El viernes 5 y sábado 6 de junio, Alan García Pérez cometió un nuevo genocidio en Perú. La matanza fue en Bagua, y los nativos masacrados, son entre 40 y 50 según diversas fuentes. Ahí quedan también varios desaparecidos, más de una centena de heridos con balas de grueso calibre, y varias decenas de nativos acusados de subversivo y perseguidos por la policía y el ejército. Junto al alto costo humano entre los nativos, fueron eliminados 24 policías agresores.
Las aguas de la rebelión indígena no han llegado a su fin, y se mantiene el toque de queda y el estado de guerra en la zona del conflicto. Mientras tanto ya el gobierno a sacado a relucir su táctica para frenar esta ira popular. Para este fin, ha postergado la imposición de las leyes en litigio, y ha comprometido a la Iglesia Católica para que actúe como “mediadora” en el conflicto selvático. Se ha puesto en marcha la “mesa de diálogo”, presidida por los mismo que ordenaron la masacre. Esta institución antidemocrática y grotesca es parte de los planes del gobierno para negar las demandas de las comunidades.
La iglesia aceptó y como en la época de Fujimori, se prepara para santificar a los criminales de los nativos de Bagua, a quien García ha calificado de “asesinos de policías” y “desestabilizadores de la democracia”. Alan García, cínico hasta la demencia, dijo que “ha habido un genocidio de policías por parte de elementos extremistas que quieren entregarnos a modelos extranjeros”. El país había “sido víctima de la agresión subversiva de quienes no pueden ganar elecciones y quieren ganar las decisiones a través de la violencia”, declaró el presidente peruano. Junto a ello, el diario “La Razón” un cotidiano de Lima financiado por la mafia fujimorista ha pedido que “investiguen la ingerencia chilena en los hechos de Bagua”.
Con esta matanza García reedita su práctica sanguinaria contra el pueblo peruano, y ello pone en evidencia una vez más, que el Estado y las clases políticas que la dirigen están dispuestas a eliminar pueblos y nacionalidades enteras con tal de aplicar sus planes para seguir subastando el territorio y las riquezas del Perú. Para el aprista García, ordenar el asesinato de 10, 30, 100 o más personas es una rutina y una forma de gobernar que ya puso en ejecución en su primer gobierno. En junio de 1986 con frialdad planificó el genocidio de 300 prisioneros de guerra en tres penales del país. Desde 1985 hasta 1990, empleó las tropas militares o grupos paramilitares (comando Rodrigo Franco) para eliminar miles de campesinos, estudiantes, intelectuales y pobladores sindicados de “terroristas” y “senderistas. García no es nuevo en el oficio de matarife, y si el curso de los hechos políticos recientes desembocó en la masacre de Bagua, ello solo expresa el desarrollo de una practica represiva que está en ejecución desde hace 30 año y que se camufla con una supuesta democracia representativa, y que cada cinco años se disfraza con diversos circos electorales.
La matanza de indígenas en la amazonía, tiene relación con los planes del gobierno para seguir entregando el territorio nacional a las potencias extranjeras. En los últimos 30 años el Perú ha cedido a las transnacionales de petróleo y gas el 70% del territorio amazónico, que equivale a casi 55 millones de hectáreas de tierras. Las transnacionales son de Estados Unidos, Francia, España, Holanda y otros países ricos. En la lotización de la amazonía participan empresas, como la anglo-francesa Perenco, Repsol (España), la canadiense Petrolífera Petroleum Limited, Petrobras y Pluspetrol, Global Steel Holding, Emerald Energy, Maple Gas Corporation, Golden Oil Corporation, Jindad Steel y Power, Petro-Tech, y otras. La distribución de las riquezas naturales de la selva hace parte de un plan global de aplicación de un capitalismo salvaje cuyas consecuencias inmediatas son la extensión de la miseria y pobreza en este país. La política que Alan García quiere imponer mediante el crimen, está ligada a las necesidades de las grandes transnacionales y potencias mundiales. La globalización, expresión de los planes de dominación del sistema imperialista mundial, espera resolver su crisis económica, mediante un nuevo método de colonización de los países de America Latina y otras latitudes.
En el marco de la nueva y moderna colonización del Perú, la minería es otro de los objetivos de la voracidad de los grupos de poder locales e internacionales. Solo en los últimos años, las grandes empresas mineras han recibido el 14% del territorio nacional. La aplicación del Tratado de Libre Comercio ha hecho del Perú, un país en subasta, que mediante concesiones se entrega al capital extranjero. Hasta Chile con quien el gobierno pretende fraguar un conflicto internacional, tiene inversiones en Perú que llegan a 8,000 millones de dólares, mientras que todas las inversiones peruana en el país del sur solo alcanzan a 23.6 millones de dólares (fuente Luis Iván Salas Rodríguez). La pesquería, otra riqueza importante del Perú, está sufriendo una depredación sin límites que hace peligrar el ecosistema marino y la misma existencia de centenas de puertos, caletas y pueblos de la costa peruana. En esta carrera de vender y privatizar todo, hasta los puertos, los aeropuertos y las aduanas están en remate.
