El jueves, con un registro de 7.716 nuevos contagios y 198 muertes, el Ministerio de Salud anunció que la Región Metropolitana (RM) en su conjunto pasará a cuarentena total a partir del sábado 12, debido a la nueva ola de Covid-19 que azota al país y que naturalmente la tiene como epicentro por la densidad poblacional. En las últimas semanas el número de contagios ascendió acercándose al pico histórico, más de 9 mil diarios, por lo que todo indica que en las próximas semanas la situación se puede agravar enormemente. Con el retorno a fase 1 de la RM y comunas de distintas regiones 11 millones de personas pasan a estar confinadas.
La decisión se toma luego de que el pasado 23 de mayo el presidente Sebastián Piñera anunciara, con bombos y platillos, el polémico pase de movilidad con el cual aquellas personas que contaran con la segunda dosis de la vacuna podían desplazarse libremente por las comunas que se encontraban en fase 2 y 3. El anuncio fue fuertemente cuestionado por epidemiólogxs y especialistas y aplaudido por los sectores empresariales vinculados al turismo y a la gastronomía. Pero los cuestionamientos vienen desde antes e incluso el Colegio de Médicos anunció días atrás que se retiraba de la “mesa Covid” luego que desde las autoridades se reconociera que era una mesa fantasma ya que no era una instancia formal y por lo tanto no existían actas que den cuenta de su funcionamiento, quedando en evidencia que no existían criterios científicos que respaldaran las decisiones que se toman en materia sanitaria. Ello explica las decisiones erráticas y contradictorias con que se está manejando la pandemia y que se traduce en casi 200 fallecimientos diarios.
Sistema sanitario colapsado e hiperexplotación de lxs trabajadoxs de salud
Lo que ya se define como la tercera ola significó el colapso de los hospitales, pues no existe la capacidad disponible en las Unidades de Cuidados Intensivos -UCI- y se recurre a consultorios para “hospitalizar” a pacientes “menos graves”, mientras aguardan el ingreso a las UCI. La habilitación de estos sectores donde se brinda apenas asistencia respiratoria y no la atención que requieren los pacientes con cuadros médicos agravados se lleva adelante con la extensión de los turnos de médicxs, enfermerxs y personal especializado ya que tampoco se dispone de más trabajadorxs que puedan llevar a cabo estas tareas.
Las y los trabajadores de salud llevan 15 meses de jornadas extenuantes y sin vacaciones, por lo que se encuentran en un estado de agotamiento generalizado, lo que explica que cerca de un 30% se encuentre con licencia médica, en su mayoría por estrés. A raíz de ello, trabajadorxs del hospital Barros Luco se encuentran llevando a cabo movilizaciones bajo el lema “Por el derecho a descansar” en las que denuncian los turnos agobiantes a los que se encuentran sometidxs por falta de personal, además de los bajos salarios y falta de insumos básicos como agua caliente, alcohol en gel y camillas en condiciones.
¿La vacunación masiva no alcanza para frenar los contagios?
El plan de vacunación masiva fue presentado por el gobierno de Piñera, en innumerables oportunidades, como el camino de salida a la crisis pandémica. En el mismo sentido se expresaron desde la oposición, elogiando al gobierno “en aquello que hace bien”. Sin embargo, este nuevo capítulo de la catástrofe sanitaria que se vive en Chile pone en cuestión que aquello que se prometió tenga bases sólidas. Lo cierto es que existen varios factores que explican la situación sanitaria en la que nos encontramos y que a la fecha significó la muerte de casi 40 mil personas.
En primer lugar hay que considerar que la vacuna Sinovac, que es la que en un 90% se inoculó en el país, tiene una efectividad para prevenir contagios que llega al 56,5% luego de 14 días de suministrada la segunda dosis y aún no hay certezas respecto de su efectividad para evitar hospitalizaciones. Entonces, el “retorno a la normalidad” como estrategia de cara al calendario electoral trazado por Piñera y su gabinete corresponde calificarlo como criminal.
Por otra parte, hay que tener en cuenta el factor económico en las familias donde “quedarse en casa” no es una opción cuando tienen que trabajar para poder sobrevivir. La asistencia estatal fue tardía e insuficiente y la utilización de los fondos de pensión para afrontar la crisis fue inevitable para miles de trabajadorxs. Los “mínimos comunes” entre oficialismo y oposición que buscaron apuntalar, una vez más, al gobierno frente a las manifestaciones populares que tuvieron lugar en abril, se materializaron en un IFE (ingreso de emergencia) con mayor alcance, sí, pero lejos de tener un carácter universal, y recién por estos días. Evidentemente las urgencias de las familias trabajadoras no son las de los partidos patronales. Entonces la mayor movilidad a la que se asocia el crecimiento en los contagios, lejos de ser atribuible a la irresponsabilidad individual, es responsabilidad directa del gobierno y la oposición cómplice. Asimismo, deliberadamente se ha disminuido la cantidad de testeos y no se lleva a cabo la trazabilidad, con lo cual no se cuenta con herramientas indispensables para cortar la cadena de contagios.
Frente a la nueva ola de contagios, necesitamos organizar la lucha junto a las y los trabajadores de salud, por mayor presupuesto público para testeos, insumos, recomposición salarial del personal sanitario y por la nacionalización y centralización del sistema sanitario.
Olga Aguirre, desde Chile
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