Con la declaración de que la deuda no es sostenible, el FMI avaló al Gobierno para negociar la deuda en manos de acreedores privados. ¿Qué significa esto para las tratativas que vienen?
El Fondo Monetario Internacional (FMI) dijo el miércoles, terminada la misión técnica que estuvo en Buenos Aires desde el 12 hasta el 19 de febrero, lo que el Gobierno esperaba: la deuda no es sostenible en la situación actual de las cuentas fiscales y externas del país y con el cronograma de pagos muy cargado para este año y los que vienen. Por lo tanto, es necesario que la Argentina renegocie sus pasivos, y que haya “una contribución apreciable de los acreedores privados”. Esto significa que estos deberían aceptar una pérdida de valor de sus bonos, o sea una quita.
De esta forma, Alberto Fernández consiguió de la visita del FMI lo mejor que podía esperar. Los tecnócratas del organismo no le pidieron formalmente más ajuste (aunque mientras estaban en el país el Gobierno metió la mano en el bolsillo de 2 millones de jubilados y anunció aumentos de tarifas "solidarios") y le marcaron la cancha a los bonistas.
De cara a una dura negociación con los bonistas que se viene, y que según el cronograma de Economía debería cerrarse con el 31 de marzo como fecha límite y en la cual el Estado argentino llega en una posición de gran debilidad, el respaldo del FMI es un contrapeso en la balanza, aunque difícilmente cambie en algo la dureza que preanuncian los bonistas.
Claves de la renegociación de la deuda pública
¿Qué es lo que se está discutiendo en la negociación de la deuda?
La deuda pública total alcanza según los últimos datos informados por la secretaría de Finanzas, los USD 324 mil millones. De toda esa deuda, más de un tercio es intra sector público. O sea, es dinero que el Tesoro le debe a Anses, al Banco Nación, al Banco Central y otros organismos públicos. Esa deuda no está en discusión, son vencimientos que se patean para adelante de manera permanente (con perjuicio para la operatoria de las entidades en muchos casos, ya que pierden liquidez).
La deuda que se está renegociando es, por un lado, los USD 121 mil millones que están en manos de bonistas privados, y por otro, los USD 44 mil millones desembolsados por el FMI. El ministro Martín Guzmán también planteó en su gira por Europa incluir en la negociación otros pasivos, como los alrededor de USD 3.000 millones que restan de pagar al Club de París, negociados por Axel Kicillof cuando era ministro de Cristina Fernández en 2014.
La renegociación de la deuda implica en realidad tres negociaciones al mismo tiempo:
la de la deuda con acreedores privados bajo legislación extranjera, es decir la que fue emitida en Nueva York u otras plazas. Se trata de una deuda que hay que pagar en dólares u otras monedas que no son el peso argentino, y que en caso de incumplimiento habilita a los acreedores a hacer juicio en cortes de otros países, como los buitres de Griesa. En la mayoría de los bonos de esta categoría rigen las Cláusulas de Acción Colectiva, por las cuales si el 75 % de los bonistas o más acepta, se considera lograda la renegociación y el restante 25 % debe aceptarla. Pero si no se alcanza ese porcentaje, el acuerdo queda bloqueado. En los bonos emitidos en 2005 y 2010 cuando Néstor Kirchner y Cristina Fernández canjearon los bonos del default de 2001, las condiciones son aún más duras: 85 % de los acreedores debe aceptar. El monto de esta deuda es de USD 65 mil millones, y la mitad de la deuda o más está en manos de 10 grandes fondos: Pimco, Templeton, Fidelity, BlackRock y unos 6 más. Si se juntan y unifican posición tienen casi poder de veto;
el segundo carril de negociación, es el de los bonos en manos privadas bajo legislación local. Acá hay deuda en pesos (por el equivalente a USD 18 mil millones) y en dólares (USD 44 mil millones), pero a diferencia de la anterior no habilita cortes extranjeras. Aunque la negociación local está subordinada a la de los bonos bajo ley extranjera (Guzmán prometió iguales condiciones para ambos tipos de deuda, aunque los acreedores opinan que la deuda local puede ser más castigada), en realidad la mayor parte de los vencimientos de lo que resta del año son de estos bonos;
por último, está la deuda con el FMI, para devolverle los USD 44 mil millones que le prestó a Macri. Hasta el año que viene no hay pagos de capital al FMI, pero en 2022 y 2023 se concentran vencimientos siderales. Por eso, la intención de Guzmán es acordar la postergación de pagos hasta 2024. Es una negociación que no es urgente. Pero tener rubricado un acuerdo con el Fondo sería un gesto para sentarse a la mesa con los acreedores privados. El Gobierno está haciendo los deberes por estos días para cumplir de antemano todo lo que podrían exigirle.