Quiebra moral y política del Perú
El genocidio en Bagua, hay que analizarlo considerando que el Perú es un país en quiebra total, donde se mezclan el entreguismo de sus gobernantes con altos índices de corrupción en el Estado, en el poder judicial, en las fuerzas armadas y otras instancias del poder y del Estado. El Perú oficial es una caricatura de republica independiente, cuya quiebra política y moral de sus élites dirigentes, hace peligrar la integridad de la nación. Su sistema político y de gobierno es de esencia lumpenesca donde cualquier ladrón, estafador o asesino puede aspirar a sentarse en el sillón presidencial o en el hemiciclo parlamentario. Este país está en bancarrota y su quiebra es fraudulenta y mafiosa que enriquece a algunos pocos y empobrece a millones de ciudadanos. Desde 1821, la llamada "República del Perú" ha sido solamente un botín que se ha distribuido por tajadas entre potencias extranjeras y los grupos de poder locales (terratenientes y burgueses). La crisis peruana, no tiene fin y ahora se agrava aún más con la profunda crisis de la economía mundial, y la hegemonía de los Estados Unidos. Los banqueros, los industriales, los terratenientes, los grandes comerciantes, las élites militares, los jerarcas de la iglesia, los jueces, los parlamentarios, los partidos políticos oficiales y las grandes transnacionales afincadas en este país constituyen una maldición para población (1).
La crisis en Perú no solo es de la burguesía y sus clases políticas dirigentes. Esta crisis tiene connotación en el seno del pueblo, y las medidas represiva criminales que se imponen desde el Estado, como ocurre ahora en la selva, resultan más graves y dolorosas, cuando en el seno de las clases populares no hay una respuesta organizada que pueda detener y hacer retroceder las acciones represivas del gobierno. Las rebeliones y luchas espontáneas como lo ocurrido en Bagua, son una magnifica expresión de la aguda lucha de clases y del animo de cómbate de las masas. Pero la espontaneidad de las masas, resulta insuficientes cuando hay que enfrentar un Estado militarizado y represor como en Perú. La carencia de una dirección estratégica que las oriente hacia objetivos supremos de lucha por el socialismo, las hace fácil presas de oportunistas y de todo tipo de traficantes de las luchas populares. Su falta de orientación y dirección revolucionaria, limita sus alcances políticos sociales, y su tendencia es el desgaste, la dispersión, y la desactivación del movimiento social cuando la represión se hace más dura y violenta.
Los partidos que se presenta como “oposición” como, el partido nacionalista de Ollanta Humala, no representan lo intereses del pueblo y sus fines políticos son sostener el actual sistema político corrompido. Su anti aprismo es táctico, sirve para confundir a las masas, y su objetivo es puramente electoral. Se declaran enemigos de Alan García, y hacen escándalos publicitarios para decir que apoyan las rebeliones populares, pero sin embargo están listos para los arreglos políticos bajo el propósito de mantener lo que se conoce con el nombre de “sistema democrático”. Avalan el parlamento basura y sostienen a las criminales fuerzas armadas. El Frente de Defensa de la Vida y la Soberanía Nacional, que aglutina los retazos de la izquierda legal, además del Partido Nacionalista del militar Humala, no busca reorientar la rebelión de Bagua hacia objetivos estratégicos a favor de las comunidades nativas, sino mas bien apuntalar posiciones electorales para las elecciones presidenciales del 2011. No es una casualidad que el Movimiento Popular de Control Constitucional (Lima junio 2009) junto con acusar a García Pérez de genocidio, exige que no se utilice esta lucha para propósitos electorales. Tampoco es casual que algunos meses antes de los hechos sangrientos en Bagua, Humala exigía aumentar el presupuesto económico para las fuerzas armadas, en función de que el “Perú tenía que definir su doctrina de defensa nacional". En octubre del 2008, Alan García para superar sus crisis y descrédito político, nombra como primer ministro al trásfuga Yehude Simon. Inmediatamente Humala, líder del Partido Nacionalista, dijo que éste tendría el “apoyo político de su partido".
