El titulo no es del todo exacto. Dudé si lo dejaba así a pesar de ser consciente de que no refleja con rigor lo sucedido. Pero enseguida se me vino a la cabeza aquel mayo del 2007 cuando se incendiaron los titulares contra Hugo Chávez porque en Venezuela se había decidido no renovar la concesión de transmisión del canal de televisión RCTV (Radio Caracas Televisión), fundada por el empresario William H. Phelps. Se le acabó su licencia, y no se le renovó. La decisión del gobierno venezolano fue no continuar permitiendo que este canal estuviera en señal abierta, pero sí se permitió que RCTV siguiera transmitiendo a través de las empresas cable operadoras privadas. Este detalle, como era de esperar, fue obviado en la mayoría de editoriales en relación a esta noticia. Toda la artillería pesada fue contra Chávez y su supuesta censura.
Este hecho interno fue objeto de atención de los medios dominantes a escala internacional. CNN atizaba sin matices: “Venezuela es un país totalitario”. El País de España se sumaba a la campaña: “Chávez cierra el canal privado RCTV en medio de violentas protestas”. En Argentina, precisamente en Argentina, Clarín y La Nación hablaban de “golpe a la libre expresión”. Como no podía ser menos, la propia presidenta de la Cámara de Representantes de EEUU, Nancy Pelosi, en esa misma línea, manifestaba su disconformidad porque tal medida atentaba contra la libertad de expresión. Sin embargo, nada de esto ocurrió cuando el Presidente colombiano Uribe, en octubre de 2004, cerrara la empresa estatal Instituto de Radio y Televisión (Inravisión) con 3 señales abiertas con contenidos a menudo incómodos para el gobierno. En ese momento, hizo el anuncio un lunes, y el jueves siguiente desalojó con policía a los trabajadores; luego, esa señal fue reemplazado por Radio Televisión de Colombia (RTVC), que contratara externamente. Entonces, casi nadie dijo nada.
Esta es solo un pequeño ejemplo que demuestra cómo el alegato a favor de la libertad de prensa solo es aplicable en algunos casos. La reapropiación de ciertas banderas es una lección bien aprendida por quienes procuran construir hegemonía. Solo ellos, los bienaventurados, tienen el monopolio para acreditar la libertad de prensa. Es por ello que esta vez, en el caso de Argentina, nadie en los grandes grupos mediáticos internacionales dice nada acerca de la decisión del ministro de Medios y Contenidos Públicos, Hernán Lombardi, de “irse de la cadena TeleSur”.
TeleSur es una cadena de televisión multiestatal (Venezuela, Bolivia, Cuba, Nicaragua, Uruguay y Ecuador) con sede central en Caracas que transmite en señal libre y sin costo, constituida como empresa pública, que lleva una década al aire en todo el mundo. El gobierno de Macri, en su modo restauración conservadora express, sigue cortando cabezas. Cortó la de decenas de miles de empleados públicos; ha endeudado externamente/eternamente a los argentinos a favor de los fondos buitre; ha incrementado estrepitosamente las tarifas de luz, gas y transporte. Y ahora, decide sacar a TeleSUR de la Televisión Digital Abierta (TDA), gratuita y pública, que llega al 80% de la población del país. Además, la medida implica que TeleSur también deje de ser incluido entre los canales de las operadoras de cable en las que hasta ahora debía estar de manera obligatoria a raíz de un fallo de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual de 2010 (también disuelta por el macrismo).
Las explicaciones del gobierno argentino han apelado paradójicamente al respeto por la “pluralidad”. La interpretación de lo plural es retorcida y torticera; es una pluralidad excluyente, que censura a TeleSur como otra mirada informativa. Ese es el verdadero respeto por la diversidad de información de Macri. Ni siquiera expiraba la licencia para retransmitir. Simplemente, el gobierno argentino cortó la señal, así sin mas. El neoconservadurismo del siglo XXI no admite otro relato que no sea el suyo. No quiere de ninguna manera que exista ningún canal público que pueda surinformar a todos los que nos sentimos del Sur.
El Norte hoy no exige libertad de prensa. Nosotros sí.
Alfredo Serrano Mancilla
CELAG
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