En una ceremonia que no contó con la algarabía popular de otros años, el pasado domingo 1º de Marzo se llevó a cabo el traspaso de mando que invistió a Tabaré Vázquez nuevamente como presidente uruguayo, coronando un tercer período consecutivo del Frente Amplio, en el poder desde 2005.
La ceremonia, que más bien se destacó por ser corta y fría, contó con la presencia del Rey Juan Carlos de Borbón, y otros jefes de estado, como Dilma Rousseff, Evo Morales, y Raúl Castro, entre otros. Tampoco faltaron representantes de patronales nacionales y extranjeras, así como también delegaciones diplomáticas de países imperialistas, y cientos de efectivos policiales y militares que "adornaron" la plaza. El flamante nuevo presidente abrió su discurso saludando al neoliberal Julio María Sanguinetti, por el “retorno a democracia” hace 30 años. La imagen de las calles semivacías desde el Palacio Legislativo hasta la Plaza Independencia marca el grado de apatía popular que despierta la figura de Tabaré Vázquez en el casco militante del Frente Amplio, aún después de haber ganado en segunda vuelta con el 54% de los votos.
Así, esta ceremonia confirma una vez más, y contra las ilusiones de transformaciones sociales que supieron tener miles de sus honestos militantes cuando Vázquez asumió por primera vez en 2005, que es el "partido de la estabilidad" capitalista. En grandes líneas, el nuevo gobierno representa la continuidad con la administración Mujica. Pero Tabaré vuelve con menos margen en lo económico, y sus concepciones más conservadoras en lo social, provocan una tendencia al ajuste económico y el retroceso en las pocas conquistas democráticas que se obtuvieron. Una muestra de esto es el anuncio de suspensión de la implementación de la venta de cannabis en farmacias aprobada por el anterior gobierno. Vale recordar que fuera Tabaré quien vetó la ley que otorgaba el derecho al aborto. Probablemente también esté en riesgo la ley que, pese a todas sus restricciones, se consiguió hace poco más de un año.
Déficit fiscal y aumento de tarifas
Ante la preocupación por la situación de la economía brasileña que podría afectar negativamente al Uruguay, el gobierno saliente lanzó en sus últimos días un bono con vencimiento en 2050 buscando generar ingresos para las arcas estatales que funcionen como un colchón que permita al nuevo gobierno de Vázquez tener cierto margen de maniobra si la situación empeora.
Es que el gobierno entrante deberá administrar un déficit fiscal de 3,5% del PBI, y controlar la inflación que actualmente se sitúa en alrededor del 8%. En lo que respecta al precio del dólar (en torno a los 25 pesos) la Asociación Rural ya puja nuevamente por una devaluación fuerte que recupere la “competitividad” del sector exportador que hace más de 10 años viene ganando como nunca antes. Esto inevitablemente enfrentará al gobierno con las aspiraciones de los trabajadores y el pueblo de mantener lo poco conquistado.
Ante esto, el gobierno comenzó el año ajustando los cinturones contra el pueblo trabajador. El “tarifazo” expresado en las subas de electricidad (6,9%), obras sanitarias (9%), y de un peso en el boleto capitalino ($24) son un primer paso en esta dirección. Son movimientos en sintonía con el último informe del FMI para Uruguay, donde se destaca la “solvencia política y financiera”, pero plantean un alerta con las cuentas estatales y la inflación. La solución para el FMI ya la sabemos: ajustes y rebajas de las condiciones de vida como sufren los trabajadores griegos o españoles, entre otros.
Un gobierno amigo... del capital financiero
Si Mujica tuvo muy buenas relaciones con el capital imperialista y sus organismos de crédito, Vázquez no será menos.
Cuando el nuevo presidente anunciaba su candidatura los grandes periódicos de Wall Street y las calificadoras de riesgo expresaron su beneplácito por su postulación. Es que desde su primer presidencia se constituyó como un “hombre fuerte” del régimen político facilitando la penetración de capitales imperialistas y administrando sus grandes negociados. A su vez Vázquez cuenta con mejores relaciones que Mujica con la dirección mayoritaria del PIT-CNT, cuyo rol de contención y sostenedor del régimen quedó demostrado una vez más en el reciente conflicto de Ecolat que deja 400 trabajadores en la calle.
