Este domingo, el Ministerio de Salud informó que se detectó un nuevo caso de la variante Delta de Covid-19 en territorio nacional, el tercero registrado desde mayo. Esta vez, el joven contagiado provino de Estados Unidos, mientras que los dos casos anteriores habían llegado desde Francia.
De la mano de esta noticia y ante el reconocimiento de la nueva variante como una más contagiosa y menos susceptible frente a la acción de algunas vacunas, la Dirección Nacional de Migraciones a cargo de Florencia Carignano difundió que cerca del 40% de las personas que ingresan a Argentina no cumplen con la cuarentena obligatoria. Con este planteo, el gobierno nacional apunta una vez más a la responsabilidad individual sin hacer ningún tipo de mención de las obligaciones que el Estado nacional tiene para garantizar la seguridad de la población y disminuir la circulación del virus.
“No puede ser que algunos no entiendan todo lo que ponen en juego con su irresponsabilidad. Necesitamos retrasar lo más posible el ingreso de estas variantes para seguir avanzando con la vacunación y alejarnos del invierno que de por sí suele tener a raíz de las enfermedades estacionales un aumento de cuadros respiratorios complejos”, aseguró.
Surge inevitablemente el debate acerca de cuál es la política oficial para limitar la llegada y expansión de nuevas cepas. En primer lugar, son llamativas las exigencias por parte del gobierno cuando desde el Estado prácticamente no se llevan adelante controles sobre el cumplimiento de los protocolos de bioseguridad en aeropuertos ni lugares de trabajo. Todo lo contrario, han hecho un trabajo formidable en ignorar las denuncias sobre los atropellos patronales; las empresas muchas veces obligan a sus trabajadores a retornar a sus puestos antes de lo establecido según el Ministerio de Salud o a testearse antes de los 5 días de haber tenido un contacto estrecho, con la posibilidad de que el virus no se haya replicado lo suficiente como para ser detectado a través del PCR u otros análisis y la persona infectada retome sus actividades antes de la aparición de los síntomas. Ni hablar de quienes trabajan de manera informal, sin garantía de que se les guarde su lugar en caso de que cursen con la enfermedad. Como en la mayoría de los casos, el Ministerio de Trabajo mira para otro lado. Esta política ya mostró su fracaso en 2020 en tanto el 76% de las muertes laborales fueron por Covid.
Asociados a los contagios laborales, se dan los propios en el transporte público. Vale mencionar que desde un inicio el gobierno se dio una política de negación de su uso masivo, ya que estableció que solo estaba disponible para esenciales, pero sin ningún control y, sobre todo, sin obligar a las empresas habilitadas a invertir en transporte particular para sus trabajadores. Una vez que consideró a la mayoría de los trabajos como “esenciales”, el gobierno dejó de lado cualquier intento de disminuir el hacinamiento que en los transportes se produce.
La directora de Migraciones también señala que la clave es “retrasar” lo más posible el ingreso de las variantes y ganar tiempo para vacunar. Pero deja de lado que, ante variantes que puedan disminuir la eficacia de las vacunas, se necesitan más medidas que incluyan el reforzamiento del sistema de salud y su centralización, puesto que las muertes están íntimamente relacionadas con el colapso del sistema sanitario. Particularmente, el reclamo debe ser por más presupuesto y partidas para contener la pandemia, aumento salarial para los trabajadores de la salud, contratación de más personal. También se debe aumentar el ritmo de vacunación con la instalación de más vacunatorios y la disposición de recursos, puesto que en la última semana disminuyó un 20% en comparación a la anterior. Asimismo, es necesario luchar por protocolos y comisiones de seguridad e higiene en los lugares de trabajo. En definitiva, se trata de impulsar un programa de los trabajadores.
Lucía Cope
No hay comentarios.:
Publicar un comentario