose restos de perdigones de plomo en su cuerpo, los mismos usados por las fuerzas policiales. El presidente Francisco Sagasti anunció la derogación de la ley cuestionada. El presidente dijo que hay empresarios que “rompieron con las normas”, sin denunciar quienes fueron o si tomarán medidas legales.
El mes pasado, Perú cambió dos veces de presidente en poco más de una semana, una especie de 2001 peruano, luego del golpe a Martín Vizcarra, reemplazado por el conservador Manuel Merino, quien tuvo que renunciar por la rebelión popular, y el asesinato de dos jóvenes y más de 60 heridos, para dar paso al actual gobernante transitorio, Sagasti.
Superexplotación, tercerización y pandemia
A los trabajadores agrarios no les pagan las horas extras, los feriados trabajados, las vacaciones, las compensaciones por tiempo de servicios y el seguro social de salud, las empresas agroexportadoras vieron “Entre 2000 y 2018 [crecer] el valor exportado en más de 1000% hasta alcanzar 6.000 millones de dólares, y al 2020 es uno de los únicos que siguió creciendo en pandemia” (El País, 3/12).
La ley de promoción agraria de empleo temporal y precario incumple con los derechos básicos de los trabajadores. La ley contempla la utilización de “Services”, empresas que tercerizan la mano de obra.
La ley de promoción agraria data del año 2000 de Fujimori declara como prioridad la inversión privada. Establecía un mínimo diario y vacaciones de 15 días. Las empresas sólo aportaban 4% a salud, mientras otras aportan al seguro social el 9%. Por diferentes decretos se amplió la ley, hasta 2031. Se elevó el jornal y los aportes. Pero los trabajadores dicen que trabajan más de 12 horas, algo ilegal. Los “Services” cobran, por caso, los 39 soles que fija la ley, y a los trabajadores les pagan 15 a 20 soles. No se trata de un problema de diferenciar a empresas grandes y pequeñas, ya que las grandes son las que subcontratan a las empresas pequeñas y así tercerizan la parte de su producción intensiva en mano de obra (como la recolección de uvas y arándanos que cotizan en dólares).
La precarización de los trabajadores agrarios (esenciales) se disparó durante la pandemia. La informalidad en Perú llega al 80% de la población obrera. Los trabajadores informales no tienen seguro, si se contagian y no van a trabajar son despedidos por las empresas que los negrean y precarizan. Perú es uno de los países con mayor cantidad de contagios y muertos por población del mundo. Hay 36.401 muertos y 976.621 contagios.
Los trabajadores dicen “Estamos cansado de la explotación, nos pagan menos de 20 soles por jornadas de hasta 14 horas”. Denuncian jornadas de trabajo sin agua, que comienzan a las 3 de la mañana y se extienden hasta las 4 de la tarde. Exigen la restitución de sus derechos laborales y un pago justo por su trabajo, que está atado a empresas intermediarias de las que no reciben vacaciones o bonos anuales, sino pago de 10 dólares por jornadas de hasta 14 horas.
Un caldero de protestas
La federación médica peruana anunció una huelga general por tiempo indefinido a comienzo del año que viene para pedir el incremento del presupuesto de salud y mejores condiciones laborales. El 13 de enero se convoca a la huelga por tiempo indefinido. Denuncian carencias de insumos de equipos, sin análisis, no hay primer nivel de atención garantizado, los turnos se extienden por semanas. En agosto de este año la Federación Peruana de Médicos hizo una huelga reivindicativa.
Los pobladores de Pacora bloqueron el miércoles un tramo de la Panamericana Norte, porque no puede acceder a agua potable. En agosto, el Gobierno declaró a Pacora y los anexos de Pueblo Viejo, Puente Machuca, La Victoria y Las Juntas Altas y Bajas en estado de emergencia hídrica y contaminación por el plazo de sesenta días. El Ministerio de Salud realizó pruebas a 312 niños de 6 a 12 años del distrito hace un año. Los resultados arrojaron que 167 niños tenían niveles excesivos de arsénico en la sangre (el Buho, 9/12). Esto está directamente relacionado con la explotación agroexportadora y minera.
Según el reporte del Observatorio de Conflictos de la Defensoría del Pueblo hay 191 conflictos sociales activos o latentes en todo el país. Trabajadores agrarios volvieron a intentar bloquear por su pendiente demanda de mejoras salariales, la misma vía en la sureña región de Ica. Entre ellas huelgas mineras y protestas por los despidos y la falta de recursos para hacer frente a la pandemia que devasta al país.
Emiliano Monge
09/12/2020
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