Fernández Huidobro: el ministro más odiado que confirma la política de impunidad
Aunque con el anuncio de la creación de la Comisión por Verdad y Justicia Tabaré Vázquez intenta posar de defensor de los Derechos Humanos, el nombramiento de Fernández Huidobro como Ministro de Defensa muestra sus verdaderos objetivos. No en vano fue el más abucheado de la jornada en el acto en Plaza Independencia por la mayoría de las 5 mil personas presentes. Es que las propias bases frenteamplistas saben que este personaje encarna abiertamente la política de impunidad de los mandos de las Fuerzas Armadas en la dictadura.
Luego de haber obstaculizado sistemáticamente el accionar de la justicia impidiendo el ingreso a los batallones militares en búsqueda de restos de desaparecidos durante su gestión como ministro en el gobierno de Mujica y sus declaraciones contra Serpaj (Servicio de Paz y Justicia), a fines del año pasado el gesto de Vázquez reafirmando su nombramiento constituye una clara demostración de que el objetivo del nuevo Presidente es garantizar la impunidad de los militares genocidas y cerrar definitivamente el tema.
Los grandes problemas estructurales no se resolvieron
Más allá de las loas que los medios de comunicación y la intelectualidad le dedican a Mujica, los grandes problemas estructurales del país no se han resuelto. Exactamente después de 10 años de gobiernos frenteamplistas hay 800 mil trabajadores con salarios inferiores a 14 mil pesos (mientras la canasta básica familiar es de 59 mil pesos) y continúa la precarización laboral para la juventud. La tierra sigue en manos del gran latifundio, y más del 70% se encuentra extranjerizada en manos de los grandes consorcios sojeros. La estructura dependiente y atrasada del capitalismo uruguayo no se ha modificado en lo sustancial, todo lo contrario. En estos años de gobiernos del Frente Amplio han aumentado exponencialmente las inversiones de capitales trasnacionales, han proliferado las zonas francas, y se votaron leyes como la que habilita la Participación Público Privada que son una puerta de entrada para la privatización de empresas públicas.
En materia de deuda externa, el ministerio de Astori ha pagado religiosamente los intereses de la deuda, mientras niegan mejoras para la salud y la educación. Y el gobierno entrante profundizará la línea privatista en educación que ya comenzara Mujica con la intención de implementar los planes Pro-Fime y Pro-Mejora.
Ecolat y Urupanel
Los ejemplos de Ecolat y Urupanel, dos "daños colaterales" del modelo frenteamplista son una muestra de lo que puede venir. Empresas que en los últimos 10 años han gozado de cientos de beneficios impositivos que ante los primeros golpes de crisis en el sector se van dejando a cientos de trabajadores en las calles. Esta es la farsa del "desarrollo nacional"... con capitales extranjeros. Con el verso de “generar puestos de trabajo”, les abren cada vez más la economía nacional a las multinacionales y muchas veces ni les cobran impuestos. Lo que se plantea ahora el FA es cómo hacer que no se vayan esos capitales extranjeros, lo que significa cómo mantener o mejorar la tasa de ganancia empresarial. La respuesta es simple: que paguen los trabajadores. Para eso Vázquez sabe que cuenta con los servicios del Partido Comunista (PCU) y el resto de la burocracia sindical. La designación de Juan Castillo (PCU) como Director Nacional de Trabajo es un nuevo salto en calidad en la integración del PCU al estado capitalista.
La lección de Ecolat es que para enfrentar nuevos despidos tanto por la crisis en la industria láctea, como en otras áreas, la clase trabajadora deberá deshacerse de su dirección tradicional y construir una nueva. La pelea por la independencia política del PIT-CNT y recuperar los sindicatos para los trabajadores sigue planteada.
Walter Vidal
Montevideo
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