Dentro de los antecedentes del actual ministro de Economía, Martín Guzmán, figura su intervención como asesor en la restructuración de la deuda de Puerto Rico. Efectivamente, el organismo encargado de monitorear la reestructuración de la deuda que entró en default en 2016, la Junta de Supervisión fiscal designada por el Congreso norteamericano (Puerto Rico es un estado asociado a EE.UU.), le comisionó la confección de un análisis de sustentabilidad de la deuda, que elaboró en coautoría -entre otros- con el premio nobel de Economía Joseph Stiglitz.
La cuestión ha despertado la atención de algunos analistas porque Guzmán ha sido colocado por el gobierno argentino al frente de la reestructuración de la deuda local, pero además porque Puerto Rico viene de anunciar un acuerdo de renegociación de una parte de la deuda pública por alrededor de 35 mil millones de dólares.
El análisis publicado en 2018 por Guzmán concluyó que para que Puerto Rico pueda enfrentar un pago de deuda sustentable, debía recortar su nivel de deuda de 72.200 millones aproximadamente entre el 80 y el 90%, de tal modo que su valor final después de la reestructuración oscilara entre los 7.300 millones y los 14.400 millones de dólares. En términos generales, había una coincidencia en la comunidad académica local e internacional sobre la necesidad de un recorte sustancial de la deuda de la isla. Recordemos que la isla caribeña entró en default en 2016, en lo que fue definido como “el caso de bancarrota más grande en la historia del mercado estadounidense de bonos públicos” (The Intercept, 9/5/17). La deuda pública portorriqueña supera los 70 mil millones de dólares y hay además una deuda de 50 mil millones con el sistema previsional. La recomendación de Guzmán era que se dejase de pagar dos o tres años y dedicar esos recursos a la inversión en infraestructura.
Este esquema no se llevó adelante pero la quita que finalmente se terminó practicando vino como anillo al dedo para hacer pasar medidas de austeridad. Lo cierto es que las vicisitudes alrededor de la renegociación de la deuda estuvieron acompañadas por grandes privaciones de la población, sometida a recortes drásticos en jubilaciones, salud y educación. Esto en un país donde la pobreza abarca a más del 40% de la población. El brutal deterioro en las condiciones de vida estuvo en la base de la rebelión que el año pasado echó del poder al gobernador Ricky Rosselló (Partido Nuevo Progresista) y que reclamó también que se vaya la Junta de Supervisión nombrada por el Congreso norteamericano. Rosselló fue relevado en el cargo por la actual gobernadora Wanda Vázquez (también del PNP).
La Junta de Supervision ha presentado el acuerdo que acaba de cerrar con los acreedores como “una victoria de Puerto Rico”, dado que se establecería una quita de aproximadamente el 70% (la deuda cae de 35 a 11 mil millones). El plazo de pago, en tanto, se acorta de 30 a 20 años.
La quita ha terminado teniendo como principales perjudicados a bonistas individuales, contratistas y proveedores del Estado. No así los fondos de inversión que compraron los bonos a precios de remate. A un grupo selecto de inversores (bonos GO) se le asigna prioridad de pago y se le reconocen entre 72 y 75 centavos por dólar cuando los pudieron comprar a 20 o 30 centavos durante la crisis. A estos bonistas se les canjea la mitad de sus bonos por otros (Cofina, una de las cinco entidades que se acogió al proceso de quiebra) que tienen como garantía un porcentaje de un impuesto a las ventas. El pato de la boda son sectores de la burguesía boricua y ahorristas individuales (en que la quita, porcentualmente, incluso es muy superior a la practicada a los fondos de inversión) y agreguemos los jubilados, que sufrirán, según reza el nuevo acuerdo, una rebaja del 8,5 % de sus haberes. En relación a este último punto, dejamos en libertad a los lectores para que saquen sus conclusiones. Hay ciertas organizaciones del arco progresista en Puerto Rico que denuncian que se distorsionaron las recomendaciones de Guzmán pero está a la vista la semejanza con la poda sufrida aquí por las jubilaciones con la suspensión de la movilidad. Quienes confían en que la reestructuración argentina en curso, comandada por Guzmán, será un antídoto contra un ajuste, es mejor que vayan poniendo las barbas en remojo.
El acuerdo tiene parecidos con el realizado el año pasado por otra porción de la deuda pública, la de Cofina, por 17 mil millones de dólares. Esa deuda supuso una reducción del monto a cerca de 12 mil millones de dólares a pagar en un plazo de 40 años, con la garantía de un porcentaje de la recaudación impositiva. Pero aquí también, el acuerdo se hizo con bonistas que compraron los títulos a precios de remate. Los bonistas senior sólo tuvieron una quita del 7% y los titulares de bonos subordinados de alrededor del 46%.
La reestructuración de le deuda de Puerto Rico ha terminado siendo un rescate e incluso un gran negociado para los fondos buitre. Esto debería servir de advertencia y lección a la hora de caracterizar la restructuración de la deuda en Argentina. En Puerto Rico, los especuladores no se privaron de aprovechar las quitas que se fueron anunciando para apropiarse de los bonos a valores de liquidación. Un peligro similar sobrevuela en la Argentina, en la que una renegociación mas dura podría acelerar el desembarco de fondos buitre, aprovechando una caída más pronunciada de los títulos de la deuda.
El nuevo acuerdo en la isla que engloba deuda de la administración central y de la Autoridad de Edificios Públicos, ha nacido con fuertes cuestionamientos y aún debe ser aprobado por la jueza de la quiebra y la legislatura boricua. La gobernadora Vázquez, que le había dado el visto bueno a un acuerdo preliminar semejante el año pasado, viró de posición ante el acercamiento de las elecciones primarias y de gobernador que deben desarrollarse este año. Planteó su rechazo al recorte de las jubilaciones y de un modo general, apunta a congraciarse con el descontento que ha provocado en las capas medias y en la burguesía portorriqueña.
Agreguemos que además de estos cuestionamientos, aún está pendiente la deuda de la empresa estatal eléctrica, de más de 10 mil millones de dólares (un aumento brutal de las tarifas podría formar parte de un eventual acuerdo).
En definitiva, Puerto Rico no ha salido de la bancarrota. La deuda externa es un mecanismo de saqueo y sometimiento al que hay que ponerle fin. En ocasión de las protestas que depusieron a Rosselló el año pasado, se cantaba “Ricky renuncia y llévate a la Junta”. Las masas boricuas ya lograron lo primero. La isla se encuentra sometida a una dominación colonial por parte de Estados Unidos, bajo la figura de “estado libre asociado”. El planteo de la independencia de Puerto Rico tiene una importancia continental, como parte de la lucha contra el imperialismo en toda la región y por la unidad socialista de América Latina.
Pablo Heller y Gustavo Montenegro
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