Ni “represión violenta” en Gualeguaychú, como marco de la escenográfica detención por un par de horas de Alfredo De Angeli, ni política de “no represión” por parte del gobierno kirchnerista a las auténticas expresiones de protesta social. Como en todas las dimensiones de esta disputa al interior del modelo agro exportador por la renta extraordinaria que genera la soja transgénica, también en el plano de la represión los dos polos del conflicto juegan a ver quién miente mejor, mientras los sectores populares que sufren el crecimiento del hambre y la pobreza permanecen al margen de la agenda mediática y continúan siendo, como siempre, las víctimas reales de la criminalización y la judicialización de la protesta, con el único recurso de la auto organización. Los pobres de La Quiaca, en Jujuy, y Pepino Fernández, el referente de los desocupados de General Moscóni, en Salta, son ejemplos claros de este fenómeno.
El ex menemista y romerista Juan Manuel Urtubey, el ahora ultrakirchnerista gobernador de Salta, no es precisamente lo que se llama un dirigente independiente del gobierno central a la hora de tomar decisiones. No fue por casualidad su provincia la elegida para el acto con el que Cristina Kirchner intentó producir la contracara de la concentración convocada por los patrones del campo en Rosario, el 25 de mayo pasado. La abrupta detención por tres días de Pepino Fernández, cabeza de la Unión de Trabajadores Desocupados de General Moscóni –una de las cunas históricas de la organización y las formas de lucha de los desocupados en la Argentina-, a partir de la resurrección de una vieja causa por un corte de 2005, no puede ser atribuida, por eso mismo, a una política autónoma de los salteños respecto de la protesta social, cuando en el país hay más de 7 mil militantes sociales procesados por luchar, y más de la mitad de ellos están en esa situación a partir de 2003, cuando se inicia la era kirchnerista. Tampoco lo es el hecho de que Urtubey impulsa como nuevo integrante de la Suprema Corte de Justicia de su provincia al juez Abel Cornejo, el mismo que avaló judicialmente –y durmió las causas correspondientes- de las violentas represiones de 2000 y 2001 en General Moscóni en el marco de las cuales las fuerzas de seguridad asesinaron a Aníbal Verón, Carlos Santillán y Oscar Barrios.
Menos autónomo todavía respecto del esquema de poder kirchnerista es el aparato político hegemónico en Jujuy, liderado por el actual presidente de la Cámara de Diputados de la Nación, Eduardo Fellner –en su momento el primer gobernador convertido al proyecto de Néstor Kirchner-, en cuyo nombre ejerce hoy la gobernación Walter Barrionuevo.
La reacción del aparato represivo frente a la movilización de desocupados y campesinos de La Quiaca, apoyados por el padre Jesús Olmedo, fue en ese sentido el intento de borrar por la fuerza la expresión de una realidad de crecimiento geométrico de la pobreza y el hambre en el país que desmiente las amañadas estadísticas kirchneristas, intento tan desesperado como el que, en su momento, llevó a la Policía Federal de Kirchner y de Aníbal Fernández –los que hacen autos de fe sobre la supuesta política de “no represión”- a desbandar a fuerza de paños y gases las movilizaciones de los trabajadores del INDEC.
“Hubo forcejeos naturales”, fue la cínica explicación del gobernador Barrionuevo después de los palazos, gases y balas de goma con los que la policía provincial reprimió el 6 de junio la ocupación de la intendencia de La Quiaca por parte de los desocupados movilizados por el hambre. La joven campesina que quedó con la cara desfigurada por las quemaduras no lo deja mentir.
Esas violencias de Salta y Jujuy, como las salvajes represiones recientes a trabajadores de Maffisa, del IMPA y de los supermercados Toledo demuestran claramente dónde actúan y contra quiénes se ejerce realmente la criminalización y judicialización de la protesta, que no alcanza en cambio a los productores rurales en lock out pese a lo que digan Elisa Carrio o Esteban Bullrich, el compañero de partido de Jorge Vanossi, aquel ministro de Justicia de Eduardo Duhalde que procesó por atentar contra la ley de Defensa de la Democracia a todos los detenidos el 26 de junio de 2002, durante la Masacre de Avellaneda diseñada por su gobierno.
Prensa de Frente
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