El proyecto aprobado en Diputados es una pantalla que busca ocultar el ajuste que significó la suspensión de la movilidad jubilatoria. Mientras se limita tímidamente las abultadas remuneraciones de funcionarios judiciales y diplomáticos, hay privilegios que para el Gobierno y la oposición de derecha son intocables.
El proyecto que obtuvo media sanción en la Cámara de Diputados apenas plantea algunas leves limitaciones a las insólitas sumas de dinero que ganan los funcionarios judiciales y diplomáticos. Mientras tanto la mayoría de sus actuales privilegios quedan intactos y tanto el oficialismo como la oposición se niegan incluso a discutirlos.
¿Qué cambia con el proyecto?La edad para jubilarse de los varones que se desempeñan en el Poder Judicial subirá hasta los 65 años de manera gradual, es decir: será de 60 años en 2020; 61 años en 2021; 62 años en 2022; 63 años en 2023; 64 años en 2024; y 65 años en 2025.
Las remuneraciones se van a calcular aplicando el 82 % móvil sobre el promedio de las recibidas durante los últimos 10 años – actualmente solo se tomaba el último año- mientras que los aportes personales se incrementan en un 7 %.
Se elimina el inciso que permitía que magistrados y funcionarios jubilados pudieran ser convocados como reemplazos en casos de licencias o vacancias.
Privilegios que quedan intactos y ni siquiera se debaten
Los jueces son y seguirán siendo vitalicios, es decir que se mantienen en funciones desde que son designados hasta el momento de su jubilación.
Seguirán siendo nombrados de acuerdo a una negociación entre los partidos mayoritarios, en vez de ser electos por el voto popular.
Además de mantener intactos sus elevadísimos sueldos, que llegan a superar los $300.000 según las palabras del ministro Moroni, seguirán sin pagar el impuesto a las ganancias que sí se le cobra al resto de los trabajadores y las trabajadoras.
Al momento de jubilarse accederán al 82 % móvil que se le niega a la gran mayoría de los jubilados que trabajaron durante toda su vida, de los cuales cerca del 70 % apenas percibe la mínima de $15.891,50.
Las jubilaciones de privilegio de quienes han sido presidentes, vicepresidentes y ministros de la Corte Suprema no se tocan, con básicos que rondan los 370.000 pesos y con el beneficio de jubilarse al 100 % gracias a una ley del menemismo que ni siquiera se discute.
Los miembros de la jerarquía de la Iglesia, como los arzobispos y obispos, seguirán cobrando un haber jubilatorio que actualmente está entre los 103.000 y 119.000 pesos por mes. Así lo establece el decreto n º 21540 -promulgado el 3 de marzo de 1977 por el dictador Videla y que ningún Gobierno derogó- el cual ordena pagar al Estado “una asignación mensual vitalicia” a los miembros de la alta jerarquía católica apostólica y romana que se jubilen “por razones de edad o de invalidez”.
Los privilegios de la casta política tampoco se ponen en discusión, razón por la cual funcionarios políticos como diputados y senadores seguirán gozando de sus actuales privilegios, con sueldos de bolsillo que superan los $150.000. Mientras tanto, el proyecto que fue presentado varias veces por Nicolás del Caño en el Congreso y que propone equiparar estos salarios con el salario de un docente ni siquiera es puesto a discusión.
La Izquierda Diario
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