El gobierno de Rousseff sufrió una estrepitosa derrota en la pulseada callejera del fin de semana pasado. Las 100 mil personas movilizadas en las manifestaciones convocadas por la CUT y otros movimientos sociales en defensa del gobierno, fueron ampliamente superadas por quienes protestaron en San Pablo (un millón según los organizadores, en realidad, bastante menos) y en otras ciudades. No se registraban movilizaciones semejantes desde las jornadas de 2013, por lo que el gobierno examinaba anuncios para descomprimir el malestar. Políticamente, asistimos a una movilización popular opositora capitaneada por la derecha, que explotó un malestar general -principalmente en los sectores medios- ante el ajuste en curso y el escándalo de corrupción de Petrobras.
Se trata del segundo triunfo que el PT le obsequia a la derecha en pocos meses, luego de colocar al frente del Ministerio de Economía al neoliberal Joaquim Levy y en Agricultura a la empresaria sojera Katia Abreu. La derecha explota el fracaso del lulismo para ampliar su base política. También cabe introducir matices en las características de la marcha progubernamental, donde las direcciones sindicales se vieron obligadas a cuestionar las suspensiones y despidos en curso, el avance oficial sobre el seguro de desempleo y la pensión por viudez, el aumento del transporte y de la carga impositiva sobre los trabajadores, entre otros puntos.
El gobierno ha denunciado un plan destituyente que tendría como centro el impulso de un impeachment (juicio político) contra la Presidenta recientemente reelecta. Pero la opinión preponderante en la oposición -por ahora- parece ser que una polarización de estas características favorecería al gobierno y apuestan, en cambio, a que el gobierno se vaya "desangrando poco a poco" al cargar con el peso del ajuste y la crisis económica, según los deseos de un analista de El País (12/3). De hecho, ésa es la estrategia de la oposición principal (PSDB) que apoyó la concentración del domingo: desangrar al gobierno y dejarle hacer el trabajo sucio. Ninguna de las principales figuras políticas de la oposición ni de la base aliada del gobierno se han pronunciado a favor de un impeachment. Dentro de las fuerzas armadas, según uno de los jefes de la bancada del PT, no se observan "señales golpistas" (Página/12, 15/3). La oposición sabe también que el PT cumple un papel de regimentación en el movimiento obrero que resulta valioso para cualquier política de ajuste. Los grupos convocantes del domingo (encabezados por un "Movimiento Brasil Libre") no cumplen, por ahora, ningún papel relevante, aunque revelan la tentativa de organización de una base civil para una intervención (o arbitraje) militar.
El PMDB, partido de la base aliada que desplazó recientemente al PT de la presidencia de la Cámara de Diputados y se aseguró, de este modo, toda la línea de sucesión presidencial, denunció un acuerdo de la fiscalía con el gobierno para excluir a Rousseff y Lula de la investigación del Petrolão (el caso de corrupción que envuelve a Petrobras) y desviar la mirada hacia el Congreso (sobre todo, hacia ellos mismos), y boicoteó algunos de los proyectos de ajuste enviados por Rousseff.
Ajuste y respuesta obrera
El cuadro de malestar popular en Brasil traduce una crisis fuerte. Las medidas adoptadas por el gobierno (ajuste en el gasto público, suba de las tasas de interés, mayores impuestos, subas de la nafta y de la luz), para alcanzar un superávit fiscal primario que permita cumplir con los pagos de deuda externa, tienden a profundizar la recesión. La fuerte devaluación del real intenta revertir la situación con un incremento de las exportaciones, pero atiza la inflación. Los exportadores, a su vez, protestan contra el recorte de subsidios y el aumento de algunos impuestos.
La clase obrera ha mostrado reservas para enfrentar el ajuste, como lo demostró el freno de 1.600 despidos en las largas huelgas de Volkswagen y General Motors. Los obreros del Polo Naval de Rio Grande do Sul paralizaron durante 72 horas las instalaciones ante la posibilidad de que la crisis de Petrobras redunde en despidos, y los maestros y profesores universitarios de Paraná superaron el mes de huelga en rechazo al ajuste fiscal del gobernador Richa (PSDB). El 12 de marzo se realizó en Porto Alegre un acto "independiente y clasista" contra el ajuste en que participaron Conlutas, sindicatos y fuerzas de izquierda (PSOL, PSTU, Tribuna Clasista). A la izquierda se le presenta el enorme desafío de terciar en la polarización patronal.
Gustavo Montenegro
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