El financiamiento del terrorismo en Siria no es un tema central en este 68º período de sesiones de la Asamblea General que se lleva a cabo esta semana. Como que el Comité contra el Terrorismo de la ONU fuera apenas una oficina postal para recoger los informes de países y fiscalizar si se cumple la resolución.
Obviamente con la crisis Siria, esa “oficina postal” no ha recibido la información esencial para resolver esa gran interrogante de cómo se ha financiado la inyección de actividad terrorista en Siria por más de dos años. Al revisar la agenda provisoria de esta Asamblea, se observa que el tema del terrorismo se soslaya dentro del tema más macro de la crisis y así se confirma el sesgo de la actual dirección del organismo. Sin embargo, la presidenta de Argentina Cristina Fernández de Kirchner lanzó la voz de alarma. Fue la primera mandataria que en su discurso ante la asamblea pidió investigar sobre el envío de armas a los rebeldes sirios y su financiamiento.
El esfuerzo de las Naciones Unidas por la paz está orientado a que las naciones cumplan con las medidas acordadas por el organismo en la lucha antiterrorista y que están expresadas en la resolución del Consejo de Seguridad 1373 aprobada por el Consejo de Seguridad en la 4385ª sesión, del 28 de septiembre de 2001. El financiamiento del terrorismo en Siria y la permanente violación de la resolución de la ONU 1373(Septiembre 2001), es otra faceta del unilateralismo aplicado contra Siria por los países que lideran el plan de derrocar al líder Sirio, Bashar al –Assad.
Estados Unidos, Francia, el Reino Unido, Turquía, Arabia Saudí, Qatar e Israel, que llevan la batuta han estimulando la violencia y acosando a un gobierno que a la larga quieren derribar. A pesar del espíritu de negociación y regreso a la diplomacia entre los actores clave en la crisis Siria, en particular Rusia y China han manifestado su contrariedad por las inconsistencias en las conductas de Estados Unidos, Reino Unido y Francia, con quiénes forman el selecto grupo de los cinco países del Consejo con poder de veto y un asiento permanente.
No hay información oficial hacia el público de que el Consejo de Seguridad haya abordado este tema de acuerdo a la resolución 1373 y simplemente hasta ahora no ha habido medidas específicas para contener el terrorismo en Siria. Estas son acciones implementadas por cada país y no es la primera vez que un miembro de este selecto grupo del consejo de seguridad se ve involucrado en actividades terroristas. El gobierno de Ronald Reagan en la década de 1980 participó activamente en los sabotajes al estado de Nicaragua a través de la actividad Contra durante el gobierno Sandinista.
En sus secciones más relevantes se revela la evidente paralización del Consejo de Seguridad que ha sido virtualmente secuestrado por Estados Unidos, el Reino Unido y Francia con el objetivo de continuar utilizando el terrorismo como “un colateral” conveniente en el plan de derrocar el gobierno en Siria.
La resolución señala entre muchas otras medidas que todos los estados deben:
“Prevenir y reprimir la financiación de todo acto de terrorismo; tipificar como delito la provisión o recaudación intencionales, por cualesquiera medios, directa o indirectamente, de fondos por sus nacionales o en su territorio con la intención de que dichos fondos se utilicen, o con conocimiento de que dichos fondos se utilizarán, para perpetrar actos de terrorismo; congelar sin dilación los fondos y de más activos financieros o recursos económicos de las personas que cometan, o intenten cometer, actos de terrorismo o participen en ellos o faciliten su comisión de las entidades de propiedad o bajo el control, directos o indirectos de esas personas, y de las personas y entidades que actúen en nombre de esas personas y entidades o bajo sus órdenes, incluidos los fondos obtenidos o derivados de los bienes de propiedad o bajo el control directo o indirecto de esas personas y de otras personas y entidades asociadas con ellos; prohibir a sus nacionales o a toda persona y entidad que se encuentre en su territorio que pongan cualesquiera fondos , recursos financieros o económicos o servicios financieros o servicios conexos de otra índole, directa o indirectamente, a disposición de las personas que cometan o intenten cometer actos de terrorismo o faciliten su comisión o participen en ella, de las entidades de propiedad o bajo el control directo o indirecto de esas personas, y de las personas y entidades que actúen en nombre de esas personas o bajo sus órdenes.
La resolución obliga a que todos los Estados: se abstengan de proporcionar todo tipo de apoyo, activo o pasivo, a las entidades o personas que participen en la comisión de actos de terrorismo, en particular reprimiendo el reclutamiento de miembros de grupos terroristas y poniendo fin al abastecimiento de armas a los terroristas; adopten las medidas necesarias para prevenir la comisión de actos de terrorismo, en particular advirtiendo de ello cuanto antes a otros Estados mediante el intercambio de información; denieguen cobija a quienes financian, planifican o cometen actos de
terrorismo o prestan apoyo a esos actos, o proporcionan cobija con esos fines; impidan que quienes financian, planifican, facilitan o cometen actos de terrorismo utilicen su territorio para esos fines, contra otros Estados o sus ciudadanos”. (Fuente: SC1373.ONU)
Si se lee bien lo anterior, el lector podrá elaborar sus propias conclusiones. Este instrumento es particularmente relevante en la situación Siria y el organismo no la ha aplicado en una acción efectiva, como ha ocurrido en las ocupaciones de Afganistán e Irak. O, como se ha aplicado para acosar a Irán o Hezbollah. Si se analizan las acciones de los países que forman la alianza para derrocar al gobierno Sirio, la resolución que apunta a combatir el terrorismo en todos los niveles se ha violado en forma permanente. Esta falencia ha sido notoria durante todo el desarrollo del conflicto. Los países que han impedido a que el terrorismo que afecta a Siria sea discutido en el Consejo de Seguridad, son aquellos que más han incitado a que se continúe violando la resolución.
Juan Francisco Coloane
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