Mientras tanto, el gobernador Pullaro solicitó la intervención del Estado nacional, el cual, Patricia Bullrich mediante, ha lanzado una receta harto conocida: el desembarco de mayor cantidad de fuerzas de seguridad federales en territorio santafesino. Nada que no se haya hecho en el pasado, con los resultados conocidos: después de algunas semanas de estruendo mediático, el recrudecimiento del narcodelito, en las mismas barbas de la Prefectura o la Gendarmería. Bullrich y Pullaro le han añadido esta vez el apoyo “logístico” de equipos de transporte militares. Pero ha requerido también que el mismo ejército participe en las acciones de seguridad interior. Si la ley que impide esa intervención fuera modificada, lo que tendríamos por delante es la reiteración de lo que ya ocurre con las fuerzas federales de seguridad y la policía provincial: la asimilación y la connivencia con el crimen organizado. Argentina, en este punto, puede mirarse en el espejo de Colombia o de México.
En el caso de Santa Fe, la policía provincial está profundamente penetrada por la red narco desde hace más de una década. Ya fueron desplazados jefes regionales y pasado a disponibilidad otros centenares de agentes, todos por hechos de corrupción en sus funciones. El reforzamiento del aparato represivo, entonces, no pasa de ser una puesta en escena, por parte de un Estado que no sólo es impotente para darle una salida a esta crisis: es responsable y cómplice, en todos sus estamentos, de la escalada criminal.
Encubrimiento
En las últimas semanas, Bullrich y Pullaro han poblado las redes de posteos y fotos vanagloriándose del escarmiento carcelario sobre los narcos. Este show, como se vio, no hizo más que agravar la violencia en las calles. Pero, además, ha servido -como siempre ha ocurrido en estos años- para encubrir a los verdaderos responsables del crimen organizado.
Mientras las cárceles se llenan de “soldaditos”, el tendal de capitalistas que se beneficia con los recursos del narcotráfico sigue operando desde la comodidad de sus empresas.
Son los que operan en los puertos privados, el gran canal para el ingreso y salida de drogas y dinero; son los que lavan las inversiones multimillonarias de los narcos con la especulación inmobiliaria, que tiene como intermediarios a los bancos y a los fondos financieros.
Mientras Rosario se ha convertido en el Puerto Madero de Santa Fe, con construcciones faraónicas en toda la costa del Paraná, la desigualdad social se ha agigantado a niveles extraordinarios, como se aprecia en los barrios donde no llegan los servicios públicos básicos y donde las familias carecen de ingresos suficientes para afrontar su vida cotidiana.
Son los barrios donde el consumo de drogas se ha “naturalizado”, destruyendo a una generación entera de jóvenes sin trabajo, sin estudio y sin futuro.
Mientras prometen “mano dura”, los Bullrich, los Pullaro, los Milei y sus partidos están empeñados en sancionar en el Congreso una nueva ley de blanqueo de dinero. Sus beneficiarios, ni más ni menos, serán los jefes, instigadores y explotadores económicos de la misma red criminal que hoy se cobra la vida de jóvenes y trabajadores en los barrios de Rosario.
La crisis de seguridad es la crisis de un régimen y de una organización social que, en su descomposición, criminaliza sus finanzas, funde, en un mismo y podrido cuerpo, al Estado con el crimen organizado; y convierte en asesinos a su servicio a una parte de la misma población a la que convirtió en elemento descartable.
En las dramáticas condiciones creadas en Rosario, es urgente que las organizaciones obreras intervengan en la crisis. Es la tendencia que ha expresado el paro arrancado por los delegados docentes, o el que han impuesto los delegados estatales.
En las actuales circunstancias, planteamos la constitución de un comité de organizaciones obreras y populares, que resuelva un plan de movilización en defensa de la mayoría trabajadora de la Ciudad; el programa de esa movilización plantea, entre otras reivindicaciones y medidas: la destitución y separación de los jefes policiales corrruptos; el control de los destacamentos y comisarías por comités de trabajadores y vecinos electos; la apertura de los libros y operaciones de los puertos privados y la Hidrovía; la investigación de todas las operaciones inmobiliarias de magnitud de, al menos, los últimos cinco años.
La crisis narco en Rosario tiene lugar en medio de un agravamiento en todos los órdenes de la miseria social – la cual es inseparable de la propia escalada criminal. Debemos incorporar a esta lucha, por lo tanto, las urgentes reivindicaciones obreras y sociales de la hora: 100% de aumento de salarios y jubilaciones; abastecimiento integral de los comedores populares en los barrios; bolsa de trabajo para los compañeros desocupados; inmediato plan de obras públicas, financiado con un impuesto al gran capital sojero, inmobiliario y del juego.
El miedo y la desolación popular no serán vencidos de la mano de los personeros del narco-Estado y sus “efectivos”. La calle debe ser ganada por la clase obrera, con la huelga general y la movilización.
Agustín Fernández
12/03/2024
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