Una oleada de huelgas, en las vísperas del año nuevo chino (19 de febrero), conmovió el país. La paralización de la empresa estatal del acero Wuyang (10.000 obreros) trascendió más que ninguna otra.
No fue una explosión aislada. Según los datos de la fuente más reconocida, China Labour Bulletin, hubo al menos 1.378 protestas sociales durante 2014, lo que prácticamente duplicó las producidas en 2013 (656) y triplicó las de 2012 (382).
Gran parte de estas huelgas y movilizaciones han arrancado un aumento significativo del paupérrimo salario. Un obrero de Foxconn, fabricante de Apple y uno de los centros de lucha obrera, gana hoy 277 dólares por ocho horas de trabajo, duplicando lo que obtenía cinco años atrás -y eleva este salario en base a un régimen de 60 horas semanales. Se han sumado como protagonistas los obreros de la construcción, golpeados por el estallido de la "burbuja" inmobiliaria desde hace un año y, no en último lugar, los profesores y maestros, en protesta por los salarios y el retraso en el pago de las pensiones -un dato nuevo porque hasta ahora se habían mantenido relativamente al margen de las huelgas.
La movilización de la clase obrera china tiene, en perspectiva, la lucha por sindicatos independientes contra la burocracia sindical tutelada por el Estado -lo que supone la libertad política.
Regimentación
El gobierno ha respondido con una represión dura, aislando a los activistas y aplastando a los grupos de trabajadores organizados en forma independiente. En algunas regiones del país, exige a la burocracia de los sindicatos oficiales que canalicen los reclamos.
Guandong es el laboratorio de esta política de contención. Un reglamento laboral otorga mayor poder a la Federación Unica de Sindicatos de China para iniciar negociaciones con las gerencias. Una gran parte de los trabajadores son contratados por agencias de empleo, con ingresos menores a los del plantel permanente.
El reglamento sanciona la posibilidad de iniciar una negociación colectiva en forma espontánea y por fuera del sindicato oficial. Establece que se debe contar con el apoyo de más del cincuenta por ciento de la fuerza laboral de una empresa para iniciar un reclamo colectivo.
La reglamentación incluye un jubileo para las patronales, a las que se le eliminan las multas que debían abonar por resistir los intentos de los trabajadores de negociar colectivamente y prohíbe despedir trabajadores que hubiesen hecho huelga ante la negativa de la empresa a entablar negociaciones colectivas.
Para un investigador, citado por The Economist, el ‘riesgo’ es alto: "es probable que los trabajadores aumenten la presión sobre los dirigentes sindicales... y, de fracasar, que se vuelvan tanto en contra de ellos como de las patronales" (31/1).
Christian Rath
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(1) China Labour Bulletin.
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