Los funcionarios interpelados por la Comisión Investigadora han mentido en forma descarada sobre todos los aspectos de la crisis, desde el sabotaje del gobierno a la adopción de medidas de protección, boicot a las vacunas o la falta de oxígeno en Manaos durante veinte días. Las mentiras son denunciadas en tiempo real por la CI, y ventiladas en la televisión. Las sesiones, que son públicas, se han convertido en un instrumento de agitación contra Bolsonaro por parte de la red Globo de medios de comunicación. Al mismo tiempo, se ha desatado una tormenta política contra el ministerio de Medio Ambiente, por la instigación a la tala ilegal de la floresta amazónica y la denuncia, por parte de Estados Unidos, de exportaciones ilegales de madera a ese país. Las indicaciones de desmatamiento de la Amazonía alcanzan niveles sin precedentes. Bolsonaro ha cumplido al pie de la letra su compromiso con la bancada ganadera, una de las tres que lo llevaron al gobierno – Boi, bala y biblia.
Este inmenso desmanejo del medio ambiente y de la Salud, compromete en primer lugar a los militares, que han puesto a miles de ellos, sean de la reserva como de la activa. Existe una crisis política que afecta la unidad del alto mando militar. El vicepresidente, Hamilton Mourao, responsable por la cuestión del medio ambiente, a través de una institución, Ibama, que debería proteger la Amazonia, se vio obligado a denunciar a un ex ministro de Salud, militar en activo, que salió a la calle a agitar políticamente con Bolsonaro. Si el Boi y la Biblia han sido bien servidos en temas como medio ambiente y hostilidad a la protección social en pandemia, el bloque de la Bala no quedó atrás, en especial en Río de Janeiro, donde las “milicias” hacen de las suyas en todos los aspectos, no solamente contra las barriadas populares.
Con este escenario, el “impeachment’ que se aplicó con fingida ligereza contra Dilma Roussef, no tiene viso de prosperar en el Congreso. En primer lugar porque produciría una fuerte disgregación en el aparato estatal, dado el debilitamiento del poder de arbitraje de las FFAA. Pero tampoco lo quiere la oposición, que lo reclama para absorber la presión popular. Una declaración conjunto reciente de los ex presidentes, Fernando Henrique Cardoso y Lula da Silva, ha sido caracterizada como una señal de encarrilar la crisis a las elecciones de octubre del año que viene, en especial porque estaría indicando que el PT acepta un acuerdo, e incluso, un frente político con la derecha liberal. Enseguida, ambos ex mandatarios, produjeron otro pronunciamiento significativo, que rechaza que el Mercosur se convierta en una zona de libre comercio, se bajen los aranceles externos o se autorice el derecho a negociar por separado con lo bloque comerciales del exterior. Los Fernández se abstuvieron de saludar esta posición, que coincide con la de ellos, para evitar que la derecha fascistoide la aprovecha para su agitación política. La Federación de Industrial de Sao Paulo apoyó esta declaración. Además de una tendencia a una rebelión de masas, en Brasil se ha desarrollado una fractura en la burguesía nacional.
En las movilizaciones en Río de Janeiro, Brasilia y otros lugares, “brasileños furiosos portaban pancartas con lemas como "Fuera Bolsonaro" o, más fuerte si se quiere: "500.000"". El País, de Madrid, califica a estas movilizaciones como “la gran convulsión” de Latinoamérica. El ‘puente’ que Cardoso y Lula pretenden armar hasta las elecciones futuras tendrá que atravesar por sismos populares muy serios. La travesía por la crisis humanitaria ha dejado una masa de millones y millones de desocupados y con hambre, y el inicio de una escalada de precios. Antes de la pandemia, la estadística oficial computaba una desocupación del 14 por ciento.
Bolsonaro ha respondido a esta ofensiva con la aceleración de las privatizaciones, como es el caso de Electrobras, un gigantes de la electricidad y una avalancha de licitaciones de infraestructuras - una “tanda de licitaciones aeroportuarias, ferroviarias, portuarias, de autopistas. Para eso comenzó con lo previsible – el aumento de tarifas eléctricas, en el marco de una gran sequía que afectaba los emprendimientos hídricos. Aunque el interés de acercar recursos al Tesoro es comprensible, porque Brasil tiene una deuda del 200% - la mitad pública, en su mayor parte en moneda local, la otra mitad privada, en divisas extranjeras. Luego de la ‘experiencia’ Odebrecht y otras, veremos de nuevo una disputa feroz por los despojos estatales, ni qué hablar de los ‘retornos’ que reclamará el clan Bolsonaro, cuyos hijos no han vacilado en quedarse con los sueldos de sus asesores parlamentarios – un delito conocido como “raspadinha”.
Cómo encara la izquierda de Brasil esta situación excepcional, es lo que esperamos que sea abordado en las próximas ediciones de Política Obrera.
Jorge Altamira
22/06/2021
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