Cómo debe leerse el “comunicado” del FMI.
Economistas de muy diversa laya coinciden en afirmar que el comunicado del FMI es un espaldarazo a Fernández y a Guzmán. Ni hablar del propio presidente, quien acaba de decir que “el Fondo nos ha dado la razón, al señalar que la deuda es insostenible”. Los observadores añaden que el FMI no estaría exigiendo los clásicos ajustes, ya que -según el comunicado citado- serían “políticamente inviables”.
Por cierto, las cosas deberían considerarse con mayor cuidado. Uno de los observadores más entusiastas de esta supuesta comunión gobierno-FMI informa que “Argentina le reconocerá toda la deuda" al Fondo (Ambito, 20.2), es decir que Guzmán y los suyos aventaron de plano las pretensiones de quita que había agitado Cristina Kirchner en Cuba, y que Alberto refrendó días después. En la semana de la visita del FMI, tuvo lugar el primer paso del “achatamiento” (hacia abajo) de la pirámide jubilatoria, el cual, más allá de sus efectos fiscales, abre un camino estratégico: el de la liquidación definitiva del sistema previsional, para su transformación en un régimen de pensiones asistenciales a cargo del Tesoro. En contrapartida, la miseria jubilatoria recrea un filón fundamental para el capital financiero - el de los seguros de retiro, al que deberán acudir quienes pretendan un haber superior a los 300 o 400 dólares mensuales. De acuerdo a la misma fuente, en el planteo “antiajuste” (sic) que acordaron el Fondo y el gobierno figuraría “el desarrollo del proyecto Vaca Muerta”, hoy paralizado, para que le arrime 5.000 millones al Tesoro a partir de 2024 (o sea, cuando el gobierno deba pagarle el grueso de lo que debe al FMI). Refrendando este punto, el jefe de gabinete confirmó que desde junio serán liberadas las tarifas de energía y servicios públicos. Reforma previsional de hecho y re-dolarización de tarifas: con sólo un comunicado, los funcionarios del FMI se llevaron mucho.
“Contribución apreciable”
La alusión a que los acreedores de la Argentina deberán hacer una “contribución apreciable” ha sido interpretada como un misil contra los bonistas privados, o sea, un reclamo para que acepten una quita significativa. En su comunicado, el FMI asume a la deuda pública argentina como equivalente al 90 por ciento de su PBI, algo que el economista Miguel Kiguel juzgó como “exagerado” (Cronista 20.2), por haber incluido a la deuda “intraEstado”, que el gobierno recicla indefinidamente y que, en lo que refiere a títulos de deuda, tiene como principal acreedor al Anses. Pero el FMI no se equivoca ni “exagera” cuando le pasa el platito a todos los acreedores. En los últimos días, se mencionó con fuerza la versión de una reestructuración “selectiva”, que discriminaría a los bonos con legislación extranjera de aquellos con legislación local. No es un secreto que el Anses tiene al 65 por ciento de su Fondo de Garantía colocado en bonos, y de los que se dirimen en tribunales nacionales. Un defolt selectivo (contra los bonos de jurisdicción local) implicaría otra depreciación feroz del Fondo de Garantía, que es la contrapartida de la otra depreciación -la de las jubilaciones.
Default
Pero ¿qué ocurrirá con la “contribución” de los fondos de inversión que detentan 100.000 millones de dólares de la deuda argentina? No existe ningún indicio, a esta altura, de que los fondos estén dispuestos a aceptar la quita significativa o prolongación de plazos que le plantearía el gobierno. La pretensión de una negociación “rápida”, a cerrarse en marzo, se ha trocado ahora en una discusión “larga y complicada”. Pero la secuencia de vencimientos de deuda, en caso de que se paguen mientras se negocia, dejaría a Argentina sin recursos a partir de mayo. Alternativamente, reperfilamientos sucesivos darían lugar a una suerte de defolt por capítulos. El escenario de la cesación de pagos, no ya selectiva sino general, aparece en el horizonte.
Es lo que acaba de señalar el economista Nouriel Roubini, entrevistado ayer por el portal Infobae. Roubini también alertó sobre las consecuencias de un defolt argentino sobre las finanzas y la economía mundiales. En su comunicado, el FMI ha dejado abierta las puertas para esta variante –por eso, plantea para la deuda argentina una salida “definitiva”. Varios funcionarios han coqueteado en estas horas con el default, entre ellos, el presidente del Banco Central. De un modo general, presentan lo que se viene como una repetición del período 2003-2005. Pero las condiciones internacionales para “vivir con lo nuestro” se han alterado drásticamente, y así lo demuestran los precios de las exportaciones argentina. Como anticipo de ello, el gobierno enfrenta una prematura crisis con el “campo”, que amenaza con un paro en reclamo de una devaluación que compense a las mayores retenciones.
El default constituiría un nuevo peldaño o replanteo para reconstruir las relaciones del país con el capital financiero. El FMI reservaría su papel de primer acreedor, por un lado, y auditor general, por el otro. Las recomendaciones amables de Kristalina se transformarán en un emplazamiento al gobierno argentino. Nada de esto podría ocurrir sin una crisis de gabinete. El camino para “volver a pagar” impone consecuencias brutales a las masas, y será el fermento de una rebelión popular.
Es muy claro que, en esta perspectiva, la clase obrera debe presentar su programa y abrir una deliberación en los lugares de trabajo y organizaciones obreras: ningún ajuste, defensa de las indexación de salarios y jubilaciones; repudio de la deuda, fuera el FMI, gobierno de trabajadores. Ninguna reivindicación ni conquista puede ser sacrificada en aras de una orientación social sin rumbo ni futuro.
Marcelo Ramal
20/02/2020
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