Gobiernos, parlamentos e instituciones regionales de América Latina expresaron su rechazo a la ley de inmigración sancionada esta semana por el Parlamento de la Unión Europea (UE), denominada "Directiva de Retorno", que criminaliza a los indocumentados y ordena su encarcelamiento. De manera unánime, mandatarios y voceros calificaron la medida como discriminatoria y violatoria de los derechos humanos y manifestaron su temor por el cariz que ha tomado la política exterior europea, en pleno siglo XXI.
Este viernes, el Mercado Común del Sur (Mercosur) dejó por sentado su rechazo a la Directiva, que ordena el encarcelamiento en centros especiales de los inmigrantes no regularizados, por un período que va desde 6 a los 18 meses y sin derecho a un proceso jurídico. Además, contempla la expulsión de menores no acompañados y la prohibición de regresar a la UE. Argentina, en su carácter de presidente pro-témpore del mecanismo de integración, emitió un comunicado en el que aseveró que los países del bloque "lamentan la aprobación por parte del Parlamento Europeo (el miercoles) de la Directiva de Retorno".
En la declaración, los países del Mercosur -Brasil, Argentina, Uruguay y Paraguay y Venezuela, así como sus asociados, Chile y Bolivia- "reafirman su firme compromiso con la promoción y el respeto irrestricto de los derechos humanos de las personas migrantes y sus familias".
Los derechos de las personas deben ser garantizados "independientemente de su condición migratoria, nacionalidad, origen étnico, género o edad", añade el texto, a la vez que destaca "la necesidad de reconocer el principio de corresponsabilidad entre los países de origen, tránsito y destino de los flujos migratorios".
El gobierno brasileño ya había "lamentado" el miércoles, a través de un comunicado, la medida europea: "Brasil, país que dio acogida a millones de inmigrantes, lamenta una decisión que contribuye a crear una percepción negativa de la inmigración", dice el texto. La medida "va en sentido contrario al de una deseada superación de las trabas a la libre circulación de personas y de una más amplía y plena convivencia entre los pueblos", añade.
La Cancillería de Chile, por su parte, indicó que también que el Gobierno de Michelle Bachelet "lamenta" la aprobación de un nuevo plan migratorio europeo y que considera que viola los derechos fundamentales al criminalizar a los inmigrantes ilegales. Bajo esta regulación se les somete "a procedimientos que pueden lesionar sus derechos básicos y que vulneran el principio de reunificación familiar consagrado en diversos instrumentos internacionales de derechos humanos", agregó el texto.
En el comunicado, Chile además "reclama un tratamiento justo y humanitario en favor de los inmigrantes en la Unión Europea, en correspondencia con el trato generoso y abierto que Chile y el resto de América Latina han brindado tradicionalmente a los nacionales europeos en sus territorios".
Los gobiernos izquierdistas de la región tuvieron duras palabras contra la decisión de los Veintisiete.
El presidente de Ecuador, Rafael Correa, como titular pro témpore de la Comunidad Andina (CAN), deploró la normativa y expresó que buscarán respuestas claras, pues opinó que la medida es contradictoria, toda vez que la CAN y la UE están evaluando un acuerdo político comercial. "De qué cooperación están hablando cuando se trata de criminales a los migrantes", dijo y aseveró que si dependiera de su gobierno, "suspendería esas negociaciones" pues "¿acaso vamos a hablar solo de negocios y hacernos de la vista gorda con los derechos humanos?.
De su lado, el presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, manifestó que "esa ley donde establecen penas de cárcel para los inmigrantes es terrorista" ya que "incluye forma y mecanismos de chantaje para sacar a los inmigrantes de Europa". "Todo esto se llama terrorismo de Estado y lo están practicando los europeos, y nosotros lógicamente lo condenamos", enfatizó Ortega.
De igual forma, el presidente de Bolivia, Evo Morales, aseveró que la decisión de la UE es "una agresión a la humanidad y a la vida". El Jefe de Estado andino exhortó a los parlamentarios y gobernantes de la UE a ponerse "la mano en el pecho y revisar la historia". Les recordó que "en 500 años nunca se decidió expulsar a nadie" de América Latina pese a que "nos han saboteado, sauqeado, humillado, odiado y explotado".
A estas posiciones se suman la del ex presidente cubano Fidel Castro quien este viernes calificó la medida como "brutal" y el mandatario venezolano quien el jueves pasado advirtió a los países que apliquen esta normativa, que suspenderá el suministro de petróleo.
"Hay que rechazar con toda el alma esta llamada Directiva del Retorno" que criminaliza a los inmigrantes, dijo Chávez.
Mientras que en Perú, el presidente Alan García, de centroderecha, afirmó que la medida "no es justa", ya que no se puede sancionar a muchos por los delitos de algunos pocos. García aseveró que con esta política, Europa "le da la espalda a la historia", pues excluye a los inmigrantes que han generado aportes a ese continente. El madatario peruano dijo que su Gobierno no sólo "defenderá a sus connacionales, sino a todos los latinoamericanos. Por los delitos de unos cuantos no pueden sancionar a los millones de latinoamericanos que existen".
No hay comentarios.:
Publicar un comentario