Este año los vencimientos totales de deuda bruta (es decir, descontando lo que el Estado le debe al Estado) son de USD 48 mil millones. En dólares son USD 20 mil millones, el resto en pesos. Los dólares del Banco Central disponibles hoy para usar son de USD 14 mil millones según las estimaciones más optimistas. Es decir que no hay plata suficiente para pagar los vencimientos. Está la deuda en pesos, que se podría pagar emitiendo, pero eso significa ponerle presión al tipo de cambio, aumentando la brecha entre el dólar legal y el paralelo, contado con liqui, dólar bolsa, etc.
Los tiempos apremian. Si no hay acuerdo para mayo, podría haber default: hasta ese mes vencen 1 billón y medio de pesos de deuda en moneda local (sumando capital a intereses), y casi USD 18 mil millones de dólares. Es decir, USD 4 mil millones más de lo que tiene el BCRA para usar, si estuviera dispuesto a quemar hasta el último dólar disponible.
¿Esto qué significa? Que el Gobierno está yendo a una negociación en condiciones muy débiles. Ya de por sí, no haber entrado en default hace la negociación siempre más trabajosa. Es cierto por un lado que le da al Gobierno una arma, que es la amenaza de patear el tablero y dejar de pagar, haciendo que caigan los bonos y los acreedores pierdan todavía más plata, porque hay muchos que compraron bonos cuando valían bastante más de lo que están hoy. Pero esa amenaza pierde credibilidad cuando se pone en evidencia que no hay decisión de ir por ese camino, que es lo que confirmó Kicillof en la provincia hace dos semanas. Entonces, querer renegociar sin default ya es una dificultad. Mucho más lo es cuando no se tiene ningún respaldo, que es lo que le está pasando a la Argentina. Y al haber seguido pagando desde el día uno, usando dólares escasos, el Gobierno debilitó su posición para la negociación todavía más porque cada vez que paga tiene menos reservas.
Entonces, la posición más fuerte está del otro lado de la mesa, donde se sientan los grandes fondos.
Hay cinco variables que van a determinar cómo resulta la renegociación: 1) la magnitud de la quita de capital; 2) la quita de cupones, es decir el porcentaje que va pagando de intereses el bono a lo largo de su vida; 3) la extensión del plazo de pago de los bonos, 4) el tiempo "de gracia", es decir sin pagar ni capital ni intereses; y 5) la tasa de retorno del bono reestructurado, lo que la yerga define como “exit yield”. El Gobierno define (o propone al menos) las primeras cuatro condiciones, en la oferta que realice a los acreedores. La última variable la definen los mercados: una vez terminada la negociación según la valuación que tenga el bono respecto de su valor nominal, esta "exit yield" va a ser más alta o más baja. Si la tasa es muy alta, la negociación va a arrojar resultados muy precarios.
Los bonistas no miran una de estas variables por sobre la otra con más jerarquía, lo que les importa es el valor presente del conjunto de la oferta.
De todo esto, quita de capital, reducción de intereses, y años de gracia sin pagar nada, son las claves de lo que hasta ahora se dispone a pedir Guzmán. Las señales por el lado de los acreedores fueron más bien hostiles. Se preparan para una dura batalla, que difícilmente concluya antes del 31 de marzo.
Entre la meta del Gobierno, de contentarse para este año con el ajuste que ya viene haciendo y no acelerar el ritmo (pero tampoco disminuirlo), y la de los acreedores, que es cobrar más y más rápido, obligando al Gobierno a acelerar sus metas de ajuste fiscal, se define la posibilidad de éxito del paquete, o su fracaso. Será una negociación al filo del default, un evento para nada descartable.
Lo malo y lo peor, las únicas alternativas para el pueblo trabajador
En la última semana el Gobierno encaró un primer ajuste de las jubilaciones y anunció que volverán los tarifazos, selectivamente. También presiona por la eliminación de la cláusula gatillo en las paritarias, mientras el ministro de Trabajo propone (y luego niega haberlo hecho) empezar a discutir aumento de la edad jubilatoria. Son todos anticipos de lo "mejor" que puede surgir si el Gobierno tiene éxito en la negociación con los bonistas: seguir con un ajuste, que en nada se parece a la propuesta de "poner plata en el bolsillo" realizada durante la campaña electoral. La alternativa, el fracaso y la entrada en default, realizada de manera caótica, impondría por la vía del derrumbe un ajuste todavía peor.
La amenaza de esta "catástrofe" como único escenario alternativo, puede ser utilizada por el Gobierno para decir que no se puede hacer otra cosa que ceder a las exigencias de los acreedores. Pero es falso que esa sea la única variante. También puede encararse un desconocimiento soberano de la deuda odiosa, acompañado de otra serie de medidas de emergencia como la nacionalización de la banca y el monopolio estatal del comercio exterior, para que esta vez la crisis la paguen quienes la generaron: los banqueros, especuladores, y grandes empresarios.
Esteban Mercatante
@EMercatante
Jueves 20 de febrero | 23:40
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