Si el gobierno actual puede asesinar sin inmutarse es porque no tiene ningún tipo de oposición valedera ni en el campo político ni en el sector popular organizado. Su control del parlamento es absoluto, y el poder judicial sigue siendo un antro para lavar crímenes y hechos de corrupción que se cometen desde el Estado. Ollanta Humala no puede ser un gran contrincante en razón de su pasado como militar fujimorista y pesa sobre él varios juicios pendientes por crímenes de guerra en el Alto Huallaga cuando era uno de los jefes militares del gobierno anterior. Que Ollanta Humala, sea sancionado o no, depende exclusivamente de sus arreglos políticos con el APRA y García Pérez y las fuerzas armadas. Las principales centrales obreras son cascarones sin representatividad que no son capaces ni siquiera de defender el salario y la estabilidad laboral. Estas centrales se han convertido en vulgares instrumentos electorales de los burócratas que las dirigen, y sus paros y movilizaciones están orientados a ganar votos en las próximas elecciones generales. Su fin, no es la defensa del asalariado, es buscar un acomodo en el sistema político actual, y lograr prebendas de los gobiernos de turno. Cada conflicto social espontáneo como el ocurrido en la selva, es usado con fines electorales. A comienzo de este año, los dirigentes de la CGTP se convirtieron en interlocutores y anfitriones preferidos de Yehude Simon, quien incluso fue invitado con honores de príncipe al local de esta central.
Estos dirigentes con amplias sonrisas inauguraron junto a Simon las “mesas de diálogos” que según el gobierno era “expresión de la voluntad política para fortalecer la democracia". Si Hugo Blanco acusaba en 1982 a los dirigentes de la Confederación General del Trabajadores del Perú (CGTP) y del PCP (ex pro soviético) de reformistas y freno de las luchas de los asalariados (2), ello no ha cambiado mucho con el tiempo. La CGTP sigue siendo una organización burocratizada que sirve exclusivamente en beneficio personal de su cúpula dirigente y de los partidos que usufructúan de ella (PCP ex pro soviético y “Patria Roja”). Por esta razón hace algunas semanas el Movimiento Democrático del Perú. Dignidad Nacional, ha planteado que “es tiempo de refundar integralmente la CGTP, para superar los límites del reformismo”. No hace mucho, en octubre del 2008, el vicepresidente de la Confederación General de Trabajadores del Perú (CGTP), Olmedo Auris, destacó la disposición al diálogo y la capacidad de gestión del nuevo primer ministro, Yehude Simon, el actual socio del criminal García (3).
La descomposición del Estado, se refleja también en la crisis de dirección revolucionaria. Lo que era el Partido Comunista del Perú (Sendero Luminoso), es ahora un montón de chatarra cuyos voceros, en prisión o en libertad, continúan con sus suplicas de buscar una “salida negociada y pacifica” a los problemas del país. Abimael Guzmán cada que vez que abre la boca es solamente para reafirmar su posición traidora y arrastrarse a los pies del gobierno y de las fuerzas armadas. El grupo guerrillero que actúa en un sector de la selva hay que tomarlo con pinzas, cuyas acciones atomizadas en un reducido rincón de la selva, sirven más a los seguidores de Gonzalo y a los planes de los militares, que a una propuesta seria de lucha armada revolucionaria. “Una acción guerrillera y mismo un conjunto de lucha armada no constituyen por si mismas un proceso político liberador en el sentido del cambio revolucionario de la sociedad y del Estado. El contenido revolucionario de una acción política o militar esta determinado por su objetivo estratégico cuya esencia esta determinada por un conjunto de factores ideológicos, políticos y de organización” (4).
El Movimiento Revolucionario Tupac Amaru (MRTA), solo existe en el membrete, y lo que queda de ese grupo está desperdigado en diversas organizaciones de la izquierda legal peruana o de defensa de derechos humanos. Víctor Polay Campos líder de este grupo extinguido, desde la prisión sigue proclamando su arrepentimiento a la lucha armada y se presenta como un partidario de la democracia que dirige el APRA y Alan García Pérez. La izquierda oficial, aquella que se llamaba “Izquierda oficial”, es en la actualidad un retazo marginal de minúsculos partidos que sobreviven a expensas de lo que le ofrecen las elites políticas que gobiernan. Su solo objetivo es subirse al carro electoral de algún personaje político de moda. Estos partidos, algunos siguen llamándose de “izquierda”, son caricaturescos y despreciados por el pueblo y los trabajadores. Los obreros, campesinos y otros sectores de las clases populares no olvidan la conducta de esta “izquierda oficial” que en el pasado ha sostenidos a los peores y más represivos gobiernos del Perú, el mismo Alan García Pérez en 1985 y Alberto Fujimori (1990), fueron respaldados por esta izquierda en descomposición y marcada a fuego por su abominable pasado político de colaboración con los grupos de poder.
