Para evitar su inminente prescripción, la justicia contravencional del gobernador Morales ha decidido iniciar un juicio contra decenas de dirigentes sociales, sindicales y políticos que se movilizaron a la legislatura jujeña el 4 de abril de 2018, en la apertura de sesiones ordinarias. Esa manifestación, que reclamaba por trabajo, paritarias libres y contra la persecución y represión, fue reprimida brutalmente. Uno de los imputados es Iñaki Aldasoro, dirigente y diputado provincial del PO y el FIT jujeño, quien en el momento de la represión se encontraba en el interior del recinto denunciando, precisamente, la represión puertas afuera.
Una causa armada
Sin más elementos de prueba que declaraciones y filmaciones de la propia policía represora, el juez contravencional Ustárez lleva adelante un juicio aún más arbitrario que la acusación que le dio origen. Se apunta a los apoderados y referentes de organizaciones que participaron de la marcha, imputándolos por la obstaculización de la circulación vial y la supuesta portación de armas, elementos cortantes y explosivos, por parte de manifestantes sobre los que no se ha probado siquiera su pertenencia a las organizaciones acusadas. La alevosía es tal que el Jefe del Departamento Contravencional, una suerte de fiscal, rechazó el pedido de las defensas para que se determine y pruebe la pertenencia a las organizaciones acusadas, señalando que lo que importaba era juzgar a las organizaciones. Esto, al mismo tiempo que reconocía que había personal policial infiltrado haciendo tareas de inteligencia y recabando “pruebas fílmicas”, que bien pudo montar provocaciones para justificar la represión y un posterior proceso.
En la primera audiencia y en cuestión de minutos, Ustárez rechazó más de media docena de pedidos de nulidad por inconstitucionalidad y arbitrariedad, en un mismo escrito y sin dar respuesta a cada caso en particular. Uno de ellos denuncia la parcialidad manifiesta que implica que el Ejecutivo Provincial, siendo el denunciante, designe directamente al juez contravencional. Como si esto fuera poco, Ustárez redujo ilegalmente el plazo de prórroga para la presentación de pruebas (de 5 a 3 días) en nombre de que la duración del proceso debería ser de un mes, bajo el increíble argumento de que el edificio policial solicitado para realizar las audiencias está cedido solo por ese plazo.
Política represiva
Con este juicio, que atenta contra el debido proceso y viola el derecho a defensa, el gobierno de Morales busca un fallo que le permita retomar una política represiva, y de anulación de hecho del derecho a la protesta, que hoy en día se encuentra completamente en crisis. Después de 4 años en el poder, el gobernador jujeño sólo puede esgrimir el agravamiento de todos los indicadores económicos y sociales de la provincia, un endeudamiento en dólares que ha colocado al Estado ante un potencial default, y un hartazgo social que le ha valido la pérdida de más de 56 mil votos en su reelección y el crecimiento sistemático de las protestas callejeras. Por otro lado, una seguidilla de escándalos judiciales ha desenmascarado a la justicia provincial como lo que es: una oficina inquisidora del gobierno, absolutamente amañada. El último de ellos implica al presidente del Superior Tribunal de Justicia jujeño, Pablo Baca, quien reconoció en un audio que Milagro Sala está presa por orden del gobernador y que éste manipula las causas judiciales según su propio interés. Aun así, Ustárez rechazó que Baca declare en esta causa por estos dichos.
Ante su agotamiento político, Morales se apoya en la línea represiva porque para sanear el déficit fiscal de la provincia a través de un cepo al salario estatal, el desfinanciamiento de la salud y la educación y reducir la asistencia social, debe profundizar un choque social que profundizará también la respuesta obrera y popular.
Derecho a la protesta
Las organizaciones vinculadas al Frente de Todos y al PJ, imputadas en esta causa contravencional, han restringido su acción a chicanas legales y a maniobras políticas que buscan apoyatura en el gobierno nacional. En esa línea se enmarca el proyecto del senador nacional Guillermo Snopek, quien impulsa un proyecto de intervención de la justicia jujeña por la prisión preventiva indefinida de Milagro Sala. Sin embargo, Alberto Fernández ha convertido a la cuestión de la justicia jujeña en una variable de negociación con Morales.
Desde el Partido Obrero Jujeño impulsamos una gran campaña política por la defensa de las libertades democráticas. Buscamos involucrar a los trabajadores y sus organizaciones en la lucha por la defensa del derecho a la manifestación pública y contra la regimentación de la protesta social. Reclamamos la anulación de esta causa armada y la anulación del Código Contravencional (inconstitucional) con el cual se vale el gobierno de Jujuy para regimentar y perseguir luchadores.
Iñaki Aldasoro
23/02/2020
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