Nuevamente, los sectores más movilizados fueron los trabajadores del sector energético, del transporte y los docentes de media y universitarios. Aunque hubo una adhesión sensiblemente menor a la huelga en el sector público, la actividad en el subte de París, los trenes de cercanía y los interurbanos tendió a cero. Las usinas nucleares registraron una sensible disminución de su actividad, y las refinerías y minas registraron un acatamiento superior al 50%. Lo mismo ocurrió con los liceos, cerrados por los piquetes de los estudiantes en apoyo a la huelga. Las universidades, en muchos casos, suspendieron las clases. En los aeropuertos, se suspendieron el 20% de los vuelos – AirFrance sólo pudo mantener los vuelos intercontinentales.
La masividad de las protestas y la férrea decisión de los trabajadores franceses de voltear la reforma han obligado a la burocracia sindical a anunciar nuevas movilizaciones y huelgas para el 7 y 11 de febrero. En el sector energético, donde la CGT dirige el gremio mayoritario, los trabajadores han decidido parar el 6, 7 y 8. El transporte lo hará el 6 y 7. En los centros de esquí, sus trabajadores han declarado una huelga por tiempo indefinido. Las huelgas han sido convocadas para el período de vacaciones escolares de invierno, lo que hará sentir aún más su impacto.
La burocracia de los sindicatos se encuentra dividida en cinco centrales. La CGT se presenta como el ala “izquierdista” de la burocracia, al promover huelgas superiores a las 24 horas – pero evita la huelga general por tiempo indeterminado. La Confederación Francesa Democrática del Trabajo (CFDT), por su parte, se ofrece para el ´diálogo´ con el gobierno y exige el respeto al “Estado de Derecho”. Coinciden en mantener una política de huelgas y movilizaciones aisladas. Con ese objetivo se ha formado la mesa intersindical que se ha constituido, por arriba, para coordinar las acciones de protesta.
Crisis parlamentaria
El extendido repudio a la reforma previsional ha provocado el rechazo del Nupes -el frente de izquierda encabezado por Jean-Luc Melenchon- y del derechista Frente Nacional de Marine Le Pen. Si el gobierno logra seducir a Los Republicanos, contaría con los votos necesarios para obtener la mayoría en la Asamblea Nacional. Estos se encuentran divididos entre quienes aceptarían votar la reforma presentada por el gobierno y quienes exigen introducir modificaciones cosméticas para no quedar asociados a un gobierno repudiado por 2 de cada 3 franceses. El “debate parlamentario” es una pantomima: la comisión de diputados que trata el asunto esté revisando más de ¡7.000! enmiendas al proyecto original.
Su debate plenario está previsto para el próximo 6 de febrero. La Primera Ministra Élisabeth Borne ha anunciado que el gobierno piensa utilizar el artículo 49 de la Constitución, que le permite “aprobar” leyes que no obtienen el acuerdo del Parlamento. Para esto debe cumplir un tiempo estipulado de 60 días de debate parlamentario. La oposición puede presentar una moción de censura para evitar la promulgación automática de la Ley, pero esta debe reunir la mayoría de la Asamblea Nacional (AN) – algo con lo que no cuenta. Desde las últimas elecciones parlamentarias, en las cuales perdió la mayoría absoluta en la Asamblea Nacional, el gobierno ha utilizado más de 6 veces este artilugio constitucional para lograr la aprobación, entre otras, del Presupuesto 2023 y de una reforma a la seguridad social y los fondos de desempleo. Macron, durante su gestión como Ministro de Economía en el gobierno de Hollande, se valió de estos recursos de excepción para pasar reformas y exenciones impositivas para las patronales.
Por su parte, Melenchon reclama un referéndum sobre la reforma previsional, pero no cuenta con los votos para promover efectivamente ningún referéndum. Es un planteo que desvía la cuestión crucial de una huelga general contra el gobierno.
Perspectivas
Las huelgas y movilizaciones se han convertido en un escenario permanente desde el otoño europeo, a causa de la carestía ocasionada por la guerra de la OTAN contra Rusia. El empeño de la burocracia por ´administrar´ los esfuerzos de este movimiento son evidentes. Por lo pronto, las centrales sindicales han evitado hasta ahora anunciar una movilización para bloquear el Congreso cuando se trate el proyecto. A despecho de ello, el 6 de febrero volverá a manifestarse un colocaría un gran movimiento de masas en las calles, con el apoyo de una clase media parisina que se ha plegado a las acciones de lucha.
Joaquín Antúnez
01/02/2023
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