El lunes 25 de marzo finalizó el Juicio contra las brigadas de Lanús-Avellaneda, San Justo, Banfield y Quilmes, con un total de 11 represores condenados por delitos de lesa humanidad. Se los juzgó, entre otros, por la llamada Noche de los Lápices, el secuestro de un grupo de estudiantes secundarios, militantes y constructores de sus centros estudiantiles en la clandestinidad, ocurrido en La Plata el 16 de septiembre de 1976 – hace 48 años y 41 del ‘retorno a la democracia’. También estaban en el banquillo de los acusados los responsables del secuestro de Adriana Calvo, fundadora de la Asociación Ex Detenidos Desaparecidos, fallecida en 2010.
Las brigadas operaron clandestinamente durante la década del ’70, utilizando como centros de detención los Pozos de Banfield y Quilmes, donde retuvieron, torturaron, redujeron a la servidumbre y finalmente desaparecieron a, por lo menos, las más de 600 víctimas que se les adjudican.
Las condenas dictadas por el Tribunal Oral en lo Criminal Federal n°1 de La Plata fueron de diez condenas a perpetua a Federico Minicucci (jefe del Regimiento de Infantería Mecanizada 3 de La Tablada), Guillermo Domínguez Matheu (jefe de Actividades Psicológicas del Destacamento de Inteligencia 101 de La Plata), Jorge Di Pasquale (jefe de la sección de Operaciones Especiales del Destacamento de Inteligencia 101 de La Plata), Carlos Romero Pavón (jefe de Reunión Interior del Destacamento 101 de La Plata), Roberto Balmaceda (jefe de Contrainteligencia del Cuerpo de Actividades Especiales del Destacamento 101 de La Plata), el exministro de Gobierno Jaime Lamont Smart, Juan Miguel Wolk (jefe de la División Delitos contra la Propiedad y de la División Delitos contra las Personas y de la dirección de investigaciones Zona Metropolitana), el médico policial Jorge Bergés, el comisario Horacio Castillo y Carlos Fontana (enlace entre el Destacamento 101 y el Batallón de Inteligencia 601). También fue condenado Alberto Canditi (Integrante del Departamento 101) a 25 años de prisión. En cambio, Enrique Barre (segundo del “Nazi” Wolk en el Pozo de Banfield) fue absuelto. Hasta diciembre pasado, fue defendido por Mariano Cúneo Libarona, actual ministro de Justicia de la Nación – otro más para su prontuario. Entre los acusados se encontraba el asesino Miguel Etchecolatz, ex director de Investigaciones de la policía bonaerense, que murió a mitad del juicio.
El juicio comenzó en octubre de 2020. A lo largo de estos cuatro años pasaron numerosos testigos, tanto sobrevivientes como familiares y compañeros de desaparecidos, que dieron cuenta de la existencia de un plan sistemático de exterminio de la vanguardia obrera de aquellos años.
Familiares y compañeros de los desaparecidos, sobrevivientes y organismos de derechos humanos definieron como “reparador” el fallo, pero no definitivo. No sólo los condenados apelarán la absolución de Barre. Las condenas llegan a más de 40 años de los hechos y el fallo no satisface enteramente a los familiares y sobrevivientes. Tales cuestiones toman vital relevancia en el contexto en cual nos encontramos, frente a un gobierno de videlianos confesos que pretende militarizar la represión interna bajo la excusa de la “lucha contra el terrorismo”.
Miles de represores se encuentran libres e impunes. Gozan de impunidad gracias a las maniobras de los partidos de la burguesía, que fueron cómplices del golpe.
Fueron 30.000 y fue genocidio. Abran los archivos desde 1973 hasta 1983. Juicio y castigo a represores.
Vicky Medina
28/03/2024
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