La imponente movilización piquetera que captó la atención de todos al colmar la Avenida 9 de Julio en el centro porteño, epicentro de una nueva jornada nacional, sintetizó la situación que vive el país. Tanto por sus reclamos como por sus detractores, sirve como radiografía del abismo social y sanitario al que nos conducen Alberto Fernández y los gobernadores.
«Sin trabajo, sin alimentos y sin vacunas», resumía una enorme bandera a la cabeza de las decenas de miles que se movilizaron con el Frente de Lucha Piquetero y el Polo Obrero. El crecimiento de la desocupación y la pobreza que reconocen los propios índices oficiales, la inflación arriba del 12% en el primer trimestre del año y los recortes en la provisión de mercadería a los comedores populares, que relevó un informe especial de Prensa Obrera, confirman la urgencia de los reclamos por los que se organizan las barriadas de punta a punta del país.
Sin grietas, tanto funcionarios del gobierno nacional como de Larreta, dirigentes de las organizaciones sociales integradas al Estado y las corpos de los medios de comunicación, salieron a cuestionar la medida tildándola como una irresponsabilidad en el actual cuadro epidemiológico. Es un recurso de ocasión, al no poder objetar la representatividad y lo genuino de las reivindicaciones, que pretende presentar las cosas al revés de como son. El crecimiento de la miseria y la ausencia de toda respuesta estatal condena a millones de familias a atravesar la pandemia sin condición alguna para resguardarse, y eso es lo que expresa la masividad de las acciones piqueteras.
La responsabilidad por la alarmante propagación del virus es de los gobiernos que desestiman cualquier medida de restricción o aislamiento que pueda afectar la actividad empresaria, incluyendo el mantenimiento de la presencialidad educativa, atestando a la población en el transporte público. Es de quienes descartan hasta un nuevo IFE y se limitan a decretar una cuarentena nocturna para la tribuna. Es de los que desmantelaron la ampliación de la camas de internación y recortan el presupuesto sanitario, y obligan a quienes demandan un hisopado a aglutinarse en colas de varias cuadras. La positividad del 30% en los testeos, cuando se cuentan más de 20.000 casos diarios, revela que no hay control alguno del estado epidemiológico.
Mientras tanto, el gobierno nacional sostiene el contrato antinacional con Sigman y AstraZeneca por el cual se fuga el principio activo de la vacuna contra el Covid-19 que se produce en nuestro país, en la planta de mAbxience de Garín, cuando la provisión de dosis para Argentina sigue llegando a cuentagotas. El colmo lo tuvimos con las declaraciones del jefe de gabinete Santiago Caffiero, quien lavándose las manos por el fracaso del prometido plan de inmunización de la población -ya que asistimos a la tan anunciada segunda ola con el 1% de vacunados con ambas dosis-, alegó que también las provincias y los privados pueden importar vacunas. Es un planteo cínico, ya que por la sobredemanda del mercado y las especulación de los laboratorios con precios confidenciales ello solo puede redundar en una distribución más desigual.
Por todo esto, nuestro editorial semanal escrito por Néstor Pitrola plantea de entrada que el Estado es responsable por esta desastrosa segunda ola, a la par que Martín Guzmán se compromete con el Fondo Monetario a ejecutar un ajuste fiscal bastante mayor al previsto en el Presupuesto 2021. Y esto solo para allanar el camino a un acuerdo… que traerá más ajuste. El Partido Obrero en el Frente de Izquierda opone a esta desidia un programa político concreto, que va desde la centralización del sistema de salud bajo control de sus trabajadores, la reampliación de las camas y la reapertura de las clínicas cerradas, hasta el control popular de la vacunación y la intervención de mAbxience, pasando por la adecuación del transporte, la lucha por protocolos obreros en los lugares de trabajo, la suspensión de las clases presenciales y que se garantice conectividad a la comunidad educativa. Todo ello financiado mediante el no pago de la deuda externa y la ruptura con el FMI, y un impuesto permanente a las grandes rentas capitalistas.
Este programa empalma con la proliferación en todo el país de luchas de los trabajadores de la salud por el salario y las condiciones de trabajo, con paros y movilizaciones. El mejor exponente es el caso de Neuquén, que se encuentra paralizada por los piquetes de los huelguistas autoconvocados de la salud que recogen un inmenso apoyo popular. La lucha de los trabajadores de la Clínica San Andrés contra el cierre también encarna la necesidad de las medidas planteadas, al igual que los paros en defensa de la salud de los obreros del neumático en Bridgestone, los docentes de Suteba Ensenada o la línea 540-553 de Lomas de Zamora. Ello en el cuadro de reclamos salariales muy extendidos, como muestra la huelga vitivinícola.
Es que la pauperización de los ingresos de los trabajadores ha llegado a niveles insoportables. Una encuesta del Indec a jefes y jefas de hogar del Gran Buenos Aires durante la primera ola muestra que una de cada tres familias tuvo que disminuir su consumo de alimentos, que cuatro de cada diez se endeudaron para llegar a fin de mes, y que uno de cada tres sostenes de familia se encuentra sin trabajo. A la par siguen las remarcaciones de precios, especialmente en los rubros de primeras necesidad. La imputaciones del gobierno a grandes alimenticias por sus estrategias para vender los productos fuera del programa Precio Máximos, no llega a disimular la impotencia oficial ante la carestía.
El plenario nacional de la Coordinadora Sindical Clasista recogió el guante de este escenario, trazando un rumbo de intervención del movimiento obrero en la crisis. Como refleja el ascenso piquetero, el frente único de lucha y la independencia de los gobiernos son la clave para abrir un canal a los explotados, en esta segunda ola sin trabajo, alimentos ni vacunas.
Buen domingo.
Iván Hirsch
editor de Prensa Obrera.
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