La inclinación fascista del régimen del presidente Álvaro Uribe Vélez en Colombia sigue su marcha. La represión y asesinatos de gentes comunes y corrientes, de todas las edades, a lo largo y ancho de toda Colombia continúan implacables.
La crisis económica y social atrapó al país entero. Sin embargo, el Presidente Uribe Vélez se mueve internacionalmente buscando algún tipo de amistad de países democráticos como Brasil, Chile, Argentina y otros de América Latina, Centro América y el Caribe, al tiempo que aprovechando el hecho de que el poder en el actual régimen norteamericano de Barack Obama, de la familia Clinton, se empeña en lograr que el nuevo régimen estadounidense le tiembla la mano y le de apoyo económico y militar aunque sea en menor escala de lo que hicieron los dos miembros de la familia Bush que ejercieron la presidencia de los Estados Unidos.
El Universal de Sincelejo, de junio 13 de este año, registra a grandes titulares que “La Corte Suprema de Justicia condenó a tres años de prisión y al pago de 2.5 millones de pesos al médico Jorge Alonso Torrico Antezana, por el supuesto delito de rebelión, por haber prestado sus servicios como médico a integrantes de las FARC”. La sentencia de la Corte Suprema de Justicia para ratificar la decisión del Tribunal Superior de Bogotá, viola el principio histórico y universal que ha regido en la historia de la humanidad en el sentido de que los médicos, por el contrario, están obligados legal y éticamente a prestar sus servicios médicos a todas las víctimas de agresiones y de violencia que les causen sus adversarios y enemigos. Con ello la Corte Suprema de Justicia confirmó la condena que sobre el mismo caso había impuesto al acusado el Tribunal Superior de Bogotá.
En el caso actual de Colombia, en la que diariamente la prensa y otros medios de comunicación informan de agresiones físicas y criminales de unos ciudadanos contra otros, el castigo a los médicos que son llamados para atender a los heridos sería una especie de legitimación de los crímenes cometidos contra la población civil de todas las categorías, agredida por ejecutores de actos de violencia que afecten su propia dignidad y derecho a la vida.
Se agrega a todo lo anterior el hecho de que en estos momentos Colombia está pagando las consecuencias directas de la política económica y social del gobierno Uribe Vélez, quien ha declarado en El Tiempo de Bogotá de hoy 17 de junio que “su equipo económico, académicos y sector privado, empezará a buscar el mejor camino para “adoptar decisiones legislativas” que garanticen la financiación indefinida de la seguridad democrática, del 2011”.
Todo ello a consecuencia de “la noticia de que el gobierno central, con entradas reducidas, tendrá un déficit fiscal de 24.4 billones de pesos en el 2010- que dice que cubrirá con deudas-, hace pensar a voces de diferentes orillas que el Gobierno tendrá que echar mano, a la larga, de las privatizaciones o de una reforma tributaria, o de ambos”
Todo esto es el desmoronamiento total del régimen antidemocrático y represivo del gobierno del presidente Álvaro Uribe Vélez, a lo cual se agrega la ola criminal que recorre a todo el país día a día, con asesinatos de las personas de todas las condiciones sociales y edades.
Apolinar Díaz – Callejas (especial para ARGENPRESS.info)
No hay comentarios.:
Publicar un comentario