¿Un kirchnerismo destituyente?

Echando mano del método de las evidencias circunstanciales -algunas citas o frases al pasar- el secretario de redacción de Clarin, Gonzalo Abascal, presenta la versión de un kirchnerismo destituyente o golpista respecto del gobierno de Milei. Abascal arranca su nota colocando como antecedente a la conducta del peronismo con el gobierno de Macri. Se equivoca, entonces, por partida doble, porque la abrumadora mayoría de los actuales integrantes de la “Unión por la Patria” votaron las leyes que Macri llevó al Congreso – comenzando, naturalmente, por Sergio Massa. En cuanto a la CGT en aquel período, hay que recordar cuando grupos de trabajadores les volaron el atril a sus dirigentes en un acto en Plaza de Mayo, repudiando la pasividad de la central obrera con el gobierno macrista. La consigna kirchnerista de aquel período era “hay 2019”, la misma que hoy comienza a esgrimirse por el pejotakirchnerismo con otra fecha y circunstancias – “hay 2027”. En el interín, lo que se está gestando es lo contrario que vislumbra Abascal, es decir, un escenario de convivencia y colaboración política entre el gobierno de Milei y el peronismo. Para aceitar ese rumbo, “nacionales y populares” están propiciando la vuelta al redil de los elementos derechistas distanciados del ´movimiento´, como Pichetto y Urtubey. Todos los columnistas políticos coinciden en señalar que la postulación del juez Ariel Lijo a la Corte cuenta con la anuencia de los senadores del pejota – Lijo ha dormido o archivado causas fundamentales contra la camarilla K, como la participación de Gildo Insfrán en los chanchullos financieros atribuidos a Boudou o el escandaloso ingreso sin dinero del grupo Eskenazi a YPF. En la secuencia de juicios a congelar en la Corte, por parte de Lijo, están los que involucran a Cristina Fernández de Kirchner.

 La “cohabitación” del peronismo con Milei es todavía más evidente en el caso de los gobernadores. La reciente reunión del Norte Grande, entre Francos y los mandatarios -entre ellos el camporista Quintela y el massista Sáenz- trazó un horizonte muy claro para esa colaboración. “Así como el gobierno nacional necesita herramientas para ejecutar su plan, nosotros necesitamos previsibilidad”, dijo Sáenz. Las “herramientas” son las leyes reaccionarias que Milei presentó o quiere llevar al Congreso. La “previsión”, son los fondos que reclaman los gobernadores para los distritos. En la agenda de la reunión, ingresó “la moratoria, el paquete fiscal y la reforma laboral” (Infobae, 26/3). A cambio de los fondos que reclaman, los gobernadores peronistas le han transmitido a MIlei y a Francos su disposición a votar las leyes en danza.

 En la reciente jornada del 24 de marzo, el aparato pejotista y K desplegó un dispositivo inusitado de movilización. Fue como decirle al gobierno: “aquí estamos”, o sea, postularse como interlocutor excluyente del gobierno, en lugar de la desdibujada o heterogénea oposición “dialoguista”. Esta operación está siendo concertada con el propio gobierno, como lo demuestra la toma y daca del Senado en torno de los dos nuevos jueces de la Corte.

 La nota de Abascal, a su manera, sirve a este propósito – crear un escenario de polarización entre libertarios y kirchneristas. Esto, porque presenta al kirchnerismo mortalmente enfrentado al gobierno, y se aparta de todas las evidencias -abrumadoras- de colaboración política entre ambos. Otra ala del periodismo político, la de los columnistas de La Nación, se ha encargado de mostrar las pesadas evidencias de cooperación entre mileistas y kirchneristas. Expresan el punto de vista del macrismo, que teme ser desplazado del rol de soporte político y parlamentario del gobierno nacional.

 La advertencia sobre las llamadas operaciones “destituyentes”, en cualquier caso, cumplen otra función: blindar al gobierno de Milei, oponiéndole a todo reclamo popular la evidencia de los votos recibidos en 2023. El sufragio universal -que es esgrimido como equivalente de la democracia- es el salvoconducto de un operativo de usurpación política y armado de un gobierno por decreto. El decretazo 70, que está vigente, abole los derechos laborales y los derechos constitucionales de huelga y de manifestación. En las últimas horas, el gobierno ´saldó´ las discusiones sobre la movilidad jubilatoria por otro decretazo, cuyo contenido volvió a modificar en cuestión de horas y que sanciona un despojo del orden del 30% de los haberes para los primeros meses de este año. “El voto”, reivindicado por el columnista Abascal, es la coartada que legitima un golpe de estado económico y un gobierno por decreto. De todos modos, y para tranquilidad del columnista, este régimen de excepción, dirigido a rescatar a los acreedores de la deuda a costa de trabajadores y jubilados, será sacrosantamente respetado por los agentes políticos y sindicales del kirchnerismo. 

 Marcelo Ramal

 27/03/2024