Algunos gobernadores miraron de reojo a la reimplantación del impuesto a las ganancias. En especial, los de las provincias patagónicas, que temen una rebelión salarial entre los trabajadores petroleros, como ya ocurrió varias veces en el pasado reciente. En cambio, no mereció comentarios el nuevo zarpazo a las jubilaciones. Varios diputados de la oposición dialoguista, con vínculos con los gobernadores, han presentado proyectos similares en relación a la movilidad de los haberes.
Mientras tanto, y en nombre de las negociaciones iniciadas, el gobierno ha logrado congelar cualquier tentativa de derogación del DNU en el Congreso, si es que éstas existieron alguna vez con alguna seriedad (incluso por parte de los ‘nacionales y populares’). Las privatizaciones de medios públicos y, en general la ‘reforma del estado’ (despidos) están en el decretazo que se encuentra vigente. A cambio de las promesas de Posse y Francos, Milei-Caputo han ganado tiempo para la escalada contra los trabajadores. Pero a su manera, también lo ganaron los gobernadores: el lenguaraz Weretilneck, sin ir más lejos, enfrenta una huelga docente que arrancó con un no inicio de 48 horas.
Gobierno por decreto
La cuestión central que está en juego en esta ‘mesa de trabajo’ reviste un carácter enteramente político: es muy claro que la Ley Ómnibus -lo que el gobierno exige aprobar a cambio de los billetes que recibirían los gobernadores- mantiene la delegación de facultades en favor del ejecutivo. Detrás del palabrerío sobre el diálogo y el consenso, lo que se discute es la consagración definitiva de un régimen de decretazos y poder personal. Por caso, si en la nueva movilidad jubilatoria que se quiere aprobar el tiro le saliera por la culata al gobierno -por una nueva devaluación que empine la inflación hacia arriba- Milei y Caputo tendrían la atribución de suspenderla y aprobar aumentos por decreto. La delegación de poderes en materia de Defensa y Seguridad convertiría a la militarización de la provincia de Santa Fe en un mero acto administrativo. Lo mismo vale para el cierre de organismos públicos creados a través de leyes nacionales.
Los fondos a las provincias, en definitiva, están condicionados a una alteración del régimen político. Esta extorsión brutal ha sido pulcramente silenciada por los gobernadores opositores que, con asistencia perfecta, se sentaron a la ‘mesa del ajuste’. Kicillof se retiró ponderando la ‘predisposición’ de los funcionarios presentes. Esto es lo que el gobernador bonaerense, en su discurso de apertura de sesiones, llamó las “mesas de trabajo” a las que concurriría con el gobierno central –para diferenciarlas de los actos de naturaleza política, como el del anunciado “Pacto de Mayo”-. Pero no es así: la reunión “de trabajo” con los gobernadores discutió, en primer lugar, un arreglo ‘federal’ a cambio de una nueva confiscación a trabajadores y jubilados. Y a renglón siguiente, un régimen de decretazos para sostener esa confiscación.
La derrota de la camarilla de Milei-Caputo-Bullrich no vendrá de la mano de ningún redentor `federal´. Depende enteramente de una acción obrera independiente –es lo que temen como a la peste todos los que se sentaron a la “mesa del ajuste”-.
Marcelo Ramal
10/03/2024
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