Los ministros ´dialoguistas´ del gobierno se han reunido sucesivamente con los gobernadores y los bloques opositores. El eje de estas tratativas pasa, por un lado, por consensuar la nueva versión de la ley ómnibus. Por el otro, se quiere congelar un posible tratamiento del DNU en Diputados. A eso se comprometió Pichetto al retomar las discusiones con el gabinete nacional. El bloque variopinto que preside el senador rionegrino inclinaría la balanza en favor de una aprobación de la megaley, junto a los pejotistas provinciales que abandonaron a la “Unión por la Patria”.
Las discusiones entre libertarios y dialoguistas exponen los intereses sociales que aparecen en la megaley. Stolbizer, por ejemplo, reivindica un paquete fiscal que asegure nuevos ingresos, como es el caso del blanqueo a capitalistas evasores. Sólo manifestó que “le incomoda” (sic) la posibilidad de que se habilite ese beneficio a quien coloque sus activos a nombre de “terceros” (testaferros). Las narcofinanzas, como se ve, han metido la púa en la megaley, y no sería el único caso.
Jubilaciones
La cuestión más discutida en estas horas es la de la nueva fórmula jubilatoria, que gobierno y opositores coinciden en que ajustará los haberes por inflación. Pero en los dos proyectos -el libertario y el “dialoguista”- ese reconocimiento de la inflación comenzaría a partir de abril, cuando Milei-Caputo suponen una desaceleración en el aumento de los precios. El “ajuste por inflación”, por lo tanto, parte del desconocimiento global del período que va de diciembre a febrero, cuando la inflación acumulada llegó al 60%. Los “generosos” de Pichetto y Carrió quieren reconocer un 20% por ese lapso. Caputo-Milei ni siquiera eso, sólo admiten un 10%. En cualquier caso, la nueva movilidad no sólo ningunearía al reciente zarpazo inflacionario. Convalidaría, además, al brutal retroceso jubilatorio del último lustro, que alcanza al 50% de los haberes. Carlos Melconian, que está en el campo del “apoyo crítico” al gobierno, ha sincerado cuál es el apuro por cambiar la fórmula: “evitar una explosión impagable de haberes” (Clarín, 18/3), para lo cual hay que arrancar desconociendo el impacto inflacionario del primer bimestre del año. En cualquier caso, y si volvieran a producirse picos de inflación, la megaley mantiene la delegación de facultades, que a esta altura ninguno de los dialoguistas pone en tela de juicio. En ese caso, volverían los aumentos por decreto y la suspensión de la “flamante” ley.
Gobernadores
La otra pata del rescate del paquete oficial -DNU màs ley ómnibus- es el colectivo de gobernadores, que acaba de ofrendarle al gobierno un gesto extraordinario: una declaración de los mandatarios donde, a raíz de la crisis de Rosario, expresan que “apoyamos las acciones que vienen llevando adelante los gobiernos provincial y nacional”. Es un apoyo estratégico a la militarización del Estado, que Kicillof, en particular, refrendó con el envío de pertrechos policiales.
En el aspecto del reparto de fondos, el bloque de gobernadores continúa discutiendo de qué modo se restauraría el impuesto a las ganancias, volviendo a gravar entre un millón y millón y medio de trabajadores. Por ese motivo, los gobernadores patagónicos temen un choque con los trabajadores petroleros y mineros, y reclaman coparticipar otros impuestos que el gobierno no quiere ceder. La cuestión de las privatizaciones todavía no ingresó a las negociaciones en curso, pero es el punto, precisamente, donde naufragó la anterior tentativa de aprobación de la ley ómnibus. A la luz de estas dificultades, el PRO le está ofreciendo al gobierno particionar al DNU y a la megaley en un conjunto de leyes por separado –fiscal, reforma laboral, privatizaciones, jubilaciones. Pero la camarilla oficial recela de ser sometida a una romería parlamentaria, que podría terminar en un desfile de aprobaciones, en algunos casos, y de rechazos en otros.
CGT
Desde afuera del Congreso o de las provincias, la burocracia sindical pide a los gritos su ingreso a la ´coalición reaccionaria´ que Pichetto, Macri y Cornejo le ofrecen a Milei. Por todos los medios posibles, Daer le ha hecho saber al gobierno su disposición a ´discutir´ la reforma laboral, siempre y cuando se preserve al aparato burocrático de los sindicatos. Por primera vez en 40 años, la CGT participará del 24 de marzo, con el único objetivo de disimular la ausencia de una lucha frente al vendaval antiobrero del gobierno. La vigencia del DNU -por ahora freezado en Diputados- le da sustento al régimen por decreto que constituye el día a día de Milei. Para fin de marzo, se anuncian miles de despidos en reparticiones públicas, después de lo ocurrido en Télam, Radio Nacional, el INCAA y otros organismos. La pasividad burocrática, sin embargo, choca con manifestaciones de lucha que no pasan desapercibidas. Los obreros de Siderca y de las grandes siderúrgicas están protagonizando huelgas activas, contra la pretensión de licuarles el salario –es una huelga con significado político, pues enfrenta a la patronal con mayor penetración al interior del gabinete libertario, el grupo Techint. La docencia de Neuquén, Santa Fe y Tucumán protagoniza verdaderas rebeliones contra el ajuste de sus salarios. Ha comenzado también la lucha universitaria, que carga con el conservadurismo de las federaciones afines a las dos CTA. Los movimientos de desocupados acaban de concretar un piquetazo nacional masivo.
Los voceros del capital financiero que miran a la Argentina se interrogan sobre la “gobernabilidad” y la “reacción en las calles”. A esa irrupción no sólo le temen Milei y sus mandantes financieros. También asusta a opositores, a gobernadores, y a sus agentes en el movimiento sindical. Por eso, las luchas de estos días deben servir para promover coordinaciones interfabriles y autoconvocatorias –que la iniciativa pase a los trabajadores y a su fuerza elemental.
Marcelo Ramal
19/03/2024
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