Como detener la ofensiva criminal
Una cuestión importante es cómo evitar que individuos como Alan García o cualquier otro que lo reemplazará en el gobierno (el próximo puede ser Ollanta Humala o la hija de Alberto Fujimori), sigan asesinado a cientos de indígenas, trabajadores y luchadores sociales. ¿Qué salida hay para resolver este problema?. Desde el triunfo de la guerra contra los colonialistas españoles (1821) y la instauración de la República han desfilado por palacio de gobierno todo tipo de partido y gobernante. Civiles, militares, eclesiásticos, laicos, "revolucionarios", "demócratas", liberales, caudillos y aventureros, se instalaron en el poder y desde ahí fueron los grandes subastadores de las riquezas del país y expoliadores de las masas oprimidas. Las élites políticas a través de dictaduras militares o gobiernos supuestamente democráticos, liberales, o progresistas, impusieron al pueblo las peores formas de explotación y humillación social. El Perú, como ninguna otra nación de América Latina, es una muestra dramática del fracaso histórico, de una clase social dirigente (terratenientes y grandes burgueses) parasitaria que no ha sido capaz de poner en marcha ni siquiera (hablando de medidas capitalistas) un sistema económico y político medianamente coherente y de defensa de la nación. La crisis del Estado es crónica y ella es inherente a una parasitaria y decadente élite política que desde el inicio de la República ha manejado fraudulentamente el Estado. Con razón analistas e historiadores han señalado que la historia oficial del Perú es deprimente y traumatizante. Los antiguos dirigentes del Estado peruano, así como los actuales, no han ido más lejos de ser vulgares testaferros de las transnacionales y potencias imperialistas. Son bandidos y no gobernantes, y menos “estadistas” como dice la publicidad oficial.
El cambio a favor de los pobres, no resultará de un gobierno elegido en procesos electorales organizados por la banda que dirige el Estado. No es posible viabilizar una salida a la crisis social y política peruana manteniendo y sosteniendo los escombros del Estado actual. Los estados como el del Perú, dependientes completamente de las grandes metrópolis imperialistas y gobernados por élites decadentes, no tienen la más mínima posibilidad de hacer ni siquiera elementales reformas sociales y políticas que disminuyan la miseria y el sufrimiento del pueblo. Aquí no se trata como dicen algunos teóricos burgueses o pequeños burgueses, de "humanizar el sistema" o "reestructurar el Estado", "democratizar la sociedad", "moralizar la administración", "buscar una equidad en la distribución de las riquezas" o "institucionalizar la sociedad". Mientras se mantenga el Estado y la sociedad actual los pobres seguirán siendo las principales víctimas de los grupos de poder local y de las potencias imperialistas. Mientras no se liquide las criminales fuerzas armadas, las fuerzas policiales, el podrido poder judicial, el parlamento y otras instituciones del Estado, los trabajadores y el pueblo seguirán brutalmente explotados, embrutecidos, manipulados y ferozmente reprimidos como acaba de ocurrir en Bagua.
Las comisiones parlamentarias que acaban de formar para resolver la crisis en Bagua, la intervención de la Iglesia Católica (cómplice de los peores regimenes), o los diálogos propuestos por el gobierno, solo servirán para afinar más los planes represivos del gobierno y de las fuerzas armadas. Estas comisiones y diálogos, son de uso frecuente por el Estado para ganar tiempo y negar las reivindicaciones de las bases en conflicto. Sirven también para echar una cortina de humo a los crímenes cometidos por el gobierno. Los oprimidos, no tienen otra salida que tomar su destino en sus propias manos, y pensar y actuar en una salida revolucionaria y definitiva. En este camino, se tiene que rechazar las elecciones y los bribones que participan como candidatos. Se tiene que reconstituir las organizaciones sindicales de los trabajadores, y trabajar seriamente por dotarse de una dirección política independiente y revolucionaria que nada tenga que ver con las viejas castas políticas, sobre todo aquellas que desde la izquierda viven hundidas en el vulgar electorerismo. Aprender de Lenin, cuando anotaba con exactitud, que el problema de la organización y dirección en las luchas sociales ocupa un lugar fundamental en los movimientos emancipadores y socialistas.
Luis Arce Borja (especial para ARGENPRESS.info)
Notas:
1) Perú: Quiebra histórica de un sistema. Luis Arce, enero 2003.
2) Hugo Blanco, entrevista en VSD, 19/11/82.
3) Olmedo Auris, declaraciones a El Comercio 13 de octubre 2008.
4) Luis Arce. Perú: Los retazos de una revolución traicionada, 20/01/2